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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 06/02/2025 04:36
Los diferentes casos de inseguridad que impactaron en las últimas semanas en distintos puntos del conurbano y que tuvo su epicentro mediático en el municipio de Moreno, tras el asesinato del repartidor Lucas Aguilar apuró el pedido de un grupo de intendentes peronistas de la región más poblada del país. Como había dado cuenta este medio, los hechos de los últimos días pusieron en alerta a los jefes comunales; sobre todo cuando las imágenes que llegaban desde el distrito de Moreno, ponían en el epicentro del reclamo al palacio municipal y a la figura de la intendenta, Mariel Fernández. “Nos puede pasar a cualquiera”, planteaba un intendente de la Primera sección electoral ante la consulta de Infobae. El estado de situación llevó a un encuentro que se llevó adelante este miércoles en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los distritos más sensibles a esta problemática. Uno de los temas que están sobre la mesa es el impacto por los recortes de fondos nacionales destinados a la seguridad y que llegaban a los distritos a partir del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, a través del gobierno de Axel Kicillof. El propio gobernador lo ratificó este miércoles. “Si Milei quiere ayudar que devuelva la guita que se robó, entre ellas el fondo de Seguridad para la Provincia. Cómo se va a poder mejorar la seguridad sin comprar patrulleros, sin pagarle bien a la policía y este era el Fondo de Seguridad que tenía la Provincia”, planteó Kicillof en declaraciones a C5N. Este miércoles el gobierno nacional anunció que llevará el Plan 90/10 a diferentes puntos del conurbano bonaerense. Ya lo activó en Moreno y se espera hacer lo propio en los distritos de La Matanza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, San Martín, Tres de Febrero y Morón. Jaime Olivos El programa se basa en la identificación de los 193 municipios donde ocurre el 90% de los homicidios, abarcando el 10% del territorio nacional y concentrando el 70% de la población argentina. Su objetivo principal es reforzar la seguridad, erradicar la impunidad y recuperar el control estatal en los barrios con mayores índices delictivos. Habrá patrullajes se realizarán de manera sorpresiva en puntos estratégicos, determinados a partir del análisis de mapas del delito y de la saturación de fuerzas de seguridad. Además, efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y fuerzas provinciales participarán en los operativos con recorridas a pie en áreas de mayor riesgo. Según se informó desde el ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, entre las principales acciones del Plan 90/10, se destacan: la detección e incautación de armas y drogas, controles en accesos a barrios críticos, patrullajes con pistolas disuasivas no letales (Birnas y Taser), escaneos de seguridad, controles en el transporte público y provisión de celulares a las fuerzas federales para mejorar la comunicación en sus operativos. “Si logramos que el gobierno nacional salga de la posición que tiene y logramos articular los tres niveles del estado, podemos mejorar”, aseguró ante este medio el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Gustavo Menéndez junto a Axel Kicillof El jefe comunal trazó un duro diagnóstico de la situación social y hace hincapié en el abordaje territorial y ampliado de una de las causas de la inseguridad como lo es el narcotráfico y el narcomenudeo. Detalla que de 56 mil casos que atendió el año pasado la secretaría de Niñez del municipio, el 85% estuvo atravesado por situaciones de consumo de los propios niños o de sus padres y que casi el 90% de los 47.000 casos que fueron abordados por la subsecretaría de salud mental tiene al consumo problemático de drogas como disparador. Advierte que esa problemática no se aborda “únicamente con Policía y Justicia”. Días atrás, en su distrito se llevó adelante el “Encuentro Interjurisdiccional contra el flagelo de la droga”. Del mismo participaron el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso; de Salud, Nicolás Kreplak; de Justicia, Martín Mena, representantes de diferentes credos y organizaciones locales, además de legisladores nacionales como la senadora Juliana Di Tullio; quien planteó que “las políticas de ajuste del gobierno nacional hacen que la vida de los pibes, pibas y mujeres de nuestros barrios sea un infierno y los deja a merced del narcomenudeo”, y que “si el gobierno nacional no le da al pueblo bonaerense los recursos que le corresponden, se convierte en el sicario de nuestras vidas”. En línea con Kicillof, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, también había planteado: “Estamos trabajando todos juntos y haciendo nuestros mejores esfuerzos, pero el Presidente tiene que darnos lo que es nuestro (ya nos debe 8 billones de pesos). La riqueza que genera el pueblo bonaerense tiene que volver al pueblo bonaerense para que tengamos una vida mejor y más segura”. Políticamente, la discusión por la inseguridad alineó al peronismo bonaerense en medio de la discusión interna con la que convive el espacio. El pronunciamiento de Kicillof en sus redes luego del asesinato de Lucas Aguilar fue replicado por el PJ bonaerense que preside, Máximo Kirchner. Desde ese sector se encargaron de enfatizar como un respaldo aquel reposteo.
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