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» Diario Cordoba
Fecha: 19/01/2025 10:55
Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) ha superado ya su primer año del recuperado Ministerio de Vivienda, una cartera recuperada para afrontar el problema que enfrenta el país en esta materia, además en un momento políticamente complejo que dificulta ansiados pactos entre las principales formaciones del país para una cuestión en la que no son pocos los que exigen un Pacto de Estado. Rodríguez atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en la semana en la que el CIS ha vuelto a situar la vivienda como la primera preocupación de los españoles y en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una nueva batería de doce medidas para afrontar esta situación, entre las que hay algunas inéditas, otras suponen una ampliación de las existentes y otras necesitarán del consenso político. PREGUNTA. ¿Cree que las medidas que ha aprobado o diseñado el Gobierno tendrán un impacto en forma de bajadas del precio de la vivienda y el alquiler durante los próximos tres o cuatro años? RESPUESTA. Algunas sí tendrán un impacto muy próximo. Si de verdad revertimos la ilegalidad de los alojamientos turísticos, esos inmuebles van a estar a disposición de la ciudadanía, lo que se traducirá en un aumento de la oferta que servirá para contener los precios. Lo que cuesta entender es cómo no ha sido posible hacerlo antes y ahí todas las administraciones tenemos responsabilidad. Estoy satisfecha de que el debate de la prohibición de los pisos turísticos, uno de los primeros que abordé como ministra de Vivienda, hoy sea una cuestión de consenso, salvo honrosas excepciones. P. Una de las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez esta semana fue la implantación de desgravaciones fiscales de hasta el 100% de las rentas del alquiler para aquellos caseros que las fijen al índice de referencia. ¿Por qué ahora? R. La ley de vivienda ya contempla este tipo de bonificaciones. Más de medio millón de propietarios madrileños podrían estar disfrutando de estos beneficios fiscales por tener sus viviendas en alquiler al mismo tiempo que estaríamos bajando el precio del alquiler. Como esto no es posible porque hay zancadillas y palos en las ruedas, lo que queremos hacer es llevar este debate al Congreso para hacer posible estas bonificaciones en el conjunto de España. La ley de vivienda prevé esta medida para zonas tensionadas y el problema de la vivienda no está solo en zonas tensionadas, sino también en las zonas rurales, donde también está comenzando a aparecer. Todas estas propuestas que hemos presentado hacen de choque a lo que está sucediendo en las grandes urbes o en zonas costeras, pero también a evitar que en unos años nos encontremos con esta misma situación en capitales de provincias donde hoy todavía no hay un problema de la dimensión del que tenemos en Madrid, Barcelona, Málaga o Baleares. P. ¿Cuándo puede estar lista para su votación en el Congreso? R. Estamos terminando de ajustar la redacción del texto. El objetivo es llevarlo a las Cortes durante el próximo mes de febrero. P. ¿La intención es llevar las cinco medidas anunciadas que requieren del visto bueno del Parlamento en un único paquete? R. Dependerá de las conversaciones con los grupos políticos. P. Una de las grandes novedades en las últimas semanas ha sido la creación de la nueva Empresa Pública de Vivienda. ¿Cuántas viviendas le gustaría que tuviera esta entidad? R. Ciertamente, la nueva Empresa Pública es una de las cosas más importantes que estamos haciendo porque en ella se concentra este cambio de paradigma en la política del Gobierno de España, que aspira a ser integral: partiendo de la disposición y urbanización de los suelos, pasando por la edificación, hasta la entrega de esas llaves y gestión del alquiler e, incluso, la movilización o gestión de ayudas. Hasta ahora, la Administración General del Estado era un mero espectador, una caja pagadora o el ‘pagafantas’, perdiendo el control de mando de las propias políticas públicas. Se acordaban los proyectos, se entregaba la financiación y era muy difícil desde aquí mantener el control y el liderazgo de esas políticas, que deben ser públicas: unos lo llaman intervencionismo, yo le llamo garantías y derechos a los ciudadanos. P. El Tribunal Constitucional tumbó de la ley de vivienda la perpetuidad de la vivienda protegida por invasión de competencias autonómicas. ¿Cómo va a garantizar su cartera que esto se produzca? R. Pedro Sánchez compartió en la Conferencia de Presidentes la voluntad política del Gobierno de blindar el parque público de vivienda y no se produjo por parte de los presidentes autonómicos del Partido Popular ninguna consideración en contra a esa apreciación. Me sorprendió que el pasado fin de semana Alberto Núñez-Feijóo recuperará el debate de la liberalización del suelo, de la privatización y de los derechos de propiedad frente a la función social de la vivienda. Todas las comunidades autónomas, en sus normativas, tenderán a atender lo que creo es un consenso social, que el esfuerzo millonario para la construcción de vivienda pública, que sale de los impuestos de todos, sea para siempre, con el fin de no encontrarnos con este problema en el futuro. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Con esa gestión integral de las políticas, sobre todo con la política de suelo: si el suelo es nuestro, nosotros marcamos las reglas. P. Pero, si la nueva Empresa Pública de Vivienda desarrolla una promoción de vivienda protegida en Madrid y se vende a particulares, estos inmuebles después de quince años tendrán la categoría de vivienda libre. ¿Cómo va a garantizar el Gobierno que pasada esa fecha esa vivienda siga siendo protegida? R. Apostando por la construcción de vivienda en alquiler asequible a través de la modalidad de los derechos de superficie. Estos inmuebles más tarde revierten de nuevo a nosotros. Si todavía queda algo de política de Estado en el Partido Popular, la ley del suelo sería una buena ocasión para demostrarlo P. Hace solo unos meses, la ley del suelo estuvo a punto de salir adelante. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Hay posibilidades de un acuerdo entre el PP y el PSOE? R. El PP claramente se equivocó. Con las zancadillas que pretendía ponerle al Gobierno, con una política de corto plazo y de poca altura de miras, está perjudicando a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas que mayoritariamente gobiernan. En estos momentos, la norma está registrada en el Congreso de los Diputados. Después de meses y meses anunciando la presentación de un texto alternativo, algo que no se ha producido, les pediría que se sumen al actual, que lleva también la firma del PNV. P. ¿Han abierto negociaciones con el PP en esta materia? R. Vamos a ver en el nuevo periodo de sesiones si la proclama que llevó el PP a su convención en Asturias de que es necesaria una mayor agilidad en el urbanismo y una modificación de la ley del suelo no es solo una proclama o un acto propagandístico de querer utilizar la política de vivienda como arma arrojadiza frente al Gobierno. Yo creo que la política de vivienda merece ese paréntesis de abordarla como una verdadera política de Estado. Si todavía queda algo de política de Estado en el Partido Popular, esta sería una buena ocasión para demostrarlo. P. ¿Confía en que esta ley sea una realidad durante 2025? R. El liderazgo de Feijóo nos deja poca esperanza. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. / José Luis Roca P. Sobre el impuesto a los extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea en la adquisición de una vivienda, ¿cómo puede afectar esta medida a la llegada de turistas y a las relaciones diplomáticas con países como Reino Unido o Estados Unidos? R. Algunos creen que la compra de viviendas por parte de extranjeros de fuera de la Unión Europea no residentes no tiene incidencia o que representa un porcentaje muy pequeño con respecto al global del número de viviendas en España. Es importante el mensaje político de que este Gobierno prioriza la función social de la vivienda sobre los rendimientos económicos, como son los pisos turísticos o las inversiones extranjeras. ¿Afectan estas compras en términos porcentuales a la vivienda e imposibilita a miles de españoles el acceso a la misma? Sí, los datos lo atestiguan. Son miles de viviendas y miles de españoles que se están viendo privados de tener una casa para que otra persona haga dinero. Sobre si afectará a las relaciones diplomáticas, hay una amplia sensibilidad de todos los gobiernos democráticos, especialmente en Occidente, del problema de la vivienda y seguramente otros seguirán la estela. P. El PP planteó la posibilidad de rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para aquellos que compran su primera vivienda. La patronal pide también bajar el IVA a la compra de viviendas de obra nueva. ¿Se plantea implantar rebajas fiscales en esta línea? R. La propuesta de rebajar el ITP está bien, aunque podrían haberlo hecho durante los dos años que llevan gobernando las comunidades autónomas. Existen otras herramientas que están también a disposición de las administraciones públicas, como es grabar la vivienda vacía con un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aunque apenas un centenar de ayuntamientos lo están aplicando. Podemos orientar la fiscalidad para avanzar en garantizar el derecho de acceso a la vivienda. Ahora, con las propuestas que vamos a llevar al Congreso, se abre un buen debate en el que queremos hablar con los grupos políticos acerca de qué medidas que afectan al conjunto de España podemos abordar en materia de fiscalidad. Pero conviene que no separemos los debates y que abordemos al mismo tiempo la fiscalidad y la necesidad también de invertir más en políticas de vivienda. P. El Gobierno ha propuesto transferir las 40.000 viviendas propiedad de Sareb a la nueva Empresa Pública. ¿Cuándo espera culminar este hito? ¿Se plantean liquidar el ‘banco malo’ en 2027? R. La decisión de proceder a la liquidación corresponde a Carlos Cuerpo (ministro de Economía). Sareb simboliza lo peor de la gestión política del PP en materia de vivienda. Desde que gobierna el PSOE hemos hecho cambios muy importantes, como adquirir el control de la entidad y empezar a regularizar algunas de las viviendas con una perspectiva social, que ahora son el hogar de 8.000 familias. Transferir las viviendas es un paso más porque ese patrimonio tiene que volver a los españoles. Se prometió que esto no nos iba a costar y nos ha costado. Vamos a traspasar primero las que están casi para entregarse, es decir, aquellas en las que solo hay que hacer pequeños arreglos, pintar o limpiar, que se pondrán a disposición de Sepes junto con las 8.000 que están movilizadas como políticas sociales, sumando un total de 13.000 de forma inmediata. Hemos creado un segundo ‘paquete’ que pasarán a Sepes a corto plazo, que están a la espera de solucionar todas las cuestiones burocráticas, administrativas y legales. P. ¿En algún momento de su mandato se alcanzará un consenso entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas gobernadas por el PP? R. ¡Ya lo tengo! (ríe) He mantenido cinco reuniones sectoriales con las comunidades autónomas y en todas ellas hemos alcanzado acuerdos. Por cierto, son más encuentros que todos los que se produjeron en los siete años del gobierno de Mariano Rajoy. No entiendo la estrategia de Núñez Feijóo de querer utilizarlas como confrontación al Gobierno. Hay una comunidad y una presidenta (refiriéndose a Isabel Díaz-Ayuso) que ha hecho mucha gala de oponerse a la ley de vivienda y la declaración de zona tensionada, pero hay otras que están utilizando las herramientas de la ley de vivienda, como la movilización de suelo dotacional o la colaboración público privada, incluido dentro de esta norma. Ellos mismos están poniendo en marcha la ley de vivienda, aunque se empeñen en poner palos en la rueda. No existe en España un problema de impagos ni de morosidad P. ¿Hay comunidades del PP que le hayan trasladado que les gustaría aplicar la declaración de zonas tensionadas y los controles de precios? R. De forma inminente, a petición de los ayuntamientos de A Coruña y Las Palmas de Gran Canarias, el Gobierno canario y la Xunta de Galicia aplicarán la declaración de zona tensionada para estos dos consistorios que lo han solicitado y que tenían el compromiso de sus gobiernos autonómicos de no impedirlo. País Vasco lo ha implementado ya, Navarra lo está trabajando y Asturias se ha comprometido a estudiarlo en el caso de algunos ayuntamientos. Es solo un posicionamiento ideológico el que está impidiendo abordar una herramienta que se ha demostrado útil. La evidencia nos está diciendo que en Cataluña están bajando los precios del alquiler. Algunos dirán que la oferta se está trasladando a los alojamientos de temporada. ¿En Madrid no? Además, ya se estaba produciendo antes de la aplicación de zonas tensionadas. Por lo tanto, no es una consecuencia de la aplicación de las zonas tensionadas, sino de la propia tensión del mercado, que hemos de abordar con otras herramientas como el reglamento que acabamos de poner en marcha. Lo que nos mandata la ley de vivienda es a marcar iniciativa por parte de todas las administraciones públicas para revertir ese problema en el menor tiempo posible. La ley nos habla de tres años. ¡Ojalá lo consigamos! Como no se consigue es mirando hacia otro lado o diciendo que esto es como las cañas, barra libre. Esto no son las cañas, es la vida de miles de personas que tenemos que dar una solución de manera inmediata. P. ¿Cómo va a gestionar la nueva Empresa Pública de Vivienda los casos de impago? R. Nadie duda del compromiso social del Gobierno de proteger a las personas que más lo necesitan. Yo entiendo que sea una preocupación, pero subrayaría que las familias españolas acostumbran en las peores circunstancias a hacer un esfuerzo extraordinario para pagar sus hipotecas y sus rentas de alquiler. No existe en España un problema de impagos ni de morosidad. El problema que tiene este país es de acceso a una vivienda a un precio asequible. P. ¿En qué estado se encuentran las 183.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez en 2023? R. Están en marcha en colaboración con las comunidades autónomas. Desde el PP a veces me preguntan por ellas cuando son ellos quienes están entregando las llaves, en muchos casos olvidándose de quien las financia. P. ¿Cuál es la relación del Ministerio de Vivienda con los grandes caseros, los grandes fondos como Blackstone o Cerberus, pero también CaixaBank, banco participado parcialmente por el Estado? Desde su visión, le acusan de generar inseguridad jurídica. R. Ellos tienen la obligación de atender la demanda social, hacerse cargo de la situación en la que nos encontramos y asumir que la vivienda en este país ha dejado de trabajar en forma de instrumento financiero o de inversión. Somos un gobierno que va a poner todos los recursos que sea necesario para orientar esas inversiones a la función social de la vivienda. Creo que han escuchado el mensaje y ahí está nuestra reforma de la regulación de las socimis, la declaración de zonas tensionadas y la obligación a los grandes tenedores de bajar el precio a los contratos. No tenemos ningún acuerdo con ellos. P. ¿Se ha marcado algún espacio temporal para conseguir ese objetivo de los precios asequibles? R. Hay que ser honestos con la ciudadanía en la complejidad del problema, pero tenemos algunas evidencias. En los primeros nueve meses de aplicación de las zonas tensionadas en Cataluña hemos conseguido bajar un 5% los precios de alquiler. La medida se ha demostrado eficaz, aunque hay que seguir poniendo herramientas.
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