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CABA » Plazademayo
Fecha: 01/02/2025 09:42
«La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas. Allí estaba José Arcadio Segundo, el día en que se anunció que el ejército había sido encargado de restablecer el orden público. Aunque no era hombre de presagios, la noticia fue para él como un anuncio de la muerte, que había esperado desde la mañana distante en que el coronel Gerineldo Márquez le permitió ver un fusilamiento». Así relata Gabriel García Márquez la masacre de las bananeras en Cien años de Soledad. El 6 de diciembre de 1928, el ejército colombiano derramó la sangre de su propio pueblo en defensa de los intereses de la multinacional estadounidense United Fruit Company. «Las bananeras es tal vez el recuerdo más antiguo que tengo», confesaba el fallecido premio Nobel colombiano, tras afirmar que para su libro llevó a cabo una investigación con el objetivo de precisar el alcance de aquella masacre, convertida en leyenda por la historiografía oficial, y que, sin embargo, es clave para comprender la historia colombiana más allá de este terrible suceso. Sin embargo, no solo las grandes multinacionales agrícolas del vecino del norte se han impuesto en Colombia a sangre y fuego, el vínculo entre expolio, subdesarrollo y violencia se ha ejercido a todos los niveles y en todos los sectores económicos durante décadas. No solo las grandes multinacionales agrícolas del vecino del norte se han impuesto en Colombia a sangre y fuego, el vínculo entre expolio, subdesarrollo y violencia se ha ejercido a todos los niveles y en todos los sectores económicos durante décadas. El 19 de agosto de 2022, la fiscalía colombiana admitió a Sintramienergética (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética) como parte civil dentro del proceso penal contra la multinacional estadounidense Drummond, por actos de violencia antisindical que constituyen delitos de lesa humanidad. En la documentación aportada para esta causa, se detalla la responsabilidad de la multinacional en la financiación del paramilitarismo en el corredor minero del Cesar y Magdalena, y denuncia el presunto pago a miembros del Ejército colombiano para ejercer violencia contra líderes sindicales. Como resultado de estos hechos, precisan las investigaciones, fueron asesinados los dirigentes gremiales Cándido Méndez (19 de febrero de 2001), Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita (12 de marzo de 2001), y Gustavo Soler (12 de octubre de 2001). Además, el abuso y el expolio sobre Colombia, también se escenifica a través de nuevos métodos como el Tratado de Libre Comercio (TLC), en vigor desde 2012, que ha contribuido de forma significativa a esta estructura de saqueo y despojo. Por un lado, se ha producido una crisis profunda en el sector agrícola. Los productos estadounidenses han irrumpido en el mercado colombiano, favorecidos por los subsidios que reciben en su país de origen, y que les permiten bajar sus precios en mercado. Este escenario ha provocado que los productores locales no puedan competir en igualdad de condiciones, lo que ha conllevado el cierre de explotaciones locales y el aumento del desempleo, una realidad que impacta directamente en las migraciones rurales hacia las áreas urbanas, bajo condiciones de extrema necesidad. Este tipo de acuerdos de libre comercio aumentan la dependencia económica del país sudamericano, subordinándolo aún más a las importaciones e inversión extranjera, mientras se debilita su economía interna. Este tipo de acuerdos aumentan la dependencia económica del país sudamericano, subordinándolo aún más a las importaciones e inversión extranjera, mientras se debilita su economía interna. Este Tratado, además, impone a Colombia extender la protección de patentes farmacéuticas, retrasando la producción de medicamentos genéricos más baratos, lo que también encarece los tratamientos médicos esenciales. Esta pauta se manifestó en el año 2016, cuando el gobierno colombiano pretendía declarar el fármaco Imatinib (que sirve para tratar ciertos tipos de cáncer como la leucemia) como de «interés público», con la intención de reducir su precio elevado debido a la patente de Novartis. Finalmente, el gobierno colombiano logró reducir el costo del fármaco, pero las presiones de EE.UU., que condicionaban esta decisión a la ayuda económica a Colombia, impidieron poder romper con la patente y por la tanto facilitar la creación de genéricos más baratos y de producción interna. La migración colombiana es el reflejo de la desigualdad, la pobreza, el subdesarrollo y la violencia, una estructura que se ha consolidado gracias, en gran medida, a las políticas de expolio implementadas EE.UU. El TLC también afectó a la soberanía alimentaria, ya que impone normas que favorecen a empresas como Monsanto y Syngenta, restringiendo el uso de semillas propias y obligando a los agricultores a comprar simientes «certificadas». Con la Resolución 970 (2010), el gobierno colombiano incautó y destruyó semillas no registradas, condenando a la miseria a los campesinos más humildes que no podían comprar las certificadas de estas multinacionales. En 2013, esta situación llevó al Paro Nacional Agrario y el gobierno, entonces de Juan Manuel Santos, suspendió la Resolución 970 y prometió revisar la legislación. Y, aunque actualmente no está en vigor, lo cierto es que la amenaza continúa debido a la vigencia de este Tratado. Con la llegada al gobierno de Gustavo Petro, el Tratado fue uno de los temas que se pusieron sobre la mesa, sin embargo, el presidente optó por plantear una renegociación, que no una ruptura con este acuerdo, lo que ha generado críticas sobre todo en la izquierda colombiana y las comunidades campesinas. Si bien es cierto que Gustavo Petro no cuenta con el apoyo político y las alternativas económicas suficientes (al menos hasta este momento) para un enfrentamiento directo con estos intereses estadounidenses, también es verdad que será imposible la transformación social, económica y política del país sin enfrentar estas estructuras de dependencia y condena al subdesarrollo. A la dominación económica que ejerce Washington sobre Bogotá debemos sumarle la hegemonía militar, a través del Plan Colombia; el acceso y control sobre bases militares colombianas; y la dependencia estadounidense en la dotación de armamento y formación de las Fuerzas Armadas. Todo este escenario conlleva, inevitablemente, a un impacto directo en la esfera política. La migración colombiana, en ese sentido, es el reflejo de la desigualdad, la pobreza, el subdesarrollo y la violencia, una estructura que se ha consolidado gracias en gran medida a las políticas de expolio implementadas por EE.UU. en el país suramericano. El paramilitarismo y el narcotráfico se unen al asesinato sistemático de líderes sociales, sindicales y políticos, que abogan por una transformación profunda de la realidad en Colombia. Actualmente, además, se agrega la amenaza constante de un golpe de Estado contra un presidente como Petro que, aún con sus limitaciones, surgió de los movimientos populares. Ante el enfrentamiento que estos días se vivió entre EE.UU. y Colombia, en relación a las deportaciones, quizás deberíamos plantearlo de otro modo: Si Trump quiere frenar los flujos migratorios desde el país suramericano, ¿por qué no asume mejor la deportación de los cientos de delincuentes estadounidenses que llevan años desangrando las esperanzas del pueblo colombiano? Por Carmen Parejo Rendón: Escritora y analista en distintos medios audiovisuales y escritos. Directora del medio digital Revista La Comuna. Colaboradora en Hispan TV y Telesur. Enfocada en el estudio y análisis de la realidad latinoamericana y de Asia Occidental. Fuente: RT Actualidad | Imagen: Líderes de la huelga de trabajadores que precipitó la Masacre Bananera en Colombia
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