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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 05/02/2025 16:00
El cobro de adicionales en los impuestos inmobiliario y automotor en Entre Ríos ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y económico. La cuestión central radica en que, durante 2024, la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) aplicó estos adicionales sin contar con una ley que los respalde, lo que ha sido señalado como una vulneración del principio fundamental nullum tributum sine lege praevia (no hay tributo sin ley previa) La situación ha provocado incertidumbre entre los contribuyentes, quienes se enfrentan a aumentos en sus obligaciones fiscales sin un marco normativo claro. A su vez, la falta de previsibilidad en la política tributaria impacta en la planificación financiera de familias y empresas, afectando el consumo y la inversión en la provincia. ¿Qué pasó con los adicionales de los impuestos? Desde el año 2013, los impuestos automotor e inmobiliario en Entre Ríos han incluido un adicional que debía ser prorrogado anualmente mediante leyes sancionadas por la Legislatura provincial. Sin embargo, en 2024, el gobierno de Rogelio Frigerio no promovió la prórroga de estos adicionales en el tiempo correspondiente, lo que derivó en su cobro sin respaldo normativo. Nora Vargas, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos – Delegación Concordia, explicó a Despertar Entrerriano que “la estructura tributaria de la provincia debe ajustarse a principios de legalidad y previsibilidad. Un impuesto o adicional sólo puede ser exigido si está sustentado en una norma específica. La omisión de esta prórroga genera un problema de inseguridad jurídica con implicaciones económicas significativas”. Los adicionales aplicados corresponden a un porcentaje sobre la base del impuesto determinado. En el caso del impuesto inmobiliario, el adicional podría representar entre un 20% y un 30% sobre el monto original, dependiendo de la valuación fiscal del inmueble. Para los vehículos automotores, la carga adicional oscilaba entre un 20% y un 30%, afectando principalmente a las unidades con mayor valuación fiscal. Este incremento, sumado a la actualización de los avalúos fiscales, llevó a que muchos contribuyentes percibieron aumentos superiores al 100% en comparación con el año anterior. El intento de legalizar el cobro retroactivamente Para corregir la omisión, el gobierno incluyó en el artículo 27 del Proyecto de Ley Impositiva 2025 una disposición que pretendía otorgar validez retroactiva al cobro de los adicionales de 2024. Sin embargo, desde el ámbito tributario y jurídico se ha advertido que esta solución no es compatible con el marco legal vigente. Vargas subrayó que “legislar con efecto retroactivo en materia impositiva no sólo es inaplicable en términos normativos, sino que también genera inseguridad y expone al Estado a posibles reclamos judiciales por parte de los contribuyentes”. En términos económicos, la falta de certeza sobre la validez del cobro podría derivar en la obligación de devolver los montos percibidos sin sustento legal. Si el Estado provincial tuviera que reintegrar estos pagos, podría enfrentar un desajuste financiero significativo, obligándolo a buscar nuevas fuentes de ingresos o reducir gastos en otras áreas. Los efectos en la economía provincial Más allá del debate legal, el problema radica en las distorsiones que genera la falta de planificación fiscal. Desde una perspectiva económica, las cargas tributarias deben ser predecibles para que empresas y ciudadanos puedan planificar sus finanzas con certeza. El intento de cobrar adicionales sin una norma vigente, sumado al impacto de la inflación y la actualización de las valuaciones fiscales, ha generado una mayor presión impositiva sobre los contribuyentes. En algunos casos, los aumentos han superado el 100%, lo que ha generado preocupación en sectores productivos y comerciales que enfrentan dificultades para afrontar los nuevos valores. Opciones para corregir la situación Ante este panorama, los especialistas plantean distintas alternativas: Reintegro de los montos cobrados: Esta opción implicaría que el Estado provincial devuelva a los contribuyentes lo abonado indebidamente durante 2024. Sin embargo, esta medida representaría un desafío fiscal, ya que el presupuesto provincial debería asumir la restitución de sumas significativas. Compensación con futuras obligaciones fiscales: Una solución intermedia podría ser permitir que los montos abonados en 2024 sin sustento legal sean utilizados como crédito fiscal para futuras obligaciones impositivas. De este modo, los contribuyentes no recibirían un reintegro en efectivo, pero sí podrían descontar los valores en sus próximos pagos. Legitimación del tributo con ajustes futuros: Una alternativa adicional sería ajustar la normativa para que, a partir de 2025, los adicionales sean incorporados de manera clara y transparente en la estructura impositiva de la provincia, evitando repetir este tipo de controversias. La necesidad de previsibilidad tributaria El caso del cobro de adicionales sin ley previa deja en evidencia la importancia de una gestión fiscal ordenada y ajustada a los principios de legalidad. La incertidumbre sobre la validez de los tributos aplicados en 2024 no solo afecta a los contribuyentes, sino que también impacta en la confianza sobre la administración de los recursos provinciales. En términos económicos, los impuestos deben ser previsibles y transparentes para evitar distorsiones en la actividad productiva y en el consumo. La falta de planificación y la incertidumbre en la carga fiscal pueden desalentar inversiones y generar dificultades en la economía provincial. Mientras el debate continúa en el ámbito legislativo y judicial, los contribuyentes aguardan una resolución que garantice seguridad jurídica y equidad en el sistema tributario entrerriano. Fuente: Despertar Entrerriano
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