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Parana » Informe Digital
Fecha: 05/02/2025 10:50
El caso de Fernanda Aguirre, ocurrido el 25 de julio de 2004, es uno de los más emblemáticos en desapariciones en Entre Ríos. La niña de 13 años fue secuestrada mientras regresaba a su casa en San Benito, y aunque se realizaron intensas búsquedas tanto en Argentina como en países limítrofes, nunca se hallaron rastros concluyentes de su paradero. La investigación identificó a Miguel Ángel Lencina, un violador y homicida reincidente, como el principal sospechoso, quien falleció en una celda en circunstancias dudosas sin revelar el destino de la menor. Su esposa, Mirta Chávez, fue condenada por su participación en el secuestro, pero el caso quedó marcado por la falta de pruebas y errores en la investigación inicial. A pesar de la condena de Chávez y el cierre formal de la causa, la madre de Fernanda, María Inés Cabrol, dedicó sus últimos años a buscar a su hija, enfrentando falsas pistas hasta su fallecimiento en 2010. Un brutal homicidio que expone fallas en el sistema judicial y la historia de un violador que debió estar tras las rejas Los restos de la niña jamás fueron encontrados, y la declaración de ausencia oficial en 2019 marcó el fin de las acciones formales para ubicarla. Este crimen expuso deficiencias estructurales en el sistema judicial y penitenciario, que permitió la liberación de un criminal peligroso antes de cumplir su condena. Hoy, el recuerdo de Fernanda Aguirre simboliza tanto el dolor de su familia como la necesidad de reformas profundas para prevenir y resolver este tipo de crímenes. Fernanda Aguirre era oriunda de San Benito, una pequeña localidad cercana a Paraná, provincia de Entre Ríos. Nacida en el seno de una familia trabajadora, su vida transcurría entre la escuela, su hogar y el puesto de flores que su familia atendía frente al cementerio local. El 25 de julio de 2004, en una lluviosa tarde, salió de su casa con la tarea de entregar unos claveles a una vecina. Ese día, su vida fue interrumpida cuando fue víctima de un secuestro que conmocionó a todo el país. Según la reconstrucción realizada por peritos, fue interceptada, a la hora en que todos duermen la siesta, por Miguel Ángel Lencina, un delincuente con un prontuario espeluznante, quien la raptó y la llevo a un descampado cerca del cementerio local. Se presume que abusó sexualmente de Fernanda y luego la asesinó, ocultando su cuerpo. A pesar de extensos rastrillajes e investigaciones, el cuerpo de la niña nunca fue encontrado. Al tercer día de estar detenido, en el calabozo de la comisaría de San Benito, lo encontraron ahorcado. Había utilizado las frazadas que tenía en la celda para abrigarse: según consta en el informe policial, fue suicidio. El caso de Fernanda Aguirre expuso profundas deficiencias en el sistema judicial argentino. Miguel Ángel Lencina, había sido condenado a 20 años de prisión por el asesinato y abuso sexual de dos mujeres en 1994. A pesar de su historial, recibió el beneficio de deambular libremente pese a informes desfavorables que desaconsejaban su liberación. Estas decisiones reflejan la falta de rigor en la evaluación de condenados peligrosos, priorizando derechos individuales sobre la seguridad pública. Además, la tardía reacción de las autoridades para investigar la desaparición de la joven y la falta de coordinación entre las distintas instancias judiciales dilataron el esclarecimiento del caso. El asesino poseía un patrón de comportamiento muy marcado, que incluía llevarse como trofeos los zapatos de sus víctimas. Además, había demostrado una peligrosa falta de rehabilitación. Las autoridades no solo ignoraron su perfil psicopático, sino que también fallaron en supervisar adecuadamente su reinserción a la sociedad, permitiendo que el criminal repitiera sus delitos y perpetuara su legado de violencia.
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