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» La Capital
Fecha: 14/01/2025 15:01
El Ministro de Economía consideró que es necesario reducir o derogar tasas, que considera se trasladan a precios y afectan el proceso de desaceleración inflacionaria La polémica por el cobro de diversas tasas municipales se mantiene latente, más aún en un contexto en el que la inflación sigue en baja y las decisiones de muchos jefes comunales para recaudar más complican este proceso. En este sentido, este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo , volvió a la carga con el tema y lo hizo en respuesta a un posteo realizado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela , en el que planteó que los jefes de las jurisdicciones deben elegir de qué lado quieren estar: si del lado de la gente o de la política. “Hay intendentes que parece siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda en la red social. Vale recordar que el Estado nacional ya tomó cartas en el asunto, con algunas medidas e incluso con una demanda, ante la Corte Suprema, en contra del Municipio de Lomas de Zamora por la “ilegalidad” de la tasa vial. Previamente, habían prohibido que los proveedores de servicios públicos cobren en sus boletas tasas que no correspondan con el respectivo servicio, con el fin de desalentar a los municipios a seguir creando tasas y cobrarlas de forma indirecta. En su video, que generó la respuesta de Caputo, Valenzuela sostuvo: “En mi opinión, el tema no es quién tiene razón, si el ministro Caputo o los intendentes K. El tema es qué necesita la gente. Más tasas significa más precios, significa más inflación. Los intendentes debemos elegir de qué lado queremos estar. Del lado de la gente que necesita previsibilidad para tomar decisiones, para invertir, para trabajar, eso es menos inflación. O del lado de la política que siempre busca más gasto público y, además, siempre encuentra una justificación para crear una nueva tasa o aumentar los impuestos”. Antecedentes del conflicto Recientemente, Caputo instó a las provincias para que tomen medidas a fin de que los municipios deroguen las tasas cuyo valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio y que, a juicio del gobierno nacional, son “ilegales y arbitrarias”. “En el escrito se solicitó que se eliminen estas "tasas municipales" que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable”, consideraron en la cartera económica. >>Leer más: El último aumento de nafta ya incluyó la tasa vial destinada a arreglar calles Además, señalaron que “el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria”. A su vez, “estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”. El argumento principal se basa, según la misma fuente, en que la Ley de Coparticipación establece que los organismos subnacionales no pueden gravar actividades ya gravadas por el Gobierno nacional, como en este caso el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que aplica un porcentaje sobre el expendio de combustibles, igual que la tasa vial. Además, se habilitó un canal para denunciar ( mediante el correo electrónico [email protected]) si un bien o servicio contratado incluye tasas municipales, lo cual quedó prohibido por una nueva normativa desde principios de octubre. Esta norma estableció que ya no se pueden incluir tasas como alumbrado, barrido y vigilancia en las facturas de proveedores de servicios públicos.
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