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» Diario Cordoba
Fecha: 05/01/2025 12:21
Desde hace más 17 años, las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de nuestro país vienen sufriendo una situación de discriminación profesional en la Administración Pública que, además de ser injusta, carece de cualquier justificación racional. Estos profesionales sanitarios, a pesar de contar con formación universitaria de Grado, equivalente a la de otros titulados que ostentan la categoría profesional del subgrupo A1, son clasificados sistemáticamente en el subgrupo A2, lo que representa un agravio comparativo inadmisible. La raíz de esta problemática se encuentra en la falta de actualización de la normativa que regula la clasificación profesional en el ámbito público. Con la implantación hace más de 15 años del Espacio Europeo de Educación Superior, fruto de los acuerdos de Bolonia, se unificaron las titulaciones de Grado y se extinguieron los planes formativos de licenciaturas y diplomaturas, otorgando a todos los egresados universitarios el mismo nivel académico de Grado. Sin embargo, desde entonces, las enfermeras y fisioterapeutas no han visto reflejado este cambio en su clasificación profesional. Otros artículos de Rafael Osuna Esto supone que, por ejemplo, una persona que haya finalizado los estudios de Grado en Biología, Química, Ciencias de la Información, Economía, Psicología, Derecho, Informática, etc., todos ellos Grados universitarios con una dotación de 240 créditos ECTS y 4 años de duración, ostentará el subgrupo A1. Por el contrario, si decide cursar el Grado de Enfermería, con la misma dotación de créditos (240 ECTS) e idéntica duración (4 años), se clasificará en el subgrupo A2. ¿Por qué? Simplemente, porque nuestra Administración se niega a reconocer y corregir un hecho tan claro, manifiestamente injusto y discriminatorio. Esta realidad, además, tiene un impacto particularmente negativo sobre las mujeres, que constituyen la mayoría de los profesionales en Enfermería y Fisioterapia. Retenerlas en una categoría inferior implica mantener el «techo de cristal» que históricamente ha limitado el acceso de las mujeres a posiciones de mayor responsabilidad y liderazgo. Así, la invisibilidad que tradicionalmente han sufrido estas profesiones, eminentemente femeninas, se perpetúa, socavando su capacidad de progresar. Ante esta flagrante discriminación, desde SATSE se reclama una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y del Estatuto Marco de los Servicios de Salud. La eliminación de la división en subgrupos A1 y A2 dentro del Grupo A es una medida imprescindible para garantizar la equidad y el reconocimiento que merecen estos colectivos. Este cambio, sin embargo, no debe limitarse a una reclasificación simbólica, sino que debe ir acompañado de un justo reconocimiento que permita el acceso a puestos de dirección, gestión, investigación y docencia. Insistir en mantener esta situación supone perpetuar un sistema que no solo discrimina, sino que genera tensiones internas en las disciplinas afectadas, alimenta un clima de desigualdad y descontento que amenaza con fracturar el tejido profesional y desincentivar la vocación de muchos jóvenes. Desde SATSE, apelamos al sentido común, a la justicia y al consenso para abordar esta reforma necesaria. No se trata de privilegios ni de favores, sino de aplicar criterios objetivos y equitativos que reconozcan el valor de unas profesiones que resultan esenciales para el bienestar de nuestra sociedad. A igualdad de formación académica, debe corresponder una igual clasificación profesional. Es hora de que la Administración Pública deje de ignorar esta demanda legítima y asuma su responsabilidad. Suscríbete para seguir leyendo
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