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» Diario Cordoba
Fecha: 13/01/2025 11:47
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que llevará al Congreso de los Diputados una reforma para enducerer la compra de viviendas por parte de extranjeros de fuera de la Unión Europea, además de una 'macroreforma' fiscal que incluirá bonificaciones a los propietarios que alquilen viviendas a precios asequibles y penalizaciones a los grandes socimis y fondos, además de para aquellos que exploten sus inmuebles en uso turístico. "Los no residentes de la Unión Europea compraron en España 27.000 pisos. Lo hicieron no para vivir, sino para especular, para ganar dinero con ellas, algo que en el contexto de escasez no podemos permitirnos. El Gobierno de coalición progresista siempre hemos abrazo inversión extranjera, pero queremos que sea productiva, fomente la innovación y cree nuevos puestos de trabajo, no que sirva para especular, como si fuese un activo financiero o depósito bancario", ha señalado Sánchez, durante la clausura del foro 'Vivienda, quinto pilar del Estado de bienestar'. Un acto en el que estuvo acompañado por hasta once ministros, todos del ala socialista del Gobierno. Más viviendas a la nueva empresa pública Las doce medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo giran, según expresó, en torno a tres objetivos: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. En total, el Gobierno implementará doce medidas. La primera es la transferencia de casas y suelos a la nueva Empresa Pública de Vivienda, que es la actual Sepes. "La Administración General del Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible. También se incorporarán 13.000 viviendas de Sareb de forma inmediata y otras 17.000 más progresivamente", explicó Sánchez. Además, Sepes dispondrá de un derecho de tanteo y retracto cuando se vaya a vender una vivienda o un suelo en el mercado libre, que será "supletorio" al que ya existe en algunas comunidades autónomas. Esto quiere decir que cuando un particular acuerde la venta de un activo con otro, la empresa pública dispondrá del derecho a adquirirlo al mismo precio. La tercera medida será un blindaje "garantizando por ley" de la vivienda protegida construida por el Estado, que será de forma indefinida de titularidad pública. Medidas fiscales para pequeños propietarios El Ejecutivo ha incluido en este paquete de reformas varios cambios fiscales. El primero y de mayor aplicación será que aquellos propietarios que decidan alquilar sus viviendas a los precios máximos marcados en el índice de referencia podrán disfrutar de una exención del 100% de las ganancias en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sin la necesidad de que la zona donde se ubica su inmueble sea declarada zona tensionada, aunque este deberá ser aprobado por el Congreso de los Diputados. En paralelo, el Ministerio de Vivienda implementará un sistema de garantías públicas destinado a proteger a propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles, asegurándoles el cobro de la renta. La previsión es que entre en vigor este mismo año para inquilinos menores de 35 años. Mayores impuestos a los pisos turísticos Entre las doce medidas anunciadas, se incluyen otras en la línea opuesta. El Gobierno llevará también al Congreso una reforma del régimen fiscal de las socimis, condicionando sus ventajas tributarias a la promoción de vivienda en alquiler asequible. También propondrán en la Cámara Baja que las viviendas turísticas "sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística". Precisamente, en este último punto, el Ejecutivo creará un fondo del que se podrán beneficiar los gobiernos autonómicos y locales para reforzar los equipos de inspección de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda. Nuevo Plan de Estatal de Vivienda en 2026 La intención del Gobierno es aprobar un nuevo Plan Estatal de Vivienda que entre en vigor en 2026. El foco de este nuevo programa será la atención a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas. Adicionalmente, a todas las medidas mencionadas se suma la ley del suelo, que fue retirada justo antes de su votación en el Congreso en mayo.
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