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» Diario Cordoba
Fecha: 03/02/2025 00:15
El Gobierno quiere poner coto a las actividades de los 'lobbies'. Al menos, en lo que respecta a altos cargos del Ejecutivo y la Administración General del Estado. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó este martes un proyecto de ley que obligará a los grupos de interés a inscribirse en un registro y hacer públicas las reuniones que mantengan con ministros, secretarios de Estado o altos cargos que formen parte del proceso de decisiones. Sin embargo, deja fuera las conversaciones con diputados y senadores, principales encargados de la elaboración de las leyes, y estos, además, se resisten a dar este paso en los reglamentos de ambas Cámaras. Tras varios años de elaboración, el Ejecutivo ya ha remitido al Congreso el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, con el que pretenden que los ‘lobbies’ se registren para poder reunirse con altos cargos del sector público. Todas estos contactos quedarán registrados y pasarán a formar parte de la huella normativa. Sin embargo, la norma del Gobierno deja un gran vacío en torno a las relaciones de los lobbies con los diputados y senadores. Es decir, con el poder legislativo. Fuentes del Ejecutivo aseguran que "eso es materia del reglamento del Congreso y del Senado", pese a que el proyecto de ley sitúa las obligaciones sobre los grupos de interés y no sobre las personas "susceptibles de influencia". PSOE y PP hicieron un intento en 2021 de regular este asunto en el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, pero acabó olvidado -o relegado- en un cajón. Desde entonces, no han vuelto a dar ningún paso en esta dirección. Una "asignatura pendiente" En 2021, el hemiciclo encaró el debate de una propuesta del PSOE. El diputado socialista Julio Navalpotro consideró que se trataba de "una asignatura pendiente del parlamentarismo español". Desde 2015 se han registrado seis propuestas para regular la relación con los 'lobbies': una del PSOE, dos del PP y tres de los antecesores de Junts -CiU y la coalición Democràcia i Llibertat-. justamente, los posconvergentes han estado involucrados en los últimos meses uno de los ejemplos más claro de lobbismo cuando Repsol presionó para que se tumbara el impuesto a las empresas energéticas. La iniciativa que se debatió hace cuatro años fue aceptada a trámite. Sin embargo, no avanzó más. Ni se llegaron a debatir las enmiendas a la totalidad. Dos años después, con el fin de la legislatura, la iniciativa decayó. Desde la última investidura de Pedro Sánchez, en noviembre de 2023, ningún grupo ha vuelto a registrar propuestas en este sentido. Ni siquiera, han presentado enmiendas al respecto a una reforma del reglamento que está en marcha, pese a que aborda aspectos muy diversos. Actualmente, en las Cortes Generales sí hay un Código de Conducta, aprobado en 2020, que apunta que los parlamentarios deberían informar de sus reuniones con los 'lobbies'. Sin embargo, el Informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de 2023, el último publicado, señala que son una "minoría en ambas Cámaras" quienes dan publicidad a estos contactos e instaba a diputados y senadores a ser más diligentes a la hora de cumplir este código. Las obligación para el Ejecutivo La legislación impulsada por el Gobierno es bastante sencilla y se asemeja a la que intentó aprobar el PSOE. Todos los grupos de interés deberán inscribirse en el Registro de Interés de la Administración General del Estado, donde deberán aportar distintos datos. Esto les habilitará para poder contactar de manera directa o indirecta con "personas susceptibles de influencia", siempre y cuando informen de que se tratan de un lobby y dejen constancia de esta relación. Por otro lado, el personal público deberá comprobar que quien se ponga en contacto con ellos está inscrito en el registro. Además, el proyecto de ley establece que ningún alto cargo público podrá ejercer lobby en materias relacionadas con su competencia en los dos años siguientes a su cese. Esta prohibición sí que no formó parte de las iniciativas registradas por los grupos parlamentarios en los últimos años.
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