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Parana » Ahora
Fecha: 26/12/2024 23:37
La jueza de Garantías, Paola Firpo, dispuso este jueves dictar un embargo por unos 77.000.000 de pesos a la firma JIFA SA SAS, propiedad de Andrés Ferreyra, quien explota el Corralón Almafuerte de Paraná. Además, la magistrada le informó a las querellas que deberán unificarse para la próxima audiencia. Y advirtió que si no lo hacen, será ella la encargada de dictaminar. La firma JIFA quedó sujeta a pesquisa porque se detectaron movimientos con la firma SAN MAR SAS, propiedad de Matías Leonel Santa María, principal sospechado de las estafas junto a los hermanos Andrés y Julio Gamarci y Cristian Vital. En la actualidad hay 77 denuncias y un perjuicio determinado en 1.370.000 dólares y más de 313.000.000 de pesos, según se informó a AHORA. Acuerdo Paola Firpo resolvió hacer lugar al acuerdo al que arribaron el fiscal Santiago Alfieri, y José Velázquez, y dispuso el embargo preventivo de todas las cuentas relacionadas con el CUIT de JIFA en el Banco Nación, por la suma de 76.929.962 pesos. Lo dispuso por el plazo de 90 días, habida cuenta de que en días comienza la feria judicial estival. Además, a pedido de la defensa de los hermanos Andrés y Julio Gamarci, que son asistidos por el abogado Emilio Fouces, dispuso el levantamiento de los embargos que se trabaron sobre las cuentas de aquellos. La medida encontró fundamentos en que Fiscalía advirtió que aquellas herramientas financieras no registraron movimientos relacionados con la investigación desde que esta comenzó a sustanciarse el 5 de octubre de 2024. También dispuso que, una vez que se haga efectivo el embargo dispuesto por la suma de 76.929.962 pesos y se notifique del mismo a las partes, cese el embargo del auto Mercedes Benz B34AMG GTS Coupe modelo 2016, del que Velázquez indicó que está valuado en alrededor de 400.000 dólares, y el desbloqueo de las cuentas de JIFA SA SAS, que el letrado interesó porque afectan el funcionamiento de la firma, que tiene como único socio a Ferreyra y se dedica a la venta de materiales para la construcción. Corralón Almafuerte es una empresa que aparece siempre nombrada en inversiones “turbias” y llama la atención la falta de interés de control de órganos como ARCA. La causa original En la apertura de causa, el fiscal Santiago Alfieri indicó que se investigará “si Andrés y Julio Gamarci, Matías Leonel Santa María, y Cristian Vital, a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas SAN MAR SAS -CUIT 30-71697733-8- y JIFA SAS -CUIT: 30-71743858-9, mantuvieron cuanto menos desde hace 5 años una estructura financiera, en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado -2.5% mensual en dólares-, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por más de cientos de miles de dólares a los damnificados”. Por otra parte, AHORA supo que Maximiliano Wagner y Gustavo Bupo mejoraron su situación en la causa, ya que, tras ser acusados de encubridores, lograron presentar los vehículos que la justicia les reclamaba. Bupo es propietario de la concesionaria de autos de alta gama y de lujo V12, ubicada en Avenida de las Américas, de Paraná, que fue allanada meses atrás. Unificar querellas En la audiencia estuvieron presentes cuatro letrados querellantes, de los cuales dos son nuevos. En este sentido, la jueza los conminó a la unificación de las querellas en una o dos. Precisó que las normas así lo disponen y recordó la decisión que adoptó en el contexto de la causa Ilarraz, que presentó la misma situación de numerosas querellas agraviadas por el mismo hecho. Firpo les dio un plazo de una semana para que lo hagan y les señaló que si no lo hacían a partir de acuerdos entre los denunciantes y sus representantes, lo haría ella de oficio, como lo ordenan las normas. En este sentido, dejó claro que esta era la última audiencia que se realiza con todas las querellas individuales.
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