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  • Un informe de la CTA cuestionó que la nueva reforma laboral se hizo a pedido de los empleadores

    Parana » APF

    Fecha: 14/01/2025 19:30

    El Instituto de Estudios y Formación de la CTA analizó en un informe el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que presentaron en octubre de 2024, 15 diputados libertarios en el Congreso de la Nación. Desde la Central se indicó que “si bien el discurso oficial no avanzó en los detalles que tendría esta reforma laboral, la actuación del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados puede dar un indicio de algunas dimensiones que formarán parte del nuevo ataque oficial". martes 14 de enero de 2025 | 18:50hs. En un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA se analizó el proyecto de reforma laboral del oficialismo nacional. Así, se indicó que “los últimos días el presidente Javier Milei sostuvo que uno de los ejes de su política durante el 2025 sería el impulso de una nueva reforma laboral. El capítulo de modificaciones a la ley de contrato de trabajo contenido en la ley bases habría sido tan solo el primer paso en un proceso de avances sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Si bien el discurso oficial no avanzó en los detalles que tendría esta reforma laboral, la actuación del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados puede dar un indicio de algunas dimensiones que formarán parte del nuevo ataque oficial”. Así, se recordó que “en efecto, a fines de noviembre de 2024 un grupo de 15 diputados del bloque oficialista presentó un proyecto de ley denominado “Ley de promoción de inversiones y empleo” que contiene un capítulo de reformas a la Ley de Contratos de Trabajo. En todos los casos se trata de cambios reclamados por los empleadores, algunos de ellos desde hace muchos años y que habían sido incluidos en el DNU 70/23.” Entre los principales temas que se abordaron se mencionó la “modificación del principio de irrenunciabilidad”, que permitirá que “los trabajadores renuncien a los derechos que surgen de su contrato individual y que están por encima de los mínimos establecidos por la ley y por los convenios colectivos de trabajo”; la “modificación de las condiciones de trabajo”, que introduce cambios en el derecho que hoy “tienen los empleadores a introducir cambios en la forma y modalidades en las que se desarrolla el trabajo, por lo que al trabajador, frente a un cambio irrazonable en las condiciones de trabajo solo le quedará la opción de considerarse despedido y reclamar una indemnización. Por el contrario, si el trabajador prioriza el mantenimiento de la fuente de trabajo no tendrá otra opción que aceptar los cambios decididos unilateralmente por el empleador”. También se mencionó los “tickets canasta y conceptos no remunerativos” que rememoraron a los años 90 en los que proliferaron “bonos no remunerativos destinados a la compra de alimentos que fue uno de los mecanismos elegidos por los empleadores para precarizar el salario de los trabajadores. Una parte importante del ingreso era abonada con estos bonos (podía representar hasta el 20% del total), a los que la ley no consideraba parte de la remuneración y que por lo tanto no estaban sujetos a aportes al sistema de la seguridad social ni eran tenidos en cuenta para la determinación del cálculo de numerosos institutos laborales (salario anual complementario, indemnizaciones, entre otras)”. La regulación de la “licencia anual ordinaria (vacaciones)” fue otro tema importante. Se señaló que “el proyecto de ley impulsado por los diputados oficialistas flexibiliza al extremo el otorgamiento de las vacaciones anuales. Según el texto del nuevo artículo 154 de la LCT podrían ser otorgadas en cualquier momento del año (hoy tienen que ser otorgadas entre los meses de octubre y abril) y ser fraccionadas en períodos de una semana como mínimo”. También se cuestionó que la iniciativa oficial propone la “regulación de la jornada laboral”, habilitando a que los convenios colectivos de trabajo “modifiquen la jornada laboral con el único límite de respetar un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada. Ya no se trata solo de incluir los bancos de horas y de eliminar el pago de los adicionales por las horas extras. El proyecto va más allá, y no habrá límite alguno para la disponibilidad colectiva de la jornada de trabajo, a excepción del descanso previsto entre una jornada y la siguiente”. El “endurecimiento del régimen de licencias por enfermedad” fue otro ítem del que se señaló que se trata de uno de los mecanismos más novedosos del proyecto” con la “creación de una instancia de revisión en el ámbito del Ministerio de Capital Humano sobre los certificados médicos que presentan los trabajadores que padecen enfermedades o accidentes no vinculadas con el ámbito del trabajo. Para ello, se faculta a dicho ministerio a conformar una lista de peritos oficiales ante los cuales los empleadores podrán plantear la existencia de dudas sobre la veracidad del certificado presentado o la exactitud de su contenido”. El “pago en juicio de las sentencias por reclamos laborales” propone habilitar “a las PyMES a pagar las sentencias por juicios laborales en 12 cuotas, previendo un mecanismo de actualización. Este beneficio no se extiende a otras sentencias que deban afrontar estas empresas, que deberán ser abonadas según los plazos establecidos en las normas procesales correspondientes. De esta manera, se trata de un beneficio que las alcanza no en su carácter de PyMES, sino por el hecho de ser empleadoras”. Finalmente se abordó la “tercerización en el trabajo agrario”, de la que “el proyecto modifica la ley 26.727 para facilitar la subcontratación y tercerización de trabajadores en el sector rural. Esta reforma va en la misma dirección que los cambios establecidos en la ley bases para los trabajadores comprendidos en la LCT, e impone mayores obstáculos para que el titular de la explotación principal sea responsabilizado por los incumplimientos de las obligaciones laborales por parte de quien figure formalmente como empleador”. (APFDigital)

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