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Concordia » Diario Junio
Fecha: 22/01/2025 11:37
POR : Guillermo Carmona, ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur El silencio del gobierno nacional sobre este episodio fue notorio. Días después, La Política Online informó que el ministro de Defensa Luis Petri había justificado la inacción argentina afirmando que el avión transitaba en «zona internacional». De la denuncia del hecho surgía claramente que el avión militar británico había incursionado en el espacio aéreo de la ZEEA, es decir dentro de las 200 millas contadas desde la línea de base costera. Decir que esa es una «zona internacional» constituía un hecho gravísimo de un grado de irresponsabilidad inconmensurable. Con esa afirmación, Petri pretendía desligarse de responsabilidades por la inacción del gobierno. Lo grave es que esa afirmación traía implícita una renuncia por parte del Ministerio de Defensa al control marítimo y aéreo argentino sobre la ZEEA, un área estratégica que atesora enormes riquezas naturales y que es parte del territorio nacional. Petri también omitía manifestarse respecto del proceso de militarización del Atlántico Sur que el Reino Unido ha profundizado y acelerado desde las Islas Malvinas, en coincidencia con la asunción de Milei a la presidencia del gobierno. Un verdadero proceso de petrificación. La conversión en piedra no solo involucra al rostro del ministro al afirmar semejantes ofensas contra el interés nacional ni al tufillo de edad de piedra que desprende el carácter reaccionario del gobierno libertario. El actual gobierno ha petrificado cualquier acción y cualquier reclamo que pueda molestar a los intereses británicos. El caso tiene implicaciones varias, pero una de las más preocupantes está relacionada con el interés de Petri y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de involucrar a las FFAA en tareas de seguridad interior. La conducta de Petri demuestra que el gobierno no considera una amenaza la expansión militar de Gran Bretaña en el Atlántico Sur y que minimiza los riesgos que representan para la defensa nacional los movimientos de potencias extraregionales en nuestro territorio nacional. Decir que el avión británico operaba en «zona internacional» implica una deserción de sus altas responsabilidades e incumplimiento de las competencias que le impone la Ley de Defensa Nacional al ministro responsable del área. Este caso, por lo tanto, pone en evidencia la inconveniencia de distraer a las FFAA de su rol esencial de defensa nacional. Las razones por las que Petri debía que actuar La ZEEA es parte del territorio nacional. El ministro no puede renunciar a lo que por derecho y por historia nos pertenece dejando el área librada a la operación de fuerzas militares extranjeras. Lo que ocurre es que Petri confunde la libertad de sobrevuelo que existe en esa área con un supuesto carácter internacional de la ZEEA. Allí Argentina ejerce soberanía sobre los recursos naturales del mar y de la plataforma continental. En materia de defensa nacional, todo lo que pase allí es relevante para la Argentina. Aún más, la preservación de los intereses argentinos sobre la plataforma continental, más allá de la milla 200, es una tarea asignada a los Ministerios de Defensa y de Seguridad, a través de las FFAA y la Prefectura Naval Argentina, involucrando tanto recursos navales como aéreos. El interés argentino por mejorar sus capacidades de control sobre la ZEEA se ha manifestado en decisiones de distintos gobiernos, especialmente desde mediados del siglo pasado. Entre los hitos más recientes se destacan tres: En 2004, el presidente Néstor Kirchner creó por decreto el sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) que involucra la totalidad del territorio nacional, incluida la ZEEA y la plataforma continental. En 2014, bajo la gestión ministerial de Agustín Rossi durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se creó el Comando Conjunto Aeroespacial (COCAES), como autoridad que ejecute las reglas de protección aeroespacial, planificando, controlando y llevando a cabo la defensa aeroespacial de todo el espacio aéreo soberano. Entre 2019 y 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, las gestiones de Agustín Rossi y Jorge Taiana apostaron fuertemente por completar la radarización y por dotar a COCAES y a las fuerzas del equipamiento e instrumental necesario. Entre las funciones del COCAES está la identificación de vuelos con la condición de «irregular» o «tránsito aéreo irregular» (TAI), los que son considerados amenazas potenciales a la defensa nacional y a la libre circulación aérea. El accionar ante este tipo de situaciones es primariamente preventivo, mediante comunicaciones con las aeronaves involucradas. Pero el régimen vigente incluso contempla la posibilidad de interceptaciones. De hecho, la página oficial del COCAES informa que «nuestros aviones están listos para despegar para aplicar las reglas de protección aeroespacial». Petri debería haber garantizado que las FFAA tomaran alguno de esos cursos de acción. Pero no hizo ni una cosa ni otra. Se limitó a intentar minimizar y naturalizar un hecho de enorme gravedad. Resulta absolutamente incomprensible que el Ministro de Defensa desprecie tales capacidades para el control del espacio marítimo argentino en un área estratégica del territorio nacional que, además, está amenazada por una concreta presencia militar extranjera. Sobre todo, porque la inaceptable argumentación de Petri sienta un precedente de tolerancia a las operaciones militares extranjeras en la ZEEA, absolutamente peligroso. En el mejor de los casos, el ministro habría confundido sus roles con los que corresponden a funcionarios de otras áreas del gobierno al referirse a esa zona como internacional, incurriendo en una pifiada garrafal. A él le corresponden las competencias de defensa, no otras. La autoridad competente para la aplicación de las normas internacionales y nacionales sobre tránsito aéreo es la Administración de Aviación Civil (ANAC) según dispone en el Código Aeronáutico Argentino. El régimen aplicable para casos de espacio aéreo en el mar debe realizarse a través de un análisis integrado de lo dispuesto por la Convención de Chicago de 1944 de Aviación Civil Internacional, la Convención del Mar (CONVEMAR) de 1982 y el Código Aeronáutico Argentino. En el marco de ese plexo normativo, los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores deben hacer valer los intereses de nuestro país, ejerciendo las competencias que le son propias en el marco de un accionar coordinado que involucre también a la ANAC. Además, en este caso -y aquí viene lo central- corresponde la aplicación de un régimen específico al que el Reino Unido está obligado por la Declaración Conjunta del 15 de febrero de 1990, conocida como Acuerdo de Madrid II. Sin dejar de tener en cuenta los fundados cuestionamientos a ese acuerdo, el gobierno argentino debería poner de manifiesto el abierto incumplimiento por el Reino Unido de las medidas de confianza que dispone ese acuerdo en materia militar. Por ese instrumento, el Reino Unido debe comunicar sus operaciones navales y aéreas al gobierno argentino, en el marco de las medidas de confianza que fueron acordadas. No es la primera vez que la potencia colonialista lleva adelante este tipo de provocaciones. En cambio, resulta inusitado el desparpajo con el que el gobierno libertario hace explícita la defección de las obligaciones de defender la soberanía y la integridad territorial. Ni Petri ni el canciller Whertein han mostrado interés alguno por exigir a la potencia ocupante de Malvinas el cumplimiento de tales obligaciones. En esto reside el núcleo fundamental del incumplimiento de deberes por parte de ambos ministerios y de ambos ministros. Se trata de un acuerdo de derecho internacional que obliga al Reino Unido y que esa potencia lo incumple sistemáticamente. Dejar pasar hechos de semejante gravedad otorga una enorme ventaja a la potencia colonialista. Ya no solo omiten reclamar y protestar por la acción colonialista británica en Malvinas, con sus cada vez más frecuentes actos unilaterales y provocaciones, lo que ya se ha convertido en un clásico en el gobierno de Milei. Ahora, incluso, omiten hacer valer nuestros derechos en la ZEEA. Parece que el desmesurado afán por involucrar a las FFAA en tareas de represión interna tiene por corolario la desarticulación del rol de preservación de la soberanía y la integridad territorial de nuestro país que corresponde a su ministerio y a las FFAA. Otra «pifiada» de Petri que ratifica su nulo compromiso con la soberanía nacional A partir de una publicación que hice en la red social X, Luis Petri reaccionó airadamente complicando aún más su posición. Su respuesta, sorprendentemente, no fue a mis señalamientos, sino al retuit y recomendación de lectura de mi publicación que había hecho el ex ministro Agustín Rossi. Petri lo trató de mentiroso afirmando que «que ningún avión Británico sobrevoló espacio aéreo argentino», y sin aportar ninguna argumentación lo chicaneó, insólitamente, aludiendo al voto afirmativo de Rossi del Memorándum de Entendimiento con Irán para el juzgamiento de los sospechosos iraníes del atentando contra la AMIA. Uno no puede dejar de preguntarse qué tendrá que ver una cosa con la otra. La reacción de Petri me generó tres reflexiones principales: la primera, es que el recurso a la descalificación, el insulto o la chicana para responder un hecho concreto, grave y fundamental en términos de los intereses de nuestro país denota la inexistencia de argumentos; la segunda, mucho más grave y bochornosa aún, es que Petri explicitó su convicción de que el espacio aéreo de Malvinas, por el que transitó el avión militar británico que despegó de la base de Monte Agradable, no es parte del espacio aéreo argentino; la tercera, es que hay una marcada predisposición de los funcionarios mileistas por intentar dar explicaciones y justificaciones que deberían estar exigiéndoles que las brinde el gobierno británico. El veredicto sobre las causas de semejante funcionalidad al interés de la potencia colonialista es una competencia absoluta que pueden asumir si quieren los lectores De mi parte solo quiero decir que Su Majestad británica Carlos III y el gobierno de la Corona pueden dormir tranquilos. En Argentina, por ahora, cuentan con funcionarios diligentes dispuestos a salvaguardar celosamente sus intereses coloniales y sus decrépitas aspiraciones imperialistas.
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