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Gualeguay » Debate Pregon
Fecha: 05/02/2025 16:40
La presentación fue realizada por Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad de ANSES, y Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales del organismo. En la denuncia sostienen que Fernández de Kirchner percibía el beneficio destinado a quienes residen efectivamente en provincias de la Patagonia y en el Partido de Carmen de Patagones, Buenos Aires, a pesar de que su domicilio real estaba en la capital del país. Detalles de la denuncia En el documento presentado ante la Justicia, los denunciantes sostienen que "es de público y notorio conocimiento" que la exmandataria residía en Buenos Aires durante el período en el que cobró el beneficio, mientras ocupaba los cargos de senadora nacional (2017-2019) y vicepresidenta (2019-2023). Por ello, sostienen que su percepción del plus constituyó "una conducta penalmente reprochable, con perjuicio para la ANSES y el erario público". Como viuda del ex presidente Néstor Kirchner y en función de su trayectoria como mandataria, Fernández de Kirchner percibía un ingreso bruto de $35.255.297,73, equivalente a 136 jubilaciones mínimas. De ese total, el monto neto que recibía en mano ascendía a $21.827.624,65. Según la denuncia, una parte de esta suma correspondía al suplemento por zona austral, que ascendía a $6.354.523. El director de ANSES, Mariano De Los Héros, explicó que la exvicepresidenta presentó un certificado de domicilio en Río Gallegos para acceder al beneficio, pese a que residía en Buenos Aires. A raíz de esta situación, el Gobierno, mediante la Resolución 1092/2024 publicada en el Boletín Oficial, determinó que las asignaciones especiales sean declaradas "jurídicamente incompatibles" para quienes hayan cometido delitos en ejercicio de la función pública. Falsedad documental y acusaciones de corrupción En el expediente judicial, la ex mandataria es acusada de haber "insertado o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas" para cobrar los beneficios jubilatorios correspondientes a la zona austral. Según la denuncia, habría presentado declaraciones juradas con datos falsos ante el Ministerio de Desarrollo Social desde enero de 2016 hasta noviembre de 2021. La ANSES calificó estos hechos como "actos de corrupción", en sintonía con lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en 2003. Medidas solicitadas en la causa Para avanzar en la investigación, la ANSES solicitó a la Justicia una serie de medidas que permitan determinar la veracidad de las acusaciones. Entre ellas, se encuentran: Verificación de la asistencia de Cristina Kirchner en el Senado entre 2017 y 2023. Análisis de los movimientos bancarios de la exmandataria en el Banco Central durante el período en cuestión. Identificación del origen de las llamadas realizadas desde su línea telefónica a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Peritaje caligráfico de los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social. Peritaje contable para establecer el perjuicio económico causado a la ANSES. El caso ahora está en manos de la Justicia, que deberá determinar si existen pruebas suficientes para avanzar con el proceso penal contra la ex presidenta.
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