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» Diario Cordoba
Fecha: 05/01/2025 12:48
Un sector de los consumidores, además del precio y la calidad del producto, comienza a fijarse en la sostenibilidad y las palabras «ecológico», «bio» y «sostenible» son cada vez más comunes en los artículos que consumimos. Las estrategias publicitarias que utilizan algunas compañías presentan al consumidor sus mercancías como si fuesen sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, cuando en realidad no lo son. Intentan atraer a los clientes sin que en realidad exista un respaldo real de lo que ofrecen. El término Greenwashing fue acuñado en 1986 por Jay Westerveld, que se inspiró en un cartel de un hotel que promovía la reutilización de toallas. Sugería dejar colgadas las toallas para su reutilización y dejarlas en el suelo para ser reemplazadas. Es cierto que se ahorran miles de litros de agua, sin embargo, la misma empresa estaba llevando a cabo una expansión que tenía un fuerte impacto ambiental negativo. Era un claro ejemplo que utilizaba la preocupación del cliente con el medio ambiente para reducir costes. Está práctica verde se ha ido instalando en muchas empresas que venden productos sostenibles cuando en realidad no lo son. Además, existe cierto vacío legal que aprovecha esta estrategia publicitaria ante una sociedad cada vez más concienciada con lo verde. Cualquier persona tiene gran dificultad de reconocer si lo que le venden como producto verde en realidad lo es, hay que estar muy formado y saber buscar para conocer si la sostenibilidad que venden es real o no. Para identificar si una empresa realiza esta práctica hay que tener en cuenta varios factores como la falta de pruebas, ya que se omiten datos o no se encuentra información verificable o certificada que permita evidenciar que el producto es realmente amigable con el medio ambiente; se promociona el producto como verde, pero se dejan otros aspectos de la empresa que generan impactos medioambientales; se atribuyen cualidades con poca información o poco comprobables; se usan etiquetas no aceptadas y que no garantizan que el producto sea sostenible; se realizan prácticas ambientales que pueden generar confianza y pueden ser ilegales; o se usan certificados falsos al no estar certificados por una norma y sus afirmaciones no son reales. Pasos de la Unión Europea La Unión Europea, otra vez más, dio el primer paso el 22 de marzo de 2023 con la aprobación de una directiva que modifica a otras dos. Tiene como objetivo principal empoderar a las personas consumidoras para la transición ecológica, proporcionándoles una mejor protección contra prácticas comerciales desleales y mediante una mejor información. Exige a las empresas que justifiquen las declaraciones ecológicas voluntarias que realizan en sus prácticas comerciales entre empresas y consumidores, cumpliendo una serie de requisitos relativos a su evaluación. Entrará en vigor en el año 2026, y en tanto se produce, los estados miembros tienen tiempo suficiente para adaptar su legislación. Se presta atención a prácticas engañosas como la obsolescencia temprana, las afirmaciones medioambientales engañosas, las características sociales de los productos o los distintivos de sostenibilidad poco transparentes. El Parlamento Europeo, también en el mes de marzo, se posicionó sobre una nueva directiva, pendiente de aprobar por la Comisión y conocida como Green Claims, sobre alegaciones medioambientales o alegaciones ecológicas que obligaría a las empresas a probar sus afirmaciones ecológicas antes de anunciar productos como «biodegradables», «menos contaminantes», «que utilizan menos agua» o que tienen «contenido bio». Recientemente se ha publicado una monografía titulada 2024 Anuario. Alerta Greenwashing, en el que se recoge que este año se han producido las primeras denuncias formales a empresas de diversos sectores, especialmente en el ámbito de las energéticas y la alimentación. En concreto, contra Repsol por su publicidad sobre los biocombustibles a base de aceite de palma, en la que se vulneran presuntamente la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal; la embotelladora Aigües de Viladrau por incluir en su página web muchas declaraciones ambientales que inducen al consumidor a pensar que se encuentra ante una empresa comprometida con el medio ambiente, sin hacer referencia en ningún momento al impacto ambiental de su actividad; pero la denuncia más viral fue la realizada por Iberdrola contra Repsol por vía judicial por competencia desleal referida a la ya mencionada campaña. Por fin los consumidores tendrán una herramienta para verificar los productos que adquieren porque pronto habrá una normativa para erradicar esta forma de engaño, aunque el camino no se augura fácil porque las presiones serán grandes. De hecho, el Ministerio de Consumo presentó el 15 de marzo el borrador de una futura Ley de Consumo Sostenible y una guía de alegaciones que ha encontrado numerosos escollos en la consulta pública. Veremos lo que depara el futuro. Suscríbete para seguir leyendo
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