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» Diario Cordoba
Fecha: 15/01/2025 03:17
Existe la percepción de que el importe del Fondo de Solidaridad, el mecanismo de la Unión Europea más ajustado por definición para hacer frente a las catástrofes naturales, tiene una dotación escasa. Este 2025, después de ampliarse, cuenta con un presupuesto de 1.500 millones para las eventualidades en suelo europeo. Y a la luz de lo ocurrido solo en Valencia, esa percepción parece acertada. Desde el año 2002, cuando se puso en marcha esta partida, hasta enero de 2024, último balance disponible, la Comisión Europea ha distribuido a través de este fondo 7.689 millones. Es el total del importe dedicado a las inundaciones, grandes incendios, terremotos, volcanes y otras tragedias que se han producido en los 27 países durante dos décadas. No es un fondo diseñado para respuestas rápidas. Para eso existe la Reserva para Ayudas de Emergencia. El Fondo de Solidaridad busca apoyar la recuperación de catástrofes naturales, y suele tardar meses, cuando no más de un año, en ser reconocido. Con todo, la primera estimación de la Generalitat sobre los daños es de 17.682 millones, solo en bienes y equipamientos de su competencia elegibles para el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Es más del doble que todo el dinero repartido en toda la UE hasta hoy. Y todavía habría que sumar los daños en los bienes de competencia estatal y local, cuya cuantificación corresponde al Gobierno y que está peritando la empresa Tragsa. La Generalitat trasladó la información el pasado 5 de diciembre al Ministerio de Hacienda con vistas a la activación del Fondo de Solidaridad de la UE, ya que son las autoridades nacionales de los estados miembro las que deben solicitar su activación. El plazo para formalizar esa solicitud es de doce semanas desde que ocurrió la catástrofe natural y la competencia para presentarla junto a la cuantificación de los daños corresponde al Ministerio de Hacienda. Ha habido polémica (otra más) entre la Generalitat, que exige que se pida ya a Bruselas, y el Gobierno, que justifica que está ultimando los trámites para presentar las cantidades de los efectos de la riada, con toda la documentación, para obtener la mayor cantidad posible. Respecto a la Generalitat, los daños más cuantiosos identificados se refieren a infraestructuras de tratamiento de aguas, transporte, puentes, energía o telecomunicaciones; centros educativos, hospitales y centros de salud, sedes judiciales, residencias de servicios sociales o vehículos del parque móvil de la Generalitat. 109 catástrofes en 20 años Cabe destacar que, en estas catástrofes, el importe que reciben los países o regiones afectadas a través de este fondo suele quedar por debajo de las expectativas. En estas dos décadas, la UE ha activado estas ayudas en 109 catástrofes. En las seis ocasiones precedentes en que se ha activado el Fondo de Solidaridad en España (el Prestige, el terremoto de Lorca, varios incendios forestales, la dana de 2019 y el volcán de la Palma), el montante de las ayudas se ha movido entre el 0,9 % y el 2,5 % de los daños estimados. Han sido 110,3 millones recibidos frente a daños reconocidos por Bruselas en 4.700 millones. Es a través de otros mecanismos donde el Gobierno y la Generalitat deben obtener los miles de millones que se necesitarán para la recuperación. En este sentido, desde el Gobierno defienden que se han activado diferentes vías de ingresos, como la modificación del reglamento de fondos para la cohesión, lo que va a permitir utilizar los fondos reservados para cohesión en reconstrucción y recuperación (reglamento restore). El Gobierno de España ha solicitado la tramitación urgente de la ayuda proveniente del Fondo de Solidaridad de la UE, y Europa ha facilitado que los estados miembros afectados por catástrofes naturales utilicen los créditos no utilizados en el marco de los programas de desarrollo rural. El Gobierno también ha propuesto a la Comisión Europea una modificación del Plan de Recuperación y Resiliencia para redirigir los fondos disponibles a la «reconstrucción y relanzamiento» de la economía valenciana por valor de 1.500 millones. Por último, fuentes gubernamentales defienden que, tras la mediación del Gobierno, la Comisión Europea ha abierto la puerta a un cierto margen de flexibilidad fiscal para hacer frente al gasto de la reconstrucción y el Banco Europeo de Inversiones preparó una respuesta inmediata de 900 millones de euros para acelerar el despliegue de iniciativas existentes y apoyar la reconstrucción de infraestructuras críticas por parte de las autoridades regionales y organismos públicos en las zonas afectadas en España.
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