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Parana » ER 24
Fecha: 11/01/2025 03:56
Preocupado por el juicio político, Portela explica la liberación de Urribarri Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, se encuentra en el centro de una controversia judicial y política tras haber otorgado la libertad al exgobernador Sergio Urribarri. En un intento por justificar su voto, Portela insiste en que su decisión se basó estrictamente en cuestiones legales. Sin embargo, la medida ha sido duramente cuestionada, no solo por juristas y sectores de la oposición, sino incluso por actores vinculados al oficialismo judicial. Portela, cuya trayectoria está marcada por sus vínculos con el kirchnerismo, fue asesor del exsenador ultra kirchnerista Guillermo Guastavino, mano derecha de Néstor Kirchner. Hoy, gracias al apoyo del peronismo, logró acceder a la presidencia del máximo tribunal de la provincia. Este pasado político, sumado a la polémica resolución que benefició a Urribarri, ha despertado sospechas sobre su imparcialidad e independencia como magistrado. El recurso presentado en feria judicial recibió un tratamiento exprés, lo que llevó a la diputada nacional Gabriela Lena, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, a dejar entrever la posible ilegalidad del procedimiento. Según Lena, «la habilitación de la feria para tratar este caso carece de fundamento jurídico sólido y sienta un precedente peligroso para la administración de justicia». Incluso Cecilia Goyeneche, reconocida por su papel en casos de corrupción, calificó la decisión como una «aberración jurídica» y un «escándalo institucional». Este término, que resuena como una sentencia en sí mismo, pone de manifiesto la gravedad de una resolución que no solo favorece a Urribarri, sino que también erosiona la confianza en el sistema judicial de Entre Ríos. La liberación de Urribarri llega en un momento crítico para Portela, quien enfrenta crecientes rumores sobre un probable juicio político en febrero. Este panorama ha llevado a especular que la controvertida decisión es, en realidad, un intento desesperado por calmar las tensiones políticas y disipar los cuestionamientos hacia su propia gestión. La situación no solo refleja las tensiones internas en el Poder Judicial, sino también el peso de las presiones políticas en un tribunal que debería actuar con independencia. En este contexto, Portela parece estar más preocupado por salvar su propia posición que por garantizar el respeto a los principios jurídicos fundamentales. El escándalo pone nuevamente en tela de juicio el funcionamiento de la justicia en Entre Ríos, donde las decisiones controversiales parecen ser moneda corriente. La sombra de un juicio político se cierne sobre Portela, y sus explicaciones públicas no logran disipar las dudas sobre una medida que, según sus críticos, tiene más de político que de jurídico.
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