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» Misionesparatodos
Fecha: 30/01/2025 07:51
El proyecto prevé un seguro social y cambia el sistema privado de capitalización individual establecido durante la dictadura de Augusto Pinochet. El Parlamento de Chile aprobó este miércoles una reforma de las pensiones impulsada por el presidente Gabriel Boric, que busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de los haberes y la creación de un seguro social. Sin embargo, no acaba con las polémicas administradoras de fondos de pensiones (AFP), las empresas privadas que gestionan las jubilaciones, como inicialmente pretendía el gobierno. Tras un extenso debate, la reforma fue respaldada en su último trámite legislativo en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría y con los votos tanto del oficialismo como de la Democracia Cristiana y de gran parte de la coalición de derecha Chile Vamos. El opositor Partido Republicano se opuso en bloque al proyecto de ley. Con 110 votos a favor y 38 en contra, la Cámara Baja dio luz verde a la iniciativa bandera del gobierno, tras el visto bueno del Senado. “Se despacha la reforma de pensiones a ley”, anunció la presidenta del cuerpo legislativo, Karol Cariola. La nueva ley, que sufrió modificaciones sustantivas desde que fue presentada por el gobierno en noviembre de 2022, supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Cómo es la reforma jubilatoria aprobada en Chile El proyecto crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias. El plan de Boric transforma el modelo instalado en 1981 por Pinochet, bajo el cual el trabajador financiaba exclusivamente su pensión sin contribuciones de su empleador privado o estatal. Con la reforma aprobada por el Congreso, las empresas aportarán el 8,5% y los trabajadores seguirán cubriendo el 10% del ahorro pensional. “Se ha podido dar un paso importantísimo (…) Es una reforma que le cambia la cara a lo que la dictadura le hizo este país. Pasamos de una lógica meramente individualista a complementarla con un seguro social y a acercarnos a principios tan razonables y necesarios, como la solidaridad”, expuso en rueda de prensa tras la aprobación la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeanntte Jara. El Congreso chileno aprobó una reforma del sistema jubilatorio heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (Foto de archivo: EFE) El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que “esta ley marca una inflexión en el desarrollo en nuestro sistema de pensiones. Por supuesto que no será la última palabra y muchos temas seguirán discutiéndose hacia delante porque los sistemas de pensiones evolucionan a lo largo de las décadas”. La reforma beneficiará a cerca de 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14% y un 35%, aumenta la pensión básica universal de 214.000 pesos chilenos (216 dólares al cambio de hoy) hasta 250.000 pesos chilenos (253 dólares). También crea un seguro social, incorpora mecanismos de solidaridad intra e intergeneracional y soporta la regulación de la industria, pero no acaba con las polémicas administradoras de fondos de pensiones (AFP), las empresas privadas que gestionan las jubilaciones, como inicialmente pretendía el Gobierno. Pese a que el gobierno hizo muchas concesiones durante el debate parlamentario para conseguir los votos de la derecha en un Parlamento en el que carece de mayoría y renunció a crear un sistema con mayor peso estatal, la aprobación de la reforma supone un soplo de aire para Boric, pues fue una de sus grandes promesas de campaña. Las pensiones llevan años en la lista de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y millas de heridos. Instaurado en 1981, el sistema chileno fue pionero en la región en desechar el modelo de reparto, implantar la capitalización individual y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10% de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres), tutelada por una de las siete AFP existentes. Ninguna de las reformas propuestas por los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera salieron a flote y solo se obtuvieron logros parciales como la creación de una pensión pública para los más vulnerables en 2008 y su ampliación en 2022.
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