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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 31/12/2024 02:30
La última reunión de la CGT con Guillermo Francos, Julio Cordero y Santiago Caputo, el 30 de septiembre pasado La CGT ya tiene su primera preocupación para 2025: el Gobierno decidió avanzar el año que viene con la sanción de un proyecto de ley que plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo ya rechazadas por el sindicalismo porque estaban incluidas en el DNU 70 frenado por la Justicia. Se trata del proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas del mismo bloque, entre quienes están José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, titular de esa bancada. Fuentes del oficialismo admitieron a Infobae que hay una decisión política de priorizar su aprobación en el Congreso en el primer semestre de 2025 porque apunta a “facilitar e impulsar el crecimiento de las empresas (especialmente las pymes), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”. De todas formas, admitieron que se habilitará la posibilidad de que otros bloques parlamentarios propongan modificaciones en el texto de la iniciativa para que no se frene su sanción. Javier Milei y la diputada libertaria Romina Diez En la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, destacaron que “ese proyecto es bueno para todos, especialmente para los trabajadores y para la generación de empleo, y no afecta un solo interés gremial”. Una idea que manejan en el área laboral del Ministerio de Capital Humano es tratar de consensuar el contenido de la iniciativa con la CGT y el empresariado, aunque en el sindicalismo temen que sentarse a negociar con el Gobierno sobre este tema equivalga a “convalidar la pérdida de derechos de los trabajadores”, según advirtió a Infobae un jefe cegetista. La inquietud sindical fue creciendo luego de Javier Milei anunció el 10 de diciembre pasado, en su discurso por el primer año de su gestión, que impulsará “una verdadera reforma laboral”, algo que sorprendió a los gremialistas porque el tema no surgió en los contactos reservados que mantienen con funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo. Según un sindicalista de peso, “los números en el Congreso siguen siendo ajustados y hay que ver si ese proyecto pasa o no, pero dependerá mucho del nivel de diálogo que tenga la CGT con el Gobierno”. “Si hay una mesa de diálogo con nosotros, impulsar ese proyecto sería para romper la relación porque en el texto se incluye todo lo que quedó afuera de la Ley Bases y lo que estaba en el DNU 70 y quedó frenado por la Justicia a partir de un amparo de la CGT”, agregó. Este mismo dirigente cegetista señaló que el Gobierno podría impulsar el proyecto para “usarlo electoralmente”, pero su impresión es que será difícil que avance en marzo o abril en el Congreso. El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y el funcionario de Economía Juan Pazo, en la conferencia industrial (Foto Adrián Escandar) El proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo fue anunciado el 27 de noviembre pasado en la 30° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) por el entonces secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, mano derecha de Luis Caputo, que una semana después asumió como titular de ARCA, la ex AFIP, y contó con el apoyo de la central fabril. Los primeros 17 artículos contemplan cambios en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo como, por ejemplo, el referido a la irrenunciabilidad: el texto sostiene en su primer artículo que “será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”. Este punto permitiría que todas aquellas condiciones acordadas por encima de la ley o los convenios colectivos de trabajo, es decir las convenidas entre las partes o por usos y costumbres, pueden ser renunciables por el trabajador, como el pago de una suma mensual por encima del salario de la categoría de convenio. El artículo 2° plantea la modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo que sostiene que “el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador” y que “cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa”. El secretario de Trabajo, Julio Cordero El proyecto de la diputada Romina Diez, en realidad, elimina lo que dice la norma a continuación: la posibilidad de “accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas” y, “en este último supuesto, la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva”. Además, la iniciativa libertaria incluye la definición de “beneficios sociales” como prestaciones no remunerativas y detalladas para trabajadores (como alimentación, gastos médicos, guarderías o capacitación); mejoras en los sistemas de pago, estableciendo modalidades electrónicas y nuevas disposiciones para el registro y la conservación de los recibos de sueldo, y cambios en el régimen de vacaciones, permitiendo flexibilidad en su otorgamiento y la fragmentación de los períodos. Permite la instrumentación de sistemas de banco de horas, horas extras y otros esquemas flexibles a través de convenios colectivos, y la definición de derechos y plazos en casos de enfermedad o accidente, garantizando el salario durante los períodos de incapacidad y regulando el procedimiento de certificación médica, y contempla la “modernización” del Régimen de Trabajo Agrario. El proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (Foto EFE/Juan Ignacio Roncoroni) Otro capítulo del proyecto está referido al “Incentivo al empleo” y contempla lo siguiente: Bonos de Crédito Fiscal para nuevas contrataciones, Beneficios impositivos por 12 meses según el tamaño de la empresa (micro: 100%, pequeñas: 75%, medianas: 50% y grandes: 25%). Aplicación de los bonos exclusivamente para contratos que incrementen la nómina total respecto al período base. Suspensión paulatina de planes de asistencia social para quienes ingresen al empleo formal. Bonificación del 100% en contribuciones patronales por nuevos empleados provenientes del sector público, con exclusiones para determinados cargos de alta jerarquía. La CGT rechaza el proyecto oficialista que rescata el DNU 70 En otro título del proyecto, llamado “Fomento a la producción y productividad”, figura: Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), Incentivos a inversiones superiores a USD150.000 (microempresas) hasta USD 30.000,000 (grandes empresas) en bienes de capital y obras de infraestructura. Beneficios específicos incluyen amortización acelerada, reducción de plazos para la devolución del IVA, y exclusión de nuevos regímenes tributarios. Exclusión del régimen a personas o entidades con antecedentes judiciales graves, deudas fiscales o relacionados con grandes inversiones. Beneficios fiscales adicionales: exenciones en derechos de exportación para MiPyMEs hasta 2026 si superan montos previos experimentados en exportaciones.
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