16/01/2025 03:57
16/01/2025 03:57
16/01/2025 03:56
16/01/2025 03:54
16/01/2025 03:53
16/01/2025 03:52
16/01/2025 03:35
16/01/2025 03:25
16/01/2025 03:12
16/01/2025 03:12
» Diario Opinion
Fecha: 16/01/2025 00:51
"Entré a ese módulo que estaba abandonado hace años porque no tengo dónde vivir. Los vecinos me apoyaron, pero anoche vinieron policías hombres y me sacaron a la fuerza. Me agredieron teniendo a mis bebés en brazos y tiraron todas mis cosas a la calle", relató Luciana a Radio Parque , La joven madre, sin empleo ni recursos para subsistir, expresó que se encuentra completamente abandonada: "Ahora estoy durmiendo frente a ese módulo con mis hijos, en un colchón. Nadie viene a ayudarme. Por favor, necesito ayuda", imploró. La crisis habitacional como telón de fondo El caso de Luciana no es aislado, sino un reflejo del profundo deterioro social y habitacional que afecta a Formosa bajo el modelo político liderado por Gildo Insfrán. La falta de políticas habitacionales inclusivas y el manejo discrecional de los recursos estatales agravan una realidad marcada por la pobreza, la desocupación, la precariedad y el sometimiento. En esta realidad, los módulos habitacionales se han convertido en símbolos de desigualdad y manipulación política. Según denuncias recurrentes, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), bajo la dirección de Marcelo Ugelli, opera más como un brazo político del Gildismo que como una entidad destinada a aliviar la crisis habitacional. Este organismo ha sido señalado por utilizar los módulos como herramientas de propaganda y clientelismo, beneficiando exclusivamente a amigos, allegados y a quienes se alinean políticamente con el modelo. Los módulos habitacionales, destinados a ser una solución para las familias más vulnerables, han sido señalados reiteradamente como herramientas de clientelismo político. En este contexto, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dirigido por Marcelo Ugelli, enfrenta serias críticas por operar más como una Unidad Básica que como un organismo de asistencia social. Esta situación se intensifica con el involucramiento militante de su mujer la concejal Petú Argañaraz . Exigencia de respuestas inmediatas El desalojo de Luciana Cáceres y la situación de sus hijos evidencian la urgente necesidad de un cambio estructural en el manejo de los recursos públicos. Se exige a las autoridades provinciales y municipales que brinden una solución inmediata a esta madre y se investiguen las prácticas irregulares vinculadas al uso político de los módulos habitacionales. La ciudadanía exige justicia y políticas públicas que verdaderamente prioricen el bienestar de los más necesitados, dejando de lado las prácticas clientelares que perpetúan la exclusión y la desesperación de tanta gente.
Ver noticia original
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por