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Parana » Paginajudicial
Fecha: 06/02/2025 11:22
Mientras el ex senador permanece detenido en Paraguay, el fiscal de Concordia José Arias ha recolectado un cúmulo de documentación que lo compromete seriamente y la investigación se ha extendido a sus ex parejas, los hijos y allegados. Con una estrategia zigzagueante, Kueider apuesta a ganar tiempo discutiendo la competencia entre la justicia provincial y la jueza Sandra Arroyo Salgado. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Detenido en Paraguay, expulsado de su banca, sin fueros y con un pedido de extradición, la situación judicial de Edgardo Kueider luce cubierta de nubarrones con pronóstico de tormentas, sobre todo a partir del cúmulo de información que se ha recolectando en los distintos expedientes que lo tienen bajo investigación. El episodio en la frontera le dio un nuevo impulso a las causas que tenían a Kueider como protagonista. En Concordia, el fiscal José Arias avanza en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito; la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sospecha que pudo haber recibido coimas para sostener contratos de vigilancia y seguridad con Enersa a favor de la multinacional Securitas; y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició una investigación preliminar sobre el patrimonio del ex senador entrerriano. Kueider ha tenido una estrategia zigzagueante en virtud de la deriva que fueron tomando los acontecimientos. En noviembre planteó la incompetencia provincial y solicitó la inhibición del fiscal Arias y que la causa pase al Juzgado Federal de San Isidro; pero luego recusó a Arroyo Salgado. Por el momento, las investigaciones avanzan por caminos paralelos: Arias rechazó la inhibición y está pendiente de lo que resuelva el Juez de Garantías; y Arroyo Salgado fue ratificada por la Cámara Federal de San Martín. La primera denuncia contra el ex senador, ya se ha contado, fue promovida por un militante peronista, Eliseo Blanco, el 19 de junio en los tribunales de Concordia. Solo tenía siete líneas y la copia de una publicación de cuatro días antes en el sitio porteño El Disenso que le atribuía a Kueider haber adquirido departamentos y cocheras en un edificio paranaense a través de la empresa Betail SA, de la cual es socio. Rápido de reflejos, el fiscal Arias abrió una investigación preliminar preparatoria para investigar la evolución del patrimonio desde 1999, cuando fue electo por primera vez como concejal de Concordia, hasta su elección como senador en 2019. Según se indicó a Página Judicial, la investigación se extiende a las sus ex parejas e hijos mayores de edad de Kueider; también a Iara Guinsel Costa, la secretaria con quien comparte detención en Paraguay; Javier Rubel, primo del ex senador; Rodolfo Daniel González, un puntero político de Concordia y empleado de planta permanente de la Biblioteca del Congreso; y distintas empresas vinculadas a Kueider. En ese marco, Arias dispuso una batería de medidas: solicitó ingresos, egresos e inversiones realizadas por Kueider; informes bancarios, de la ex AFIP, empresas de seguros, lugares donde ha sido empleado; y a la Inspección General de Justicia (IGJ) le pidió información sobre empresas en las que tuviera participación Kueider. Las primeras puntas surgieron a partir de Betail SA (en francés, ganado). Se creó el 12 de diciembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una empresa agropecuaria. Un año después fue adquirida por Kueider, que admitió la titularidad del 50 por ciento en su declaración jurada patrimonial cuando ingresó como senador. El otro socio era González, quien en enero de 2020 le vendió sus acciones a Rubel. La empresa a través de la cual se adquirieron tres departamentos y dos cocheras en el Edificio Live, en calle Santiago del Estero 511 de Paraná, habría pagado 10, 6 y 4 millones de pesos por cada uno, según los boletos de compraventa. Para el fiscal, están subvaluados. La operación se hizo en agosto de 2021, pero como el fideicomiso no está finalizado no han sido inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble. Lo que llama la atención es que la empresa no ha realizado ningún tipo de actividad desde su creación: no registra ventas de semillas, granos ni ganado, según reportes que remitidos por el Senasa y otros organismos vinculados a la actividad agropecuaria. En la investigación surgió además que Kueider es socio y presidente de Edekom SA, una empresa de software constituida el 5 de diciembre de 2022, también en la Ciudad de Buenos Aires, y cuyo director suplente es su hijo mayor. Kueider también aparece relacionado con Iceler SA, una empresa creada en junio de 2023 e inscripta en la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información. No figura en la sociedad, pero sí como garante en un contrato de alquiler. Los socios son González y Adriana Crucitta, una abogada y también empleada de la Biblioteca del Congreso; y Guinsel Costa tiene un poder amplio de administración. El vecino incómodo De repente, Kueider también quedó bajo la lupa de la jueza Arroyo Salgado. Un periodista lo había denunciado en julio de 2024, luego de su voto a favor de la Ley Bases, por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de activos. Esta batería de delitos surge a raíz de la investigación por el supuesto pago de coimas a funcionarios públicos y directivos de Enersa para sostener contratos de vigilancia y seguridad por parte de la multinacional sueca Securitas. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, dijo en una entrevista con el programa Pasaron Cosas (Radio Con Vos) que la causa principal es “bastante más compleja” y explicó “en el caso puntual del (ex) senador, lo que se dice la denuncia es que como directivo de Enersa habría tenido alguna participación en esta actividad que manejaba en virtud de haber sido el hombre de confianza de Gustavo Bordet”. Los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, gerentes locales de Securitas, están procesados por haber presuntamente conformado una asociación ilícita a través de la cual se habrían pagado coimas por 7,6 millones de dólares, al menos entre 2013 y 2018, mediante la utilización de empresas fantasma. En esa hipótesis, la jueza Arroyo Salgado sostuvo que Claudio Raúl Tortul y Daniel Eduardo Carbonell crearon la empresa Tornell SA –un acrónimo de sus apellidos– para disimular en la contabilidad de Securitas que las erogaciones por supuestos trabajos de consultoría tenían como finalidad el pago de sobornos a funcionarios públicos. “Tornell SA fue constituida y utilizada al solo efecto de justificar y permitir redirigir millonarias sumas de dinero de Securitas, que luego terminaban en manos de los funcionarios públicos venales. Ello, mediante la facturación de una supuesta provisión de servicios, en realidad, inexistente”, aseveró Arroyo Salgado. Lo cierto es que el nombre de Kueider no aparecía en el expediente hasta la presentación del denunciante con publicaciones en medios de comunicación y un escrito atribuyéndole funciones que nunca ejerció en Enersa (no era síndico ni integraba el Directorio, como se dijo, sino que se limitaba a firmar las actas de la asamblea anual de la empresa en representación del Estado) y menciones a que “era vecino de Claudio Tortul” y “el grupo desarrollador de este emprendimiento inmobiliario estaría conformado por socios de los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, quienes cuentan con cinco unidades más del mismo edificio”. Raro. Muy raro. Sin embargo, el affaire guaraní puso en alerta a la jueza Arroyo Salgado y al fiscal Domínguez, quienes están revisando con atención lo declarado por los auditores que hicieron la investigación interna de la multinacional Securitas, especialmente sobre los dichos de quienes señalaron que los hermanos Tortul solían alardear de sus vínculos “con el gobernador”, “con la gobernación” y las frecuentes menciones a supuestas reuniones en Casa de Gobierno. En el expediente, hay un mensaje del 7 de junio de 2017 que le envió Claudio Tortul a su hermano Marcelo: “Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider (no se como se escribe) va a estar a cargo de eso” (sic), en referencia al pliego de la licitación del contrato de seguridad de Enersa. Y otros del 28 de enero de 2019 que intercambiaron Claudio Tortul, su hijo Ramiro y Marcelo en el que hablan de “pagar la parte de bordet” (sic), en una conversación en la que hablan de “ir a casa de gobierno para cerrar el negocio” con Enersa. Operaciones sospechosas Hace unos días se conoció que Iara Guinsel Costa, la secretaria de Kueider, intentó comprar departamentos en Paraguay, ofreciendo pagos en efectivo. Los ensayos fallidos ocurrieron en los días más álgidos de la discusión de la Ley Bases y la cronología de los hechos coincide con los viajes de ambos al vecino país. En Paraguay, como en Argentina, existen regulaciones contra el lavado de dinero. Distintas entidades tienen obligación de reportar como sospechosas las operaciones que no estén debidamente justificadas o que no cuenten con documentación respaldatoria del origen de los fondos. Eso le ocurrió a Guinsel Costa. La novedad se publicó en Análisis Digital. En abril del año pasado Guinsel Costa entregó una seña de 122.000 dólares y entre junio y julio, tras la aprobación de la Ley Bases con el voto decisivo de Kueider, hizo varios pagos que totalizaron 460.379 dólares por los departamentos que pretendía comprar. Pero la operación no se concretó porque no completó la documentación con la justificación sobre el origen de los fondos y el dinero le fue reintegrado. Todo esto complica aún más el brumoso panorama judicial del ex senador, tanto en Argentina, en Concordia y en San Isidro, como en la República del Paraguay. Kueider, por ahora, apuesta a que el conflicto de competencia planteado le dé aire y tiempo.
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