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Parana » Entreriosya
Fecha: 06/02/2025 11:41
Mediante el Decreto 61/2025, el Gobierno Nacional oficializó la decisión de que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determine por el sexo que la persona registre al momento de cometer el delito. De esta manera, la administración de Javier Milei busca impedir el traslado de reclusos por cambios de género. Los mismos estaban amparados en la Ley de Identidad de Género N° 26.743. La decisión fue adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa realizada el miércoles por la tarde. “El Presidente de la Nación decretará que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo”, señaló. Según el vocero, sería para evitar que “cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra”. “No podrá disponerse el alojamiento en un establecimiento penitenciario destinado a mujeres, de una persona que haya tramitado la rectificación registral de su sexo”, indica el texto. El artículo 2 detalla que “la autoridad competente para la dirección de los establecimientos penitenciarios deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado dentro de la misma jurisdicción, a la persona que con posteridad al hecho por el cual se ordenó su detención inicie el procedimiento de rectificación registral del sexo, del nombre de pila y de la imagen”. El Decreto impulsa a las diferentes provincias – y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – a adherir a la nueva normativa. La medida ya se encuentra vigente, tras ser publicada en el Boletín Oficial. Los casos Actualmente hay 56 personas travestis, transexuales y transgéneros alojadas en cárceles federales, según los datos proporcionados por el Servicio Penitenciario Federal. De este total, únicamente dos personas solicitaron ser trasladadas a otro penal luego de su cambio de identidad de género. Esto representa menos del 4% de la población trans en el sistema penitenciario federal. Tratados internaciones Los Principios de Yogyakarta fueron redactados entre el 6 y 9 de noviembre de 2006 en la Universidad de Gadjah Mada, en Yogyakarta, Indonesia. Establecen que los Estados deben evitar la marginación y el riesgo de violencia por temas de género durante la detención. También deben garantizar el acceso a atención médica específica, incluyendo terapias hormonales y tratamientos de reasignación. El principio 9 se enfoca en asegurar un trato humano y digno que respete específicamente la orientación sexual e identidad de género. Los Principios de Yogyakarta fueron redactados por un grupo de 16 especialistas de diferentes países en derecho internacional de los derechos humanos.
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