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Parana » Pagina Politica
Fecha: 06/02/2025 02:46
Un funcionario provincial, en rigor, un integrante del gabinete debería tener un salario acorde a las responsabilidades, que son nada más ni nada menos que las de administrar el Estado, aplicar toda la sabiduría, conocimientos, ideas y experiencia en función del bien común y colectivo de la sociedad. La denostación de la política, generada por la misma clase dirigencial, ha sido el despertar de demagogias de corto plazo que, a veces, terminan mal. La creación de la “Unidad de Compensación Económica destinada al personal de gabinete creado por Ley N° 9755, y/o funcionarios dentro y fuera de escalafón”, se convirtió en las últimas horas en una sospecha: el cobro de sobresueldos por parte de quienes integran el gabinete. Cuando la gestión implementó la agenda de la transparencia tuvo medidas valorables. Dio a conocer los salarios de los funcionarios a través de una página web y luego continuó con la publicación de los contratos en la Legislatura, lo que generó en varios casos una justificada indignación. Antes se ejecutó una máxima: nadie podía ganar más que el Gobernador. En aquel momento, en febrero, a Rogelio Frigerio le liquidaron en mano y números redondos 1 millón 400 mil pesos. Mientras que a sus ministros 1 millón 300 mil y los secretarios 1 millón 200 mil. Es dificultoso imaginarse un funcionario jerárquico vivir con ese salario. Con solo repasar los mensajes en redes en aquel momento se podía advertir el descreimiento. El marketing pervierte a la verdad, pero además es una herramienta superada por el coaching. Página Política reveló la vigencia de una ley que no se cumple. Es la 8.620, que fija como nivel de remuneraciones en concepto de sueldo para las autoridades superiores del Poder Ejecutivo: para un ministro, idéntico salario que el de un vocal del Superior Tribunal de Justicia; para el vicegobernador, el 5 % más que el ministro; y para el gobernador, un 10% más que el ministro. Esa norma, antiquísima, posiblemente haya sido pensada con el mismo criterio con la que se pensó la intangibilidad de los funcionarios judiciales. Es decir evitar que acudan a otras herramientas (contratos a terceros o sobornos) para empardar un ingreso que justifique dejar de ejercer una profesión o abandonar un emprendimiento rentable por la función pública. Hubiese sido, quizás, más valiente hacer cumplir la ley, aunque el marketing esté en la vereda de enfrente. La creación de esta unidad para compensar salarios, -por decreto-, merece ahora una explicación que no ha sido dada por el Gobierno. En su respuesta a Guillermo Michel, le achaca no ser “consciente de la magnitud del cambio en materia de empleo público” y, a modo de ejemplo, subraya “la acumulación de sueldos en la función pública, una práctica habitual en gestiones anteriores”. Pudo haber mencionado el caso de Adán Bahl, que en su paso por la Municipalidad, funcionarios de su gestión cobraban también del Senado. El caso -revelado en su momento por Análisis– es probable que haya sido omitido porque el gabinete provincial tiene admiración por el ex candidato a gobernador del PJ. Además de una relación aceitada. El decreto despierta el interés, ahora, por conocer quiénes y con cuánto serán compensados cada uno de los funcionarios elegidos. Según el artículo 17 se fija un tope máximo para ese concepto de compensación un 0,5 del total del crédito vigente de la partida Personal, lo que sería unos mil millones de pesos. En la Convención Constituyente de 2008, el bloque del Partido Socialista pretendía incorporar a la nueva Constitución una cláusula contra el nepotismo, es decir que un gobernante no pueda designar a parientes. La respuesta llegó por parte del convencional justicialista Julio Federik, quien sostuvo que un gobernador o funcionario -por su responsabilidad- no podía privarse de tener a su lado la persona de su extrema confianza por encontrarse ella en el círculo familiar. El proyecto fue rechazado por una importante mayoría. En el oficialismo provincial actual, al inicio de la gestión, hubo voces “anti nepotistas” que la misma realidad cayó. La transparencia -aunque caiga mal “a la gente”- es cumplir la ley. En caso de no entenderla vetusta, se la puede derogar y reformar. Lo demás es marketing. Fuente: Página Política
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