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Parana » Inventario22
Fecha: 14/01/2025 05:43
El Gobierno afronta una semana que será clave para tejer la red de consensos sobre la que caerán los siete proyectos que pidió para que se traten en el período de sesiones extraordinarias, de cara al 20 de enero. Con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la cabeza de las negociaciones, en Casa Rosada planifican un desfile de legisladores para estas próximas semanas. El decreto se publicará en el Boletín Oficial este lunes. La convocatoria se asimila a un piletazo propio del “Principio de Revelación” que caracteriza al juego libertario, puesto que no hubo un sondeo de apoyo parlamentario previo al llamado. De hecho, en Casa Rosada sorprendieron con un adelanto de lo que se esperaba que suceda directamente en febrero, luego de haber suspendido la convocatoria que pensaron para diciembre del 2024. Pero en el Gobierno decidieron ir a por todo, bajo la idea de que hay un consenso generalizado de al menos suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) -que presiona con los plazos electorales- y con la necesidad de completar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, tras el retiro del juez Juan Carlos Maqueda. Las sesiones serán, en principio desde el 20 de enero hasta el 21 de febrero, según oficializó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Este lunes el Gobierno va a definir, según pudo saber BAE Negocios, a qué legisladores van a citar en Casa Rosada para tener un primer acercamiento con los distintos sectores “dialoguistas” del Congreso. El PRO, la UCR, el MID e incluso Encuentro Federal son los bloques target. Cristian Ritondo, el jefe de la bancada amarilla en Diputados, ya fue convocado la semana pasada, pero todavía no tienen una agenda fija. Ley Antimafias El primer proyecto en la lista es el conocido como “ley antimafias”, patrocinado por la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich. Este ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y su tratamiento en el Senado nunca pudo avanzar ni en comisiones. En esencia, plantea aumentar las penas de quienes integren organizaciones delictivas asociadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos. Uno de los puntos más controversiales es que la pena máxima, de ocho a 20 años de prisión, se le aplique también a quienes conformen la organización, aunque no estén involucrados directamente con el hecho. Juicio en Ausencia Por su parte, el proyecto de ley de Juicio en Ausencia consiste en la habilitación de enjuiciamiento a los imputados por delitos de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa, tortura y terrorismo, aunque éstos no estén presentes. De esta manera, se pone sobre la mesa principalmente a los acusados prófugos por el atentado a la sede de la AMIA -la normativa actual no permite culminar el proceso si el imputado está ausente-. Dentro de los requisitos que esboza el proyecto se encuentran: que el imputado debe ser declarado “rebelde” -que, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presentare, respondiere, acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial-, que “se hubieren hecho intentos razonables por tenerlo a derecho” durante cuatro meses o desde el dictado de una orden de captura, o que el país extranjero niegue o no de respuesta al requerimiento de extradición formulado por la Argentina. Ley de Reiterancia Otro proyecto que modificaría el Código Procesal Penal es el de Ley de Reiterancia, que tiene el objetivo de reducir el riesgo de fuga de un imputado. También impulsado por la ministra Bullrich, el proyecto establece que si un procesado comete un nuevo delito, va preso. “Las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada”, formula el proyecto. Reforma electoral La prioridad del Gobierno es aprobar el proyecto de reforma política denominado “Reforma para el Fortalecimiento Electoral”, contrarreloj contra los plazos electorales del 2025. Como plato fuerte propone eliminar las PASO, algo que no asoma futuro sin el apoyo del kirchnerismo, puesto que necesitan de la mayoría absoluta del total de los miembros de ambas Cámaras para sancionarlo. El “plan B” del Ejecutivo es avanzar hacia la suspensión, pero no cederá sin dar batalla por la eliminación, que implicaría un ahorro de “150 millones de dólares”, según Francos. El PJ tiene los intereses alineados con los libertarios en este sentido porque les permitiría ordenar a dedo las candidaturas. El proyecto del oficialismo también incluye un apartado dedicado a modificar el financiamiento de los partidos políticos, algo que incluso los libertarios del Congreso reconocen que será un obstáculo en el procedimiento legislativo, aunque en Casa Rosada lo ven como una carta fuerte de negociación. Ficha Limpia Luego de que los diputados libertarios hayan sido acusados de haber hecho un pacto con los K para boicotear el proyecto de Ficha Limpia que lideró el PRO a fin del año legislativo 2024, ahora el Gobierno retrucó con una propuesta propia y “perfeccionada” que todavía está pendiente de darse a conocer. La iniciativa consiste en evitar que las personas condenadas por delitos de corrupción puedan postularse en elecciones. El debate principal giró entorno a los delitos que debían ser contemplados y si con una condena en primera instancia era suficiente. El proyecto de la diputada amarilla, Silvia Lospennato, finalmente fijó el límite en una segunda instancia. El Gobierno criticó, finalmente, el proyecto del PRO y se comprometió a esbozar uno nuevo, aunque no alzaron la voz en ese sentido durante el tratamiento en comisión. “En algún momento el proyecto Ficha Limpia va a ser una realidad”, prometió Adorni, quien advirtió que “tiene que tener los reparos suficientes para que los malos no dejen afuera a los buenos inventando denuncias y haciendo que éstos no puedan participar”. Compensación e índice de actualización de Quebrantos Como novedad, en la lista de proyectos que faltan remitir al Congreso incluye uno denominado “Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos”. La legislación actual no permite la actualización por inflación de los quebrantos impositivos, algo que la Dirección Nacional de Impuestos del ministerio de Economía que comanda Luis Caputo ratificó en un dictamen en diciembre del 2024. Pliegos de la Corte Suprema Por último, el Senado deberá tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los magistrados que seleccionó el Gobierno de Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Como contó este diario, es otro de los puntos del menú más urgentes, dado que el Supremo a partir de este 2025 está funcionando con solo tres miembros, tras la jubilación de Maqueda. La postura del Gobierno, durante todo el año pasado, fue inamovible sobre que se aprueben los dos candidatos o ninguno. Ante los desacuerdos por Mansilla, ahora evalúan ser más flexibles: “Vamos a tratar de avanzar con extraordinarias para que ingresen ambos, veremos qué pasa. Y si no conseguimos a ambos… tendremos que mandar a GM por decreto”, le confió a BAE Negocios uno de los funcionarios que trabajan la estrategia judicial. Necesitan los dos tercios del Senado para poder aprobarlos.
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