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» Diario Cordoba
Fecha: 23/01/2025 08:24
Hace ya casi dos décadas que no se construyen embalses en la provincia de Córdoba, que tiene la mayor capacidad de almacenamiento de toda la cuenca del Guadalquivir con sus más de 3.300 hectómetros cúbicos. Las últimas en entrar en servicio fueron La Breña II, que comenzó a llenarse a finales de 2009 como un recrecimiento de un embalse ya existente mucho más pequeño; y La Colada, que alcanzó su volumen máximo teórico en 2010, pero de la que jamás se ha usado el agua hasta hace un par de años debido a la falta de conexiones con la red de abastecimiento. Los regantes llevan años solicitando la construcción de nuevas presas en la provincia y en el Valle del Guadalquivir, una demanda que se repite cíclicamente. Enfrente tienen la oposición de los ecologistas y las alertas de expertos en la gestión hidrológica, que creen que la cuenca tiene un exceso de regulación y que apenas queda espacio para construir grandes infraestructuras de este tipo. A todo ello se suman los elevados costes ambientales y económicos de un exceso de regulación en los cauces fluviales, que los agricultores ven como algo positivo, ya que, aseguran, sirven para defenderse de las crecidas, inundaciones y, en general, del cambio climático. El debate entre posturas tan opuestas está más abierto que nunca. Parón en la crisis La anterior crisis económica que comenzó en el año 2008 se llevó por delante buena parte de la planificación hidrológica prevista en todo el país. No había dinero para levantar obras faraónicas como suelen ser los embalses, que cuestan decenas de millones de euros. Ese fue el principal motivo de que se paralizaran actuaciones como la conexión de La Colada, una decisión política que nadie asumió en su momento. En el camino quedaron, entre otros proyectos, el del pantano de San Calixto, que debía construirse sobre el Genil poco antes de su desembocadura en el Guadalquivir cerca de Écija y Palma del Río, en el mismo límite entre las provincias de Córdoba y Sevilla. La obra estaba planificada desde hacía tiempo, el proyecto se encontraba redactado y sólo quedaba liberar los fondos para una infraestructura que el Gobierno central consideraba «prioritaria», un calificativo que los responsables públicos aplican a casi cualquier cosa aun a riesgo de caer en la paradoja: si todo es prioritario, deja de serlo. Era el año 2008, pero para 2010 ya estaba claro que el proyecto había quedado definitivamente en dique seco. Nadie se hizo responsable de la paralización. La presa de San Calixto no se concibió en un principio para dar servicio a los regantes, sino como una barrera de seguridad para evitar inundaciones que se producen cada cierto tiempo debido a las crecidas en Écija y Palma del Río. La última tuvo lugar en el año 2018 y desde entonces no ha vuelto a haber problemas, lo que no significa que no puedan reaparecer en cualquier momento. Por su volumen, la presa excedía esas necesidades relacionadas con la seguridad y también las derivadas del consumo, que ya está garantizado sobre todo con Iznájar y otros embalses de la cuenca. De ahí que pueda verse también como un recurso fundamental para los regantes de las zonas cercanas, que en el caso de la provincia de Córdoba podría beneficiar a las comunidades del Genil-Cabra y de Fuente Palmera. Características Según el proyecto inicial, la presa de San Calixto rondaría los 80-90 hectómetros cúbicos, un volumen de tamaño medio. Iznájar, por ejemplo, es más de 10 veces mayor, mientras que los pantanos que abastecen a la capital cordobesa doblan la cantidad. En cuanto a su coste, se estimó en su día en 42 millones de euros, aunque esa cifra obviamente ha quedado desfasada tras casi dos décadas con los documentos en un cajón. El Gobierno central nunca desechó por completo la infraestructura. El año pasado la retomó a paso corto y, según una respuesta del Ejecutivo dada durante el verano, «se ha llevado a cabo un estudio de coste-beneficio para ver la viabilidad de la solución, que ha sido favorable, y se ha redactado el pliego de bases para la licitación de la redacción de la actualización del proyecto». Por lo tanto, sólo queda sacar a licitación ese documento antes de poder adjudicar la obra. Los regantes agrupados en Feragua creen que el Gobierno central no debería esperar más para iniciar el proceso y estiman que en un plazo de tres meses debería estar en marcha la licitación. Aún pueden pasar años para completar todos esos trámites, y una década o más hasta que la presa esté levantada. Eso en el mejor de los casos y contando con que realmente haya voluntad política (y dinero en las arcas públicas). Cuando esté terminada, será la última gran presa construida en la provincia de Córdoba. Suscríbete para seguir leyendo
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