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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 08/01/2025 13:01
El exgobernador de la provincia estaba preso desde noviembre por orden de la Casación provincial; el supremo tribunal revocó la prisión domiciliaria también para su cuñado. El Supremo Tribunal de Entre Ríos ordenó este miércoles liberar a Sergio Urribarri, exgobernador de la provincia, al hacer lugar a un pedido de impugnación que su defensa realizó contra el fallo de la Casación que en noviembre dispuso su prisión preventiva, tras ser encontrado culpable por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo contempló también la liberación del exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, cuñado del también exembajador kirchnerista en Israel, cuya defensa planteó el mismo recurso. “La prisión preventiva es la medida cautelar de coerción personal más severa posible y por ende reviste carácter excepcional”, señaló el tribunal de feria que por mayoría revocó el fallo de la Casación y dispuso la liberación de Urribarri con los votos de Germán Carlomagno y Leonardo Portela. Los magistrados, a contramano de la Casación provincial y la fiscalía, entendieron que no existía un riesgo latente de fuga. “En el presente caso, no existe peligro de entorpecimiento en la investigación, ya que la etapa de investigación está clausurada, el ‘peligro de fuga’ que advierten los tribunales inferiores no posee anclaje concreto en circunstancias de la causa”, señaló Carlomagno, que lideró el voto del tribunal. “Se vislumbra la ausencia de fundamentación y la consecuente clara arbitrariedad de la resolución dictada por la Cámara de Casación, ello ante la falta de razones concretas y objetivas que ameriten la imposición de la medida cautelar más gravosa en el orden procesal”, agregó el magistrado. Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. La sentencia no está firme porque el caso tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin plazos para pronunciarse sobre el caso. Los defensores del exmandatario provincial son los abogados Fernando Burlando, Leopoldo César Cappa, y Javier Ignacio Baños.
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