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Concordia » El Heraldo
Fecha: 06/02/2025 13:07
El proyecto de Ficha Limpia, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, en medio de un debate cargado de tensiones políticas. La propuesta busca impedir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan postularse a cargos públicos, siempre que la condena sea anterior al inicio del año electoral. Respaldo dividido y fuertes cruces en el Congreso El dictamen de mayoría fue respaldado por el PRO y La Libertad Avanza, con el acompañamiento en disidencia de la Coalición Cívica, la UCR y el bloque de gobernadores de Innovación Federal. No obstante, surgieron cuatro dictámenes alternativos de sectores como Democracia para Siempre (UCR), Encuentro Federal (liderado por Margarita Stolbizer), Unión por la Patria y la Izquierda. El debate estuvo marcado por duros cruces entre el PRO y el kirchnerismo. La diputada Silvia Lospennato (PRO) defendió la iniciativa destacando el respaldo multipartidario: “Este proyecto amplía y mejora el que teníamos en diciembre. Es un paso clave contra la corrupción”. Por su parte, Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza, celebró el avance de la medida: “Otro logro de Javier Milei. Lo lloran los corruptos y los de siempre”, escribió en redes sociales, apuntando contra sectores que, según él, buscan frenar las reformas del oficialismo. Cambios clave en el proyecto: más restricciones para candidatos y funcionarios El texto final incorpora modificaciones respecto al discutido en 2024. Según explicó el diputado Rodrigo Alegre, el proyecto que finalmente prosperó fue el presentado por Luis Petri, en el que se establece que no podrán ser candidatos ni ocupar cargos públicos aquellas personas con condenas confirmadas en segunda instancia. Esta restricción se extiende a altos funcionarios como ministros, secretarios, subsecretarios y directores de organismos descentralizados, ampliando así el alcance de la normativa y endureciendo los criterios de acceso a la función pública.
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