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Colon » El Entre Rios
Fecha: 17/01/2025 17:31
La secretaria general de la seccional Federal de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), María Alejandra Gómez, le reclamó al titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, que “se llame a silencio” y no opine sobre la situación del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). “Muntes habla por resentido, porque nunca ganó una elección del Iosper y aceptó en todas las paritarias montos en negros para los trabajadores que todos sabemos que eso desfinancia la obra social. Así que yo lo llamaría a silencio como lo viene haciendo hasta el momento”, posteó la dirigente de Agmer Federal en su muro de Facebook al citar declaraciones del dirigente estatal. Se trata de la primera manifestación pública desde el interior de Agmer respecto de Iosper, cuyo directorio sindical fue desplazado a mediados de diciembre último por decreto del gobernador Rogelio Frigerio, que nombró interventor a Mariano Gallegos, y como subinterventora a Marina Alegre. El gremio docente era parte del directorio de Iosper: Adriana Hepp, exsecretaria general de Agmer Diamante, ocupaba el cargo de vicepresidenta de la obra social. Desde que fue removida evitó hablar públicamente de su paso por la obra social y menos de la ventilación de hechos supuestamente irregulares que se habrían cometido. “No estamos de acuerdo con la intervención, pero fue necesaria para que los organismos de control funcionen. No puede haber corrupción y el sistema de la obra social requiere de transparencia”, observó Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos. La obra social que maneja el segundo presupuesto más grande la provincia de Entre Ríos se encuentra atravesando “un proceso administrativo complejo que requirió de la supervisión del poder central para intentar resolver las falencias que no supo hacer el directorio”, señaló Muntes. “Algo no funciona bien, lo que falta es gestión en la conducción de la obra social. No se puede seguir de esta forma”, declaró Muntes. Los primeros informes desde la intervención que llevó adelante el Gobierno provincial en diciembre 2024 advirtieron una fuga económica importante vinculada a las percepciones del directorio de organismo, que rondan los $16 millones (que incluye los gastos extraordinarios) por cada uno de los siete integrantes del cuerpo directivo, señaló el dirigente. “Mientras tanto las prestaciones de los servicios de salud a las y los usuarios es deficitaria, presenta demoras excesivas para la entrega de medicamentos especiales y prótesis. Además, el porcentaje de amparos judiciales contra la obra social es cada vez más alarmante. Actualmente se presentan 150 amparos por mes, generalmente vinculados a personas con discapacidad, otorgamiento de prótesis y entrega de medicamentos especiales”, planteó Muntes. “No puede ser que los trabajadores para resolver sus necesidades tengan que recurrir a un amparo judicial o el tráfico de influencias. Hoy funciona de una manera un poco más eficiente, si bien no es lo ideal. Por eso, hay que rediscutir el funcionamiento de nuestra obra social pero tiene que seguir siendo administrada por los trabajadores y trabajadoras” concluyó el dirigente. Otro tema central que afecta a la obra social y que le compete al Gobierno provincial, añadió, es “la importante cantidad de trabajadores y trabajadoras precarizados que actualmente existe en la provincia que impide que puedan hacer su aporte económico pero que sin embargo utilizan los servicios”. ATE había repudiado la decisión del Gobierno provincial actual cuando dispuso en diciembre de 2024 la intervención de la obra Social con el objetivo de fiscalizar la actividad del organismo público. “En seis meses, tiempo que dura la intervención por ley, nuevamente los y las trabajadores podrán elegir los representantes y con ello el funcionamiento de los organismos de control para garantizar el buen funcionamiento”, puntualizó. Fuente: Entre Ríos Ahora
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