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» Comercio y Justicia
Fecha: 30/01/2025 09:24
En México, el oficialismo avanza con la polémica reforma judicial sancionada el año pasado, a instancia del oficialismo, Morena, que incluye la elección popular de jueces. Tras la renuncia de los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, asignados para trabajar de cara a los comicios programados para el 1 de junio, los ministros de la Suprema Corte rechazaron asumir las funciones del comité. En su momento, el comité detuvo sus tareas de registro de aspirantes y análisis de antecedentes en cumplimiento de mandas judiciales. Tras varios días de tensión con el oficialismo en el Ejecutivo y en el Legislativo, el Tribunal Electoral facultó al Senado para que seleccione, mediante una “tómbola”, a los aspirantes que le corresponderá proponer y que aparecerán en la boleta final. La noche del lunes, los cinco miembros del comité del Judicial dimitieron. Dijeron que perciben “inviable” la tarea constitucional que les fue encomendada. La presidenta Claudia Sheinbaum instó en varias ocasiones a la Suprema Corte a destrabar la selección de candidatos. Alegó que la reforma judicial que apoyó durante el último tramo del mandato de Andrés Manuel López Obrador es una norma constitucional y que el Alto Tribunal estaba afectando el derecho de los aspirantes a participar. Hace horas, la mandataria se refirió a la sentencia del Tribunal Electoral y estimó que fue “decisión de la Corte” no continuar con “los trabajos de elección al azar”. Sheinbaum minimizó la importancia de las renuncias de los integrantes del comité y dijo que su funcionamiento “ya no tenía sentido”. La discusión jurídica versó sobre qué autoridad tenía la última palabra en lo referente a las etapas de la polémica reforma. Se impuso el Tribunal Electoral, que en su sentencia le ordenó al Senado omitir la etapa de revisar la idoneidad de perfiles y seleccionar mediante sorteo entre los 1.046 aspirantes que considerados elegibles a los candidatos que irán a comicios. Luego del sorteo, el Senado le enviará a la Suprema Corte el listado que se obtenga, para que lo ratifique, aunque si no lo hace está facultado para enviar directamente la lista al Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar la elección. Cada poder -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tiene un comité de evaluación para filtrar las postulaciones de los abogados que aspiran a alguno de los más de 850 cargos disponibles. La implementación de la reforma judicial quedó en duda el 7 de enero, por el fallo que le ordenó a cada uno de los tres comités suspender sus funciones en la etapa en que estaban y en el ámbito de sus competencias. Solo el del Poder Judicial acató la orden y resaltó la “considerable inequidad” que implica que solo los comités del Ejecutivo y el Legislativo siguieran adelante pese a la decisión del juzgador. El sorteo del Senado será el viernes al mediodía. 2024 En agosto de 2024, el dictamen de la reforma generó un paro total de actividades de la Justicia federal que se extendió, con matices, durante meses. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió una declaración formal en X en la cual pidió modificaciones idóneas para “enfrentar las causas estructurales que debilitan la calidad de la Justicia”. Además, reclamó la puesta en marcha de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso. En paralelo, organizaciones del Judicial mexicano, incluida la JUFED, emitieron un comunicado en conjunto para informar que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y que denunciaron que el proyecto que elaboró López Obrador e impulsó Morena generó interferencias arbitrarias a la independencia y autonomía de la Justicia. Pese a esas y otras quejas y planteos, la reforma se sancionó en septiembre. López Obrador defendió su agenda para la Justicia argumentando que su fin es librarla de “la corrupción y de los privilegios”. Entre otras advertencias, los críticos alertaron que el cambio avasalla la carrera judicial y podría derivar en que personas inexpertas con respaldo proselitista ocupen puestos clave. El sistema mexicano tiene problemas sistémicos, como los elevados niveles de impunidad, y la revisión, al politizar a vastos sectores, podría empeorarlos.
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