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» Diario Cordoba
Fecha: 06/02/2025 15:22
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) registró durante 2024 un total de 36 agresiones físicas a sus profesionales en centros y hospitales de Córdoba, y 126 agresiones no físicas, según los datos que ha presentado este jueves el organismo de la Junta de Andalucía, durante la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. Esas cifras dan un total de 162 atentados contra estos profesionales en la provincia cordobesa durante el pasado año, lo que supone un incremento del 8,7% con respecto a los datos que hubo en 2023, que fueron 149, de las que 126 no físicas y 23 físicas. Si se hace la comparativa con el año 2022 el incremento en el número de agresiones a trabajadores de la sanidad fue del 21%, ya que en este periodo hubo 133, de las cuales 126 físicas y 7 no físicas. Por su parte, en 2021 hubo 132 atentados contra este colectivo profesional, de los que 18 fueron físicos y 114 verbales y en 2020 fueron 114, 24 físicas y 90 no físicas. En toda Andalucía hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4% del total) y 1.504 no físicas, según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC). Del total de agresiones registradas a profesionales sanitarios en toda la comunidad autónoma, 1.866, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria. Análisis Los datos a nivel andaluz reflejan un aumento de las agresiones denunciadas el año pasado del 19%, lo que se interpreta como que hay una mayor sensibilización y conocimiento del propio Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, según informa la Junta, además del papel clave del profesional guía, que acompaña a la persona agredida desde el momento de la agresión. En el análisis planteado a las Organizaciones Sindicales en esta mesa de trabajo, se ha tenido en cuenta los datos desde 2019, viéndose un descenso durante la pandemia, provocado por las restricciones de acceso a los centros, la suspensión de servicios no esenciales y la percepción social de los profesionales, y efecto rebote posterior, con la normalización de la actividad sanitaria y el aumento de la demanda asistencial. Cabe destacar que, siguiendo lo establecido en el plan, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión, no obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo. Así, del total de agresiones registradas, más del 20% (20,3%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de agresiones físicas. Por provincias, Almería registró 20 agresiones físicas y 141 no físicas; Cádiz 61 físicas (282 no físicas); Córdoba, 36 físicas (126 no físicas); Granada 45 físicas (149 no físicas); Huelva, seis físicas (60 no físicas); Jaén, 24 físicas (120 no físicas); Málaga, 69 físicas (249 no físicas), y Sevilla, 101 físicas (378 no físicas). Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 72,45% del total); por perfil profesional, casi el 80% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería. Medidas preventivas Junto a la importante apuesta por la formación y la capacitación, también es importante subrayar el gran número y la diversidad de medidas de seguridad que se están implementando en los centros sanitarios públicos andaluces. Actualmente, cuentan con más de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad. 94 sentencias condenatorias El plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar. Cabe señalar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión. De hecho, durante 2024, los letrados del SAS han realizado 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado. Todas estas acciones y otras muchas que se incluyen en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS se realizan siempre bajo una estrecha colaboración y coordinación entre centros sanitarios, delegaciones de Salud y Consumo, Servicios Centrales del SAS y Consejería de Salud y Consumo, facilitando información continua a las Organizaciones Sindicales. Para revertir estos datos y en su apuesta por la desescalada de las situaciones de violencia, el SAS refuerza su oferta formativa. Los profesionales tienen a su disposición, en el momento de la incorporación, formación específica y de realización obligada en control de situaciones conflictivas y sobre el Plan de prevención de agresiones. Adicionalmente, en los centros asistenciales se imparten talleres y formación presencial práctica impartida por Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios de instituciones penitenciarias con el objetivo de mejorar las competencias de los profesionales para reconducir situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias. Desde la Consejería de Salud y Consumo y el SAS se condena cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario. Además, el SAS cuenta con diversos instrumentos de lucha contra las agresiones incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la ya citada creación de la figura del ‘profesional guía’ que, además de acompañar a los profesionales agredidos, dan claves del manejo de situaciones en puntos y situaciones más conflictivos, la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; la atención psicológica durante el tiempo que sea necesario, o el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. También se está trabajando en el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de agresiones a las personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que ha finalizado el trámite de Información Pública, Audiencia e Informes. Actualmente se está procediendo a la elaboración del Informe de valoración de las alegaciones e informes preceptivos emitidos y recibidos, así como a la adaptación, en su caso, del texto del citado proyecto a los mismos. La Consejería de Salud está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario. El CSIF un regimen sancionador A este respecto, el sindicato CSIF ha reiterado "la necesidad de poner en marcha de manera urgente un régimen sancionador contra las agresiones al personal de la sanidad ante el aumento de episodios violentos". La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz, ha explicado que la organización lleva años reivindicando medidas disuasorias para frenar este tipo de situaciones que son “una lacra de gran calado para el personal de nuestra sanidad pública, en tanto que atentan contra su integridad física y moral”. En este sentido, CSIF ha urgido a la Consejería de Salud y Consumo a que cumpla sus compromisos y materialice el régimen sancionador, tal y como anunció la anterior consejera del ramo hace más de un año y que, sin embargo, aún no cuenta ni con un borrador. Asimismo, el sindicato reclama la creación del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS, que ya superó el periodo destinado al trámite de audiencia pública sin ninguna noticia posterior sobre su desarrollo. “Este Observatorio serviría como foro de aportación de ideas, de debate y de análisis de las medidas que se pongan en marcha con el objetivo de acabar con la violencia contra las y los profesionales de la sanidad”, explica Díaz Ontiveros. De igual manera, está pendiente la revisión anual del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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