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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 01/02/2025 17:43
El conflicto entre los médicos prestadores y el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) sumó un nuevo y grave episodio luego de que una paciente oncológica denunciara haber sido impedida de recibir su tratamiento. La situación derivó en una investigación judicial por presunto abandono de persona. Desde el pasado octubre, los médicos reclaman el pago de prestaciones adeudadas por los meses de octubre y noviembre de 2024. En respuesta, el interventor de Iosper, Mariano Gallegos, afirmó que la obra social no negociará “bajo extorsión” y que solo se presentará una propuesta de pago cuando los profesionales levanten el corte de servicios. Mientras tanto, los afiliados enfrentan las consecuencias de este enfrentamiento. Tal es el caso de una paciente oncológica de Gualeguaychú, quien denunció que el pasado jueves 30 de enero fue informada de que su tratamiento ya no estaría cubierto por Iosper y que, para recibir su medicación, debía abonar $121.000. Ante la falta de respuestas por parte del Centro Oncológico Integral, donde habitualmente recibía su tratamiento, la mujer acudió al Hospital Bicentenario de la ciudad. Sin embargo, debido a la falta de historia clínica y seguimiento médico, en el centro público no pudieron administrarle la medicación requerida. Cuando la paciente intentó obtener su historia clínica en el centro privado, le indicaron que primero debía sacar un turno con su médico tratante, quien se encontraba de vacaciones hasta el 10 de febrero. Desde el Hospital Centenario también solicitaron la información necesaria para continuar con su tratamiento, pero no obtuvieron respuesta. Frente a esta situación, la mujer decidió radicar una denuncia por abandono de persona en la Policía. A raíz de esta acción, Iosper activó un procedimiento de consulta e investigación y el caso quedó en manos de la Procuración General de la Provincia y el fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán. “Podría existir el delito de abandono de persona, ya sea en la negativa al tratamiento como en la negativa a proporcionar la historia clínica que permitiría al hospital continuar la atención. Es gravísimo”, indicó una fuente de la Procuración. Desde Iosper, la subinterventora Marina Alegre aseguró que la paciente, cuyo cáncer está estabilizado, necesitaba recibir su medicación cada 21 días. Sin embargo, al llegar al centro oncológico, le negaron la aplicación de la droga y tampoco le otorgaron un recibo que le permitiera gestionar el reintegro del pago en la obra social. “Nos habíamos contactado con el instituto para que ella no perdiera la posibilidad de recibir el tratamiento y pagarle directamente, pero nos refirieron que no por el hecho del corte”, explicó Alegre. Finalmente, la paciente recibió la medicación en otra institución privada tras las gestiones realizadas por Iosper. El desenlace del caso aún es incierto y la investigación judicial podría derivar en sanciones para los responsables de la negativa a la atención de la paciente. Mientras tanto, la crisis en la prestación de servicios de Iosper persiste, afectando a cientos de afiliados que dependen de la obra social para acceder a su tratamiento médico.
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