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    San Salvador » Noticiasyhechos

    Fecha: 14/01/2025 06:30

    Habría mucho que decir si alguien de cualquier lugar del mundo, que no sepa nada sobre la Argentina, pregunta cómo se explica un presidente que barrió con lo conocido y llegó a la Casa Rosada con un puñado de años en la política y sin estructura partidaria. Pero, quizá, uno de los mejores ejemplos del fracaso dirigencial de los últimos 30 años, gran aportante para que Javier Milei llegue al poder, sean las rutas argentinas, convertidas en un verdadero desafío a la muerte. En medio de una crisis vial con pocos precedentes, con los caminos cargados por las vacaciones, el Gobierno se apresta en estos días a firmar un decreto para empezar con la privatización de la traza. Será Vialidad Nacional, uno de los organismos más sospechados de la administración pública en las últimas décadas, el que tendrá a cargo el proceso, que empezará por ahora solo con el corredor vial 18, actualmente a cargo de Caminos del Río Uruguay (Crusa) y que tiene la explotación de las rutas 12 y 14, además del puente que une las ciudades de Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos). Eso será readjudicado próximamente, en el primer paso de un nuevo esquema. “Vamos a empezar con el corredor vial 18. Lo vamos a dividir en dos tramos. Por un lado, el oriental, que serían las rutas nacionales 12 y 14, y el que hoy le dicen conexión, que es el puente Rosario-Victoria. El decreto está redactado y espera la firma”, dijo una fuente de Vialidad Nacional. Será un nuevo intento del Estado de encontrar una solución a uno de los problemas más graves que tiene la integración del país. Se trata de un capítulo más de una historia que empezó en 1990, cuando las rutas pasaron a ser de ser estatales a ser privadas, con un peaje a cambio de levantar la barrera. Así se mantuvieron hasta 2003, con tarifas relegadas, incumplimientos de ambas partes y obras sin realizar. Luego, el entonces presidente Néstor Kirchner las entregó a una especie de gerenciamiento. Las empresas concesionarias cobraban peaje, cortaban el pasto y hacían algo de bacheo. Y una cosa más: según lo que confesó Claudio Uberti, colaborador de confianza de Kirchner y número uno del órgano de control, empezó a trabajar en aquellos acuerdos con las empresas viales que estaban rotos tras la caída de la convertibilidad. Finalmente, cuando terminó, Uberti contó que Kirchner se enojó porque el esquema no contemplaba una manera de sacar dinero en ese sector. “Yo tenía que retirar 150.000 dólares por mes de cada una de las concesionarias”, dijo en la causa Cuadernos. Ese esquema de constructores, concesionarios y exfuncionarios será juzgado por un tribunal oral, en el juicio que empezará en noviembre. Así funcionó el imperfecto sistema vial: los usuarios pagaban peaje, el concesionario hacía poco y nada y a las obras las ejecutaba Vialidad. Mientras tanto, la muerte se hacía un festín y los accidentes y la precariedad de la traza aumentaban. Durante la gestión presidencial de Mauricio Macri se intentó un sistema distinto: poner las rutas en manos de un consorcio que financiara la obra a través de un esquema de participación público-privada. Las famosas PPP se adjudicaron unas semanas antes de que se conociera el caso Cuadernos. Se trataba de un sistema mediante el cual los privados conseguían dinero en el mercado, hacían la obra y la cobraban con un título del Estado, además del peaje y una porción de la recaudación del impuesto a los combustibles. Casi con el estreno de uno de los fetiches de aquella administración, los dueños de las PPP empezaron a pasar por los tribunales por hechos producidos en las gestiones anteriores, mientras la economía empezaba a caer en aquellos dos años de ajuste del gobierno de Cambiemos. Apenas empezó un movimiento tenue en la ruta 5. En el resto no se movió nada. Alberto Fernández y su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, estatizaron todas las PPP, que pasaron a quedar en manos de Corredores Viales. Ahí vale hacer un punto. Vialidad sacará a licitación el corredor 18 porque, más allá de lo que comunique, no tiene jurisdicción sobre las otras rutas. El corredor 18 es vital para el tránsito del Mercosur, ya que es el único en manos privadas (de Crusa, como ya se consignó), con prórrogas y vencimiento de la concesión en abril próximo. El proceso completo debería incluir un decreto que disponga la desaparición o la liquidación de la sociedad del Estado Corredores Viales, para que todo quede dentro de Vialidad. Entonces sí se podría avanzar en las privatizaciones. La pulseada entre la empresa y el organismo la ganó Vialidad, apadrinada por la hermana presidencial y secretaria general, Karina Milei, y Eduardo “Lule” Menem, heredero de un viejo gusto familiar por ese rector de las rutas. Un dato más: el nuevo administrador, Marcelo Jorge Campoy, ya estuvo al frente del organismo en el último período de gobierno de Carlos Menem, en los 90, cuando se hizo cargo después de la gestión de Guillermo Cabana. En aquel entonces se impuso un esquema de privatizaciones por tramo (por rutas). Ahora se apunta a algo similar, con los constructores en las empresas y a cargo de los peajes y las obras. Al igual que aquella vez, el Gobierno postula que será una “concesión autosustentable, sin canon ni subsidio”, que existirá un “ajuste de tarifa automático y trimestral, según índices publicados por el Indec”, y que “se mantendrá la tarifa vigente desde la toma de posesión hasta cumplir la condición de transitabilidad segura, que implica la premisa de bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal, vertical y reparación de los sistemas de iluminación del tramo”. Lo expresado en documentos públicos es prácticamente lo mismo que lo decidido en 1990 y que fue el inicio de más de tres décadas de fracaso vial. Según un informe del Ministerio de Obras Públicas de 2021, menos de un tercio de la red vial nacional, un 31%, está en buen estado, un 27,6% está en estado regular y hay un 40,7% en mal estado. Desde entonces, todo empeoró. El año pasado, la consultora internacional Zutobi elaboró un ranking basándose en datos publicados por The Global Economy, en el que la Argentina quedó en el puesto 54 de 59 países. Esas cláusulas, casi copiadas y pegadas en el esquema que se prepara, explotaron de la mano de la política, que prefirió votos a tarifa rentable. Cambiaron los nombres, pero los apellidos se suelen repetir. En tanto, los argentinos pagan peaje y luchan con una red vial a la que ni siquiera le cortan el pasto de las banquinas.

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