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» Diario Cordoba
Fecha: 03/02/2025 12:53
La realidad parcelariade Córdoba es amplia y variada. En la ciudad, alrededor de 40.000 personas viven en parcelaciones de la periferia, muchos de ellos, sin agua potable; otros tantos, con la luz enganchada; y varios miles, sin redes de saneamiento. Este fenómeno urbanístico y social se remonta a los años 60 y 70 del siglo XX y, para hacerse una idea, a día de hoy, en pleno 2025, solo uno de estos núcleos ha conseguido ser considerado legal. El camino a transitar hacia esa regularización, por lo tanto, es larguísimo. Una pequeña luz al final del túnel vino con la ley Lista, la normativa urbanística que está en vigor en Andalucía y que permite a las parcelaciones tener servicios básicos sin necesidad de seguir lo que podría denominarse como el proceso ortodoxo de regularización. Pero hay que tener claro que da igual el camino que se elija para conseguir los objetivos que se desean: los propietarios deben hacerse cargo de lo que cuestan todos los trámites que hay que seguir para llegar a la meta. Pero, ¿cuánto cuesta que una parcelación sea legal o que una parcelación tenga agua potable? Fuente pública en una zona de la parcelación de Cuevas de Altázar. / MANUEL MURILLO El ejemplo de Cuevas La parcelación de Cuevas de Altázar, ubicada en la zona de Villarrubia, está ejecutando en estos momentos sus obras de urbanización. Eso quiere decir que la parcelación, donde residen alrededor de 2.000 personas, ya es legal porque tienen inscritas sus viviendas y terrenos en el Registro de la Propiedad. Juan Manuel León es representante vecinal de Cuevas de Altázar y recuerda cómo hace dos décadas ya que empezaron con el procedimiento para alcanzar la legalidad. Ese camino se inició con un plan especial de reforma interior (PERI) que se aprobó en 2008. Con la junta de compensación constituida, se pusieron en marcha para redactar el proyecto de reparcelación, que se aprobó, de forma inicial, en 2017 y el visto bueno definitivo no llegó hasta finales de 2023, cuando se pudieron inscribir las parcelas en el Registro de la Propiedad. De forma paralela empezaron a redactar el plan de urbanización, que es el que está ejecutándose ahora. Cuevas de Altázar. / MANUEL MURILLO El camino no ha sido fácil, reconoce León, que entiende cada paso que se da y cada cosa que se consigue como «un hito». Junto a este empeño existe el esfuerzo económico. En Cuevas de Altázar llegar a esta situación ha costado más de tres millones de euros. Medio millón se ha ido en papeleo, en contratación de técnicos y expertos (arquitectos, abogados...) y en el pago de las tasas. Las obras están por encima de los dos millones de euros (hablamos de urbanizar un sector que ocupa 381.000 metros cuadrados) y, además, han tenido que pagar al Ayuntamiento el aprovechamiento urbanístico (el 10% del terreno que le corresponde). No son muchas las parcelaciones que podrán seguir el ejemplo de Cuevas de Altázar, o bien por estar en una tipología de suelo que no se lo permite o bien por elegir otras alternativas que abre la Lista. También hay que tener en cuenta que aquí cuenta mucho la implicación de los propietarios, y el propio León explica que si existe morosidad, que siempre existe, los plazos se dilatan aún más en el tiempo. El Alamillo En cualquier caso, el mismo camino de Cuevas de Altázar lo está recorriendo El Alamillo, que está justo al lado. Manuel del Pino, representante de la zona, explica que en El Alamillo están esperando un informe que les queda para que les aprueben el proyecto de reparcelación. También han pagado ya el 10% de aprovechamiento (casi un millón de euros) y detalla que el coste para cada propietario depende del tamaño de su parcela. Él tiene unos 2.500 metros y el coste se sitúa entre los 8.000 y los 9.000 euros. En El Alamillo, recuerda, tenían ya redactado el proyecto de urbanización, pero el mismo se ha quedado obsoleto y deberán rehacerlo casi por completo. Cree, eso sí, que «lo más complicado es el papeleo» y espera que la urbanización llegue más pronto que tarde. Su objetivo es que no se exija una urbanización similar a la que se le exigiría a un promotor en una zona asentada de la ciudad, sino buscar una urbanización «blanda, pero siempre decente». Parcelación de El Alamillo. / MANUEL MURILLO Servicios básicos No todas las parcelaciones buscan ser 100% legales, pero sí tener unas condiciones dignas de habitabilidad. Es el caso, por ejemplo, de Campiñuela Baja Norte, que sigue el camino del artículo 176.6 de la ley Lista en el que se basa y que supone adelantar los servicios básicos (en este caso agua potable y saneamiento, ya que tienen luz) para aquellas edificaciones ilegales terminadas hace más de seis años. Como detalla Antonio Moya, representante vecinal de la zona, están a la espera de que les aprueben el proyecto de obras ordinarias para hacer las acometidas del saneamiento, que entregaron en septiembre del año pasado. Ya han pedido presupuestos, explica, y supondrá un desembolso importante porque algunos de esos presupuestos se van por encima del millón de euros, según este vecino. Viviendas de la parcelación de Campiñuela Baja Norte. / MANUEL MURILLO El camino del 175 Y hay otros tantos proyectos que esperan el visto bueno de Urbanismo siguiendo, en este caso, el camino del artículo 175 de la ley Lista, el de formular el denominado Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Asentamientos Irregulares para lograr servicios básicos. En este punto están La Perla, El Aljarafe y Maravillas del Aeropuerto. Ángela Fernández es la representante vecinal de esta última parcelación y cuenta que llevan desde 2004 con todos los trámites realizados. En Maravillas lo que necesitan es la red de acometida para el saneamiento y el agua, mientras que las conducciones las tienen hechas. Según los datos facilitados por la Gerencia de Urbanismo a este periódico la ejecución de esos planes especiales tendría un coste de casi 1,8 millones de euros en el caso de Maravillas del Aeropuerto; de casi 2,6 millones en La Perla; y de más de 2,2 millones en El Aljarafe. Viviendas en Maravillas del Aeropuerto. / MANUEL MURILLO En este punto cabe recordar que ese camino que permite el artículo 175 no consiste únicamente en tener el plan especial, dado que dicho plan es voluntario y parte de los propietarios, sino que estos deben constituirse en entidad de adecuación ambiental y territorial (una entidad urbanística colaboradora). También deberán hacer el proyecto de distribución de cargas (reparto equitativo de los gastos), el proyecto de obras y luego deben tramitar un expediente AFO para obtener la acometida de los servicios (esta figura lo que permite, a grandes rasgos, es reconocer la edificación ilegalmente construida, aunque no la legaliza). Suscríbete para seguir leyendo
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