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Concordia » Hora Digital
Fecha: 03/01/2025 16:25
La Policía Federal supervisó la entrada del personal mientras que la Comisión Provincial por la Memoria identificó que se grabó a los manifestantes que protestaban contra el vaciamiento. La legisladora Victoria Montenegro está preparando una denuncia contra el secretario Alberto Baños. Una larga fila de trabajadores se formó a las afueras de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, situada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Antes de poder ingresar, cada uno debía identificarse ante un agente de la Policía Federal Argentina, quien verificaba su nombre en un listado en su celular y decidía si podían entrar o no. Esta escena fue la protagonista de la mañana en el lugar, donde se vivieron momentos de angustia pero también de solidaridad entre los presentes. Por otro lado, mientras ocurrían estos controles en la ESMA, en los tribunales de Comodoro Py se presentaba una denuncia por actividades de inteligencia ilegal en un espacio de memoria ubicado en Avenida del Libertador 8151. La denuncia fue realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por Dora Barrancos y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. Durante la jornada se advirtió la presencia de policías de civil entre los manifestantes durante un acto de defensa de las políticas de derechos humanos llevado a cabo en el sitio de memoria. Esta situación generó preocupación y el material recopilado al respecto fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo. Este escenario se suma a un contexto de crisis en la Secretaría de Derechos Humanos, donde recientemente se han producido cierres y reestructuraciones que han afectado a diversos espacios de memoria. El cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti ha sido uno de los puntos más álgidos de esta crisis, generando incertidumbre y malestar entre los trabajadores y activistas del ámbito de los derechos humanos. La falta de diálogo por parte del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ha generado un clima de tensión y descontento en el sector. Organizaciones y referentes de derechos humanos han manifestado su repudio ante estas decisiones y han anunciado medidas legales y de protesta para visibilizar el conflicto y defender la memoria histórica.
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