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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 27/12/2024 14:44
La causa que investiga los Contratos Truchos en la Legislatura -una compleja maquinaria que entre 2008 y 2018- extrajo cuantiosas sumas de dinero de las arcas del Estado provincial mediante la celebración de contratos laborales a monotributistas, en apariencia apócrifos- tiene fecha de inicio de las audiencias para determinar su remisión a juicio oral y público: será a partir del 22 de abril de 2025 y por un plazo de cuatro meses, hasta septiembre. El proceso analizará qué ocurrió con 771 contratos laborales con monotributistas, el rol de los reclutadores, los recaudadores, los estudios contables que actuaban como intermediarios, y la función y responsabilidades de las áreas administrativo contables de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Son los mandos más altos a los que llegó la investigación del Ministerio Público Fiscal: los administradores Sergio Cardoso, de Diputados, y Gustavo Hernán Pérez, por el Senado. No más arriba. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que participará como actor civil en el proceso penal en procura de lograr el resarcimiento del perjuicio económico producido al fisco, se apoya en un informe pericial de la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y ubica el monto de dinero extraído de forma ilegal de las arcas de la Legislatura en torno a los $2.000 millones, aunque entiende que se trata de un valor histórico, que habrá que actualizar al momento de la realización del juicio. La jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata dirigirá el proceso desde abril próximo al cabo del cual tendrá la responsabilidad de decidir si la causa de los Contratos Truchos finalmente va a juicio oral y público. «Es una causa compleja, prolongada, porque hay mucha prueba por controlar, son muchos abogados y muchos los imputados», analiza el fiscal de Estado en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. «Además, son muchos los contratos -agrega-: se trata de 771 contratos, en los que el Ministerio Público Fiscal imputa que hubo irregularidades». -¿Son contratos truchos? -La investigación del Ministerio Público Fiscal plantea que son irregulares, que son contratos nulos, porque han sido celebrados con algún tipo de vicio en la voluntad administrativa. Según la acusación, para extraer fondos del Estado de manera irregular. Son contratos irregulares que han sido peritados. No es una cantidad abierta sino que es un número cerrado de contratos, que se examinaron, se analizaron, y el Ministerio Público Fiscal, que es el órgano acusador, sostiene que son contratos ilícitos. En ese sentido va la investigación, -¿Cuál es el rol del Estado en esta causa? -Al Estado lo que le interesa en particular es determinar el perjuicio para reclamar el resarcimiento. El Ministerio Público Fiscal promueve la acción penal, y la Fiscalía de Estado busca la reparación patrimonial. Se hicieron pericias para determinar ese perjuicio. Una pericia la hizo el Ministerio Público Fiscal y concluyó en una cifra en dólares, que fue cuestionada porque los contratos en la Legislatura se hicieron en pesos. Entonces, desde el punto de vista reparatorio, la pretensión es la reparación en pesos. Se hizo una nueva pericia, a cargo de una perito del STJ, la contadora Battisti, con intervención de las partes, y se llegó a un perjuicio del orden de los $2.ooo millones en ambas Cámaras, Diputados y Senadores. Pero esto está sujeto a revisión constante. Toda pretensión resarcitoria se actualiza al momento de la efectiva reparación. Recién vamos a saber exactamente el monto del resarcimiento al momento del juicio. Falta todavía. Así, Rodríguez Signes se explaya y sostiene que «el rol del Estado en esta causa es actor civil. A través de la Fiscalía de Esstado se interviene en el proceso penal para conseguir la reparación patrimonial. Si hay delito, y es contra la Administración Pùblica, y tiene contenido patrimonial, la Fiscalía procura la reparación patrimonial». En ese marco, planteó que existen antecedentes de pedidos de reparación o resarcimiento económico por parte del Estado en distintos procesos penales: cita el caso de las compensaciones en la exDirección General de Rentas. «Es una opción. A veces la ejerce la Fiscalía de Estado; a veces, no. En este caso, interesaba particularmente al Estado provincial por la reparación. No era tanto la acción penal sino la acción civil», apuntó. El funcionario sostuvo que «nosotros evaluamos que era más útil intervenir como actor civil que esperar un eventual juicio y luego de que quede firme la sentencia ir por la reparación patrimonial. En este caso, dado la complejidad y gravedad, decidimos este camino». De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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