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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 21/01/2025 05:46
El exgobernador Sergio Urribarri dijo que pasó 51 días detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná -desde el 19 de noviembre al 8 de enero último- por una decisión «ilegal», así calificó el fallo de la Cámara de Casación Penal, que dispuso su arresto preventivo ante el riesgo de fuga y hasta que la condena recaída en su contra en el megajuicio, 8 años de prisión, quede firme. Urribarri utilizó una expresión hilarante que hace rato circula y que busca denostar el trabajo de la Casación: la llamó «Cámara de Confirmación Penal», por cuanto, aseveró, ese tribunal confirmó todos los fallos que hacen lugar a las acusaciones del Ministerio Público Fiscal. Al frente de ese organismo acusador está Jorge García, detalló el exgobernador, a su vez pareja de la vocal de Casación Marcela Badano. Allí, en ese tribunal, Badano comparte espacio con la vocal Marcela Davite, cuñada del exjuez José María Chemez, que fue presidente del tribunal que el 7 de abril de 2022 condenó a Urribarri. La tercera vocal que conformó el tribunal de Casación que el 31 de mayo de 2023 refrendó el fallo condenatorio del megajuicio del 7 de abril de 2022 fue María Evangelina Bruzzo, vocal de la Sala 2 con asiento en Concordia, esposa del dirigente del PRO Juan Enrique Ruiz Orrico, a quien Urribarri define como su «enemigo político», un dirigente ahora involucrado en un gravísimo hecho: un accidente que ocurrió el 20 de junio de 2024 cuando embistió de frente a un rodado en el que viajaban cuatro jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso que fallecieron en el acto. “Va pasando el tiempo y quizás pocos recuerden que me condenaron por la contratación de carteles en la ruta, una solicitada, cuatro videos y la instalación de un parador turístico. Esos son los ‘graves crímenes’ de los que se me acusa”, enumeró Urribarri. Urribarri fue condenado, al término del megajuicio, que se desarrolló entre el 27 de septiembre de 2021 y el 7 de abril de 2022, a 8 años de cárcel. La abultadísima información hallada dentro de un disco extraíble encontrado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril, fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas. Ese disco rígido, denominado por la Fiscalía como «la caja negra» de la corrupción, fue analizado por los técnicos del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, Fernando Ferrari y Guillermo Fritz, y volcado en sucesivos informes. «Evidentemente -señaló el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná al dar a conocer las condenas- los archivos y correos electrónicos exhibidos y leídos por el ingeniero Fritz en el debate, corroborando sus informes técnicos, como los mensajes de texto y audios de WhatsApp y mensajes de SMS que exhibió y proyectó durante el juicio el ingeniero Ferrari también en confirmación de sus informes, confluyen para conformar una base probatoria categórica y objetiva a los efectos de acreditar la existencia material del suceso y la autoría y/o participación atribuida a los imputados, por cuanto (…) el contenido de la información de esos archivos permiten reconstruir cada uno de los extremos y circunstancias que postula el Ministerio Público Fiscal en su acusación, en mérito a que vinculan a los protagonistas de este proceso y han sido reconocidos en su mayoría por testigos y algunos de los imputados». A la instancia el megajuicio se había llegado luego de la decisión adoptada por la Justicia el 13 de agosto de 2020 cuando resolvió agrupar las tres grandes causas contra Urribarri en un solo expediente y así dar lugar al megajuicio: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014. El exgobernador Sergio Urribarri publicó un mensaje en sus redes sociales en el cual repasó las irregularidades del proceso en su contra y apuntó contra un sector de la justicia. Calificó de “ilegal” la detención dispuesta por la “Cámara de Confirmación Penal” y se preguntó: “¿De que imparcialidad me pueden hablar?”. También defendió su gestión de gobierno y enumeró obras y concreciones. “Va pasando el tiempo y quizás pocos recuerden que me condenaron por la contratación de carteles en la ruta, una solicitada, cuatro videos y la instalación de un parador turístico. Esos son los ‘graves crímenes’ de los que se me acusa”, enumeró Urribarri. Luego, aseguró que continuará “batallando para probar que no fueron delitos, sino acciones de gestión en el marco del gobierno más exitoso en la historia de nuestra provincia”. Al analizar el recorrido de su proceso en la Justicia, Urribarri dijo ahora: “Se abrió una puerta muy peligrosa al condenar las aspiraciones políticas de un dirigente. No quiero que en mi provincia un funcionario tenga miedo de firmar un expediente o que un intendente que quiere ser gobernador o un gobernador que quiere ser presidente sean perseguidos por nadie”. El exgobernador mencionó irregularidades sucedidas en el proceso en su contra y cuestionó la revisión de la condena, llevada a cabo por “otro tribunal conformado por la cuñada del presidente del juez que me condenó (Marcela Davite), la esposa del procurador jefe de los fiscales (Jorge García, Marcela Badano) que me acusaron y la esposa de un enemigo político y candidato del PRO (María Evangelina Bruzzo, Juan Enrique Ruiz Orrico). ¿De qué imparcialidad me puedena hablar?”, aseveró. “Recusé a estas juezas porque lógicamente temía que no fueran imparciales y me acusaron de machista. Pero todos saben que a la Cámara de Casación Penal que integran le dicen la Cámara de Confirmación Penal. Habría que tomarse el trabajo de ver cuántas veces ese tribunal falló en contra del criterio de la fiscalía”, apuntó. El exmandatario recordó que la última decisión de esas tres juezas fue dictar la prisión preventiva que lo mantuvo 51 días en una detención a la que calificó de “ilegal”. “Lo hicieron sin temor al ridículo, a tal punto que plantearon que me podía fugar en bote al Uruguay. El fallo del STJ dejó en claro la audacia de esos argumentos”, sostuvo. Más adelante, lamentó que la Justicia entrerriana esté “parcialmente contaminada” y reconoció a “los jueces que dictan fallos ajustados a derecho, con los códigos en la mano y estudiando la jurisprudencia”. También valoró “el coraje que eso implica porque sufren escarnio mediático y hasta pedidos de juicio político”, en clara alusión a la vocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Nerea Schumacher. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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