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Parana » APF
Fecha: 05/02/2025 11:30
La denuncia comprende a Guillermo Ledesma Maximino, que según el pedido de jury en su contra, fue designado como relator titular de la Procuración, ocupando el rol de fiscal civil en La Paz, "en flagrante contravención” a los “principios constitucionales de legalidad, transparencia e imparcialidad que rigen el debido proceso”. Además se recusó al procurador y al representante de los abogados en el Jurado de Enjuiciamiento por supuesta “marcada injerencia política”. miércoles 05 de febrero de 2025 | 10:42hs. El abogado defensor de Victoria, Guillermo Reggiardo, sumo a sus presentaciones un nuevo pedido de jury contra un funcionario judicial. Esta denuncia se suma a la que presentó contra el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa. En esta nueva presentación la denuncia tiene como protagonista a Guillermo Ledesma Maximino. Se cuestionó que su designación en el Ministerio Público Fiscal (MPF) se realizó en contra las normas vigentes y de los principios constitucionales que regulan la designación de funcionarios en el Estado. En su presentación, el denunciante sostuvo que “el presente escrito tiene por objeto denunciar, ante las autoridades judiciales competentes, la ilegal designación de Guillermo Ledesma Maximino como relator titular de la Procuración para ocupar hoy el rol de fiscal civil en la ciudad de La Paz, en flagrante contravención de lo dispuesto en la normativa vigente y de los principios constitucionales de legalidad, transparencia e imparcialidad que rigen el debido proceso”. La denuncia comprendió la “Violación del Procedimiento Legal de Designación: La designación de Guillermo Ledesma Maximino se realizó sin haberse observado el procedimiento de concurso público y sorteo exigido por la Ley 9283 del Jurado de Enjuiciamiento y los preceptos de la Ley Orgánica del Ministerio Público de Entre Ríos (Ley 10.407), procedimientos que garantizan la idoneidad, neutralidad y transparencia en la asignación de cargos”. Reggiardo entendió que aquella “irregularidad vulnera de manera directa el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 18, 25 y 65 de la Constitución Nacional, así como en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”. También denunció una presunta “Injerencia Política y Conflicto de Intereses: Se evidencia que la designación de Guillermo Ledesma Maximino se efectuó en un contexto de marcada injerencia política, en el que se ha dejado manifiesto la influencia de grupos políticos que afectan la independencia y objetividad de la función. Esta situación resulta incompatible con el principio de unidad de actuación e independencia que debe caracterizar el Ministerio Público, tal como lo establece la Ley 10.407, y pone en entredicho la integridad de la administración de justicia”. Recusaciones El letrado recusó el procurador general de la provincia, Jiorge García, por lo que entendió fue designado de manera “irregular” como “órgano Acusador”. Sostuvo que “se constató que la asignación de Jorge Amílcar Luciano García se realizó sin observar el procedimiento legalmente exigido por la Ley 9283, el cual dispone la realización de concursos públicos y sorteos para garantizar la idoneidad y la neutralidad de la función”. El denunciante añadió que aquella “designación irregular se efectuó en un ambiente de fuerte influencia política, en el que el grupo directivo de la señora Romero (N de la R: se refiere a la ex ministra de Seguridad de la provincia, Rosario Romero) tuvo una participación determinante, contraviniendo además lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público de Entre Ríos (Ley 10.407, Art. 13) y vulnerando los principios de igualdad y legalidad consagrados en la Constitución”. También recusó a Gonzalo García Garro, que integra el Honorable Jurado de Enjuiciamiento en representación del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), por su supuesta “Incorporación Incompatible al Jurado de Enjuiciamiento”. Sostuvo que “en el proceso de conformación del jurado, se integró a García Garro, quien, además de tener vínculos políticos claros con el grupo peronista y formar parte de la directiva del Colegio de Abogacía, fue designado de manera irregular”. Entendió que el “hecho no se ajusta a los procedimientos de selección establecidos en la Ley 9283, que exigen la neutralidad y la ausencia de conflictos de interés en la conformación del jurado” y añadió que “se evidencia, además, que la designación fue influenciada por criterios políticos que ponen en entredicho la imparcialidad del Órgano y afectan el derecho al debido proceso”. El antecedente Goyeneche Reggiardo citó el fallo que destituyó a la ex procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche, y recientemente fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), destacando que “dejó en claro la importancia de que las decisiones del jurado de enjuiciamiento se emitan en un marco de absoluta imparcialidad y sin injerencia política. En dicho fallo se resaltó que la designación irregular de Órganos acusadores y la incorporación de miembros comprometidos políticamente vulneran el derecho a un juicio justo. La presente denuncia se fundamenta en lo expuesto en dicho fallo, corroborando que tanto la designación de Jorge Amílcar Luciano García como la de Gonzalo García Garro afectan gravemente la integridad y transparencia del proceso, en contravención de las normas establecidas”. (APFDigital)
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