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Concordia » Ciudadsatelite
Fecha: 02/01/2025 22:06
El Tribunal Oral Federal de Paraná, a cargo de la jueza Lilia Carnero, rechazó el pedido de absolución para Eduardo Daniel Mella y Eduardo Ramón Burgos, argumentando que no se violó el principio constitucional de plazo razonable. Ambos condenados participaron en una red de contrabando que involucró aduanas de Uruguay, Chile y Argentina. Operaciones ilegales y rol de los implicados La investigación abarcó 42 operaciones de contrabando, en las cuales Mella estuvo involucrado en 13 y Burgos en 41. Según Carnero, estas maniobras ilegales consistieron en la manipulación de documentación aduanera para ingresar mercadería al territorio argentino sin pagar los derechos correspondientes. La jueza destacó que Eduardo Mella, como agente aduanero, suscribió actas de inspección que falseaban el contenido de los cargamentos. Por su parte, Burgos facilitó las operaciones ilegales al coordinar acciones con agentes y auxiliares aduaneros, despachantes, y transportistas de zonas francas en Uruguay y Chile. Impacto económico Carnero enfatizó que estas acciones perjudicaron tanto al Estado nacional como a la industria local, ya que se liberó mercadería extranjera sin tributar, generando una competencia desleal. Condenas Eduardo Daniel Mella: Tres años de prisión condicional, inhabilitación especial por tres años para ejercer el comercio, inhabilitación absoluta por seis años para desempeñar cargos públicos y pérdida de privilegios y prerrogativas. Eduardo Ramón Burgos: Cinco años de prisión, inhabilitación especial por cinco años para ejercer el comercio, inhabilitación absoluta por diez años para desempeñar cargos públicos y pérdida de privilegios y prerrogativas. Modus operandi Las maniobras comenzaban en zonas francas uruguayas, donde se manipulaban documentos para simular tránsitos internacionales hacia Chile. Estas destinaciones eran alteradas para permitir la descarga de mercadería en territorio argentino sin control efectivo. La jueza sostuvo que los trayectos kilométricos y la complejidad de las operaciones no respondían a una lógica comercial genuina, sino al encubrimiento de actos de contrabando planeados. Pruebas y conclusiones El caso fue impulsado por denuncias del Director General de Aduanas y la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando (Ufitco). La jueza confirmó que los 42 hechos investigados demostraron un patrón repetitivo de irregularidades, con intervención de funcionarios argentinos que avalaron las operaciones fraudulentas.
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