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» Diario Cordoba
Fecha: 24/01/2025 14:45
El Gobierno quiere convertir el problema del acceso a la vivienda en uno de los puntales de su acción política e incluso ha llegado a proclamarlo como pretendido quinto pilar del estado del bienestar, en un momento en que se extiende la conciencia de la existencia de una emergencia habitacional y han ido sucediéndose las protestas contra las dificultades a una casa para grandes capas de la población por los disparados precios del alquiler y de la compra en cada vez más ciudades. El Ejecutivo ha ido anunciando medidas de calado en diferentes ámbitos en materia de vivienda y, como parte de la estrategia, ha incluido iniciativas específicas para poner coto a la expansión de los pisos turísticos y para acabar con la gran oferta ilegal de viviendas en alquiler de corta duración. La expansión descontrolada en muchas ciudades del parque de viviendas de uso turístico, en un porcentaje amplísimo una oferta irregular. Nuevas medidas que vienen a completar la ofensiva que desde varios ministerios había emprendido ya en los meses anteriores para ir armando un escudo que pretende ser integral. “Pensamos que en una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, como la que sufren millones de compatriotas en nuestro país, pues lo que sobran son Airbnb y faltan viviendas”, sentenció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada. “El deber de las administraciones públicas del Gobierno de España en primera persona es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada y a costa precisamente de los vecinos y vecinas de esos inmuebles”. El Gobierno ya había aprobado medidas en los últimos meses. El Ministerio de Vivienda había reforzado el poder de veto de las comunidades de vecinos a la presencia de pisos turísticos en sus fincas; el Ministerio de Consumo había abierto una investigación a los grandes portales online de alquiler turístico por prácticas engañosas; y el Ministerio de Industria y Turismo también había intensificado la vigilancia sobre la expansión real de la oferta de pisos turísticos iniciando el rastreo de las webs de los gigantes Airbnb, Booking o Vrbo para tener un censo mes a mes y facilitar información casi en tiempo real a comunidades autónomas y ayuntamientos —que son las que ostentan la mayor parte de competencias en el ámbito de alquiler vacacional y urbanismo— para poder regular el fenómeno. Ni un piso turístico sin su 'matrícula' El Gobierno ha dado ahora un paso más y ha adoptado nuevas medidas que venían reclamando desde hace tiempo las mayores empresas del sector turístico (singularmente las grandes hoteleras) y que buscan dar un golpe en aspectos cruciales para acotar la expansión de los pisos turísticos: la aplicación de nuevas cargas impositivas para que el alquiler turístico sea tratado como una actividad económica más y la prohibición de que portales como Airbnb, Booking o Tripadvisor puedan incluir anuncios de pisos turísticos ilegales. El Ministerio de Vivienda ha liderado la creación de una ventanilla o registro único, que en la práctica supondrá un veto a anunciar en plataformas como Airbnb o Booking aquellos inmuebles que no cuenten con las licencias pertinentes, una medida puesta en marcha con la colaboración del Ministerio de Industria y Turismo. Esta medida está en vigor desde el 2 de enero, aunque será de obligado cumplimiento a partir del próximo 1 de julio. Todos los propietarios de viviendas de uso turístico deberán solicitar una 'matrícula' vinculada a su inmueble, que será requerida por los diferentes portales a la hora de publicar un anuncio. Antes de otorgarla, la ventanilla única digital velará que ese piso cumple con las diferentes regulaciones específicas de las comunidades autónomas o ayuntamientos y, si esto no ocurre, denegará la entrega del código sin el cual no podrá publicitarse el alquiler, que además deberá renovarse anualmente. “Si de verdad revertimos la ilegalidad de los alojamientos turísticos, esos inmuebles van a estar a disposición de la ciudadanía, lo que se traducirá en un aumento de la oferta que servirá para contener los precios. Lo que cuesta entender es cómo no ha sido posible hacerlo antes y ahí todas las administraciones tenemos responsabilidad”, explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Estoy satisfecha de que el debate de la prohibición de los pisos turísticos, uno de los primeros que abordé como ministra de Vivienda, hoy sea una cuestión de consenso, salvo honrosas excepciones". Pagar impuestos como un negocio En paralelo, el Ministerio de Hacienda impulsará una nueva regulación que permita considerar el alquiler turístico como una actividad económica, lo que obligaría a estos inmuebles a hacer frente al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). “Vamos a llevar también al Congreso de los Diputados una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio, impulsando en el marco de la nueva directiva europea sobre el IVA la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare con las otras actividades económicas, porque lo que no es justo es que quienes tienen tres, cuatro, cinco pisos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores y trabajadoras”, explicó Sánchez. El cambio fiscal deberá someterse a votación en el Congreso de los Diputados, algo que no ocurrirá antes del mes de febrero. “Hasta hace poco había discursos políticos que defendían no regular nada, no limitar la oferta. Esto ha cambiado. Tomar medidas no es ir contra el turismo. Es ir contra la ilegalidad. Es apostar por que el turismo ayude a hacer mejores ciudades”, sentencia el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. “Administraciones y empresas ahora estamos alineados. Hablar de aplicar tasas, de poner límites, de fiscalidad, de luchar contra la ilegalidad ya no es tan raro. Y esa es la mejor noticia para el sector porque garantiza su sostenibilidad. El mercado sin regulación a veces se vuelve contra el propio mercado”. El poder local El consenso para poner coto a los pisos turísticos ha empezado ahora a prender de manera generalizada (no ha sido así durante años) en los diferentes niveles de las administraciones públicas. La presión desde el sector turístico y las quejas desde la sociedad civil en destinos particularmente saturados han hecho que varios ayuntamientos de diferentes colores político han puesto en marcha medidas para eliminarlos o al menos limitarlos. El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el socialista Jaume Collboni, rescindirá todas las licencias existentes antes de 2028; mientras, en la ciudad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, se ha impulsado el Plan Reside, que, entre otros asuntos, prohibirá que se instalen este tipo de alojamientos en edificios residenciales en el centro histórico, además de congelar la concesión de nuevas licencias. Una medida que también se ha adoptado, entre otros grandes municipios, en Valencia, Palma, Granada o Cádiz. El Ministerio de Vivienda creará un nuevo fondo con recursos para que los diferentes consistorios precisamente para que puedan reforzar sus equipos de inspección, con el fin de perseguir el fraude existente. Por ejemplo, en Madrid hay más de 12.000 pisos turísticos ilegales, más del 90% de todos los que hay en la localidad operan de manera irregular al no contar con la licencia que exige la normativa.
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