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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 26/12/2024 23:20
El interventor del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Mariano Gallegos, se refirió a las primeras medidas tomadas y a la situación del organismo. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Gallegos aseveró que a dos semanas de la intervención “encontramos una situación económica y financiera más grave de lo que esperábamos, más grave de lo que la Comisión Fiscalizadora había podido auditar en su trabajo de 2024, y ahora estamos abocados a ordenar esa situación, estamos teniendo reuniones con los prestadores para renegociar los contratos, para poner nuevas clausulas y condiciones de cómo queremos que sea la atención del IOSPER para sus afiliados y cuál es el precio de esas prestaciones”. En cuanto a la falta de pago de las prestaciones de noviembre, indicó que “no hay una deuda que se mayor al promedio de todas las obras sociales del país, las prestaciones tienen menos de 40 días de mora. La gran mayoría de las obras sociales del país paga a 60 días”. Asimismo, dijo que el pago de los aportes por casi 22.000 millones de pesos “empezó a normalizarse la semana pasada y estamos recibiendo fondos todos los días”. Estimó que “ente hoy y mañana estarán recibidos todos los fondos”. Consultado por los motivos de la gran cantidad de dinero que debía la obra social, explicó que “básicamente esto se da porque los contratos están firmados con prestaciones que son muy caras”. “El IOSPER compra mal y caro, tenemos malos descuentos de medicamentos, un sistema de auditoría médica muy endeble para las prestaciones de clínicas y demás y eso hace que se dispare el gasto. Es el principal motivo por el cual se disparó el gasto, se hizo deficitaria la obra social y se acumuló tamaño nivel de deuda es porque no está bien gestionado”, sentenció. En tal sentido, refirió que “no ha sido un año fácil, pero los aumentos que recibieron las prestaciones del IOSPER están muy por encima de la inflación y muy por debajo de lo que aumentó el ingreso que tiene la obra social que es lo que aportan el gobierno y los trabajadores”. En cuanto a las amenazas de corte de servicio de parte de los prestadores, evaluó que “la experiencia indica que, si los prestadores son todos de buena fe, la sangre nunca llega al río en este tipo de situaciones. Los prestadores atienden IOSPER desde hace muchos años, IOSPER es el mayor volumen de facturación que tienen y también tienen que avenirse a que en esta nueva época, tenemos que cuidar cada peso que tiene el IOSPER porque si hoy se aumenta y se le paga, pero mañana no se le va a poder pagar más. Ellos van a tener previsibilidad, contratos claros de qué pueden hacer y qué vale, y eso va a ser mejor para ellos que estar todos los meses mendigando el pago. La previsibilidad en salud es clave, y creo que los prestadores no van a caer en el corte en medio de este momento en que estamos negociando”. Del mismo modo, sobre la deuda a clínicas y sanatorios, Gallegos sostuvo que “ningún dirigente de Sanidad llamó para que liberemos fondos. El compromiso de los 670 millones de pesos lo asumimos en la reunión que tuvimos con Acler, yo y el gerente General del IOSPER, y no había ningún llamado ni nadie habló con nosotros por ese tema. Desconozco si (Héctor) Daer llamó al gobernador, pero el IOSPER no puede ser responsable de que las clínicas paguen sus salarios, el IOSPER tiene que ser responsable de pagar sus salarios, tenemos 1.000 trabajadores a los cuales sí tenemos que garantizarles el pago del salario. Las clínicas son entidades con fines de lucro, y con ese criterio de los 670 millones de pesos que les giramos el viernes, tendría que auditarles si lo usaron para el pago de salarios o para qué los destinaron. El IOSPER no es responsable de pagar el sueldo de los empleados de las clínicas, son los dueños de las clínicas los responsables de eso, el IOSPER es responsable de pagar las deudas de lo que consume. La deuda es grande y lo que propusimos es auditarla”. Tras confirmar que ya participó de tres procesos de intervención de este tipo, Gallegos se refirió a las irregularidades detectadas y planteó que “si se paga 20 un lavado de autos que vale 5, cuánto se pagaría una tomografía, y el dato del servicio de cable que se pagaba muestra cómo no se cuida el dinero de los afiliados, en un televisor, en un lavado de auto o en la compra de medicamentos. Entiendo que es una muestra de esa falta de cuidado de los fondos que no son propios”. En cuanto a posibles aumentos de aportes, afirmó que “no se habló con el gobernador de ese tema, asumimos sabiendo que los fondos son determinados, que con eso tenemos que administrar, terminar con el déficit y mejorar la calidad de las prestaciones, que creemos que es posible”. Por otra parte, sostuvo que “no tenemos constancia de que haya falta de entrega de medicamentos, en este momento estamos trabajando y no tenemos reporte de ninguna de las áreas respecto a que haya corte o falta de entrega de medicamentos ni de diabetes ni de ambulatorios”. “Estamos en contacto permanente con el Colegio de Farmacéuticos y nadie nos avisó de un corte en la dispensa ni nada por el estilo”, aseguró. Asimismo, explicitó que “el gerente General está abocado ahora a todo lo que es la regularización del trato al afiliado, estamos en proceso de una nueva comunicación y facilitación por medio de la aplicación para el afiliado y también de resolver temas con las delegaciones del interior, donde en algunas estaban a punto de desalojarnos porque se adeudaban alquileres. (Carlos) Lencina está abocado a refrescar todo lo que tiene que ver con la atención del afiliado en las delegaciones”. En tanto, indicó que “la comisión fiscalizadora sigue cumpliendo su función; entiendo que además de la Universidad que hace una auditoria mensual que el gobernador exigió, también la comisión fiscalizadora está abocada a ese control”. En tanto, confirmó que “el último aumento del 15% anunciado para los prestadores fue dejado sin efecto” y explicó que “era una hoja en una carpeta, ni siquiera se había comunicado ni había pasado por las áreas de la obra social; era una intención de dar un aumento, pero que nunca fue consolidada, fue anunciada en los medios. La carpeta es pública y tiene una sola foja, sin otorgar el aumento”. En relación con el acuerdo con Federación Médica (Femer) y los cobros de plus, el interventor analizó que “como los contratos no son claros, son viejos, están llenos de adendas, es imposible saber efectivamente cuáles son las clausulas que protegen al afiliado y cuáles son las que ponen los médicos. Estamos en vías de hacer nuevos contratos, pero por supuesto que el médico que detectemos que le cobra al afiliado por fuera de lo que le tiene que cobrar, que es un coseguro que tienen pactado desde hace un tiempo, le pediremos a la Federación Médica que lo saque de la lista de prestadores, porque es una actitud poco ética y no corresponde cobrarle más al afiliado de lo que dice el contrato”. “No queremos prestadores que cobren de más al afiliado por fuera de lo que corresponde. Los canales por los cuales el afiliado puede hacernos conocer esta situación, son más complejos y estamos trabajando sobre la aplicación que está hecha sobre sistemas informáticos viejos para refrescarla y que contenga una comunicación más fluida con el afiliado. Y afiliado que quiera enunciar que fue victima de un abuso por cualquier prestador de la obra social, que no tenga duda que vamos a tomar intervención”, advirtió. Consultado por la situación de los amparos judiciales que jaquean al IOSPER, Gallegos admitió que “es un tema muy preocupante para el IOSPER; las prestaciones que se dan por amparo son muy por encima de la media de la que reciben otras obras sociales. Entiendo que una parte grande de falta de cumplimiento de IOSPER en temas administrativos que derivan en esta situación, y lo primero que tenemos que hacer es corregir el circuito por el cual se recibe el pedido de una prestación, rápidamente contestar si la puede dar o no y qué alternativa le da al afiliado, y con eso ya vamos a bajar ostensiblemente el nivel de amparos. Una vez que hagamos ese ordenamiento interno tendremos que tener una reunión con los representantes judiciales para explicar cuál es la situación”. “Uno entiende que un juez recibe un pedido de una prestación médica urgente y parece entenderse que lo que debe hacerse es fallar a favor, pero el tema es cuando aparecen los mismos abogados y jueces. Encontramos casos donde para dar una prestación de 300.000 pesos, hay honorarios de 1.200.000. es un tema que tenemos que ver y también vamos a investigar y estamos confeccionando todas las listas de amparos que tenemos y cuáles son los abogados. Estamos muy atentos a esa situación, pero también estamos haciendo una corrección de nuestros circuitos internos para evitar todos los amparos que se puedan evitar. Y después vamos a analizar seriamente qué es lo que pasa, no sea que estemos también en una industria del amparo”, refirió. En este escenario, reveló que desde la intervención “no hemos tenido contacto con el Ministerio de Salud porque no ha hecho falta todavía, llevamos recién 10 días hábiles de trabajo, estamos en los inicios de la gestión, autorizando firmas, organigramas, reuniéndonos con los prestadores y demás. Una vez que todo eso esté organizando, en caso de ser necesario, tomaremos contacto. Sólo hubo contactos ocasionales, no formales, para garantizar atención en los hospitales si hiciera falta. Han sido reuniones puramente operativas por situaciones médicas”. Agregó también su intención de “ir a las delegaciones; por lo menos a Gualeguaychú, Concordia y alguna más”. Finalmente, indicó que el sueldo de interventor y subinterventora “está fijado en el mismo decreto de designación y es aproximadamente un 80% de lo que gana un ministro. En su caso particular, indicó que no cobra desarraigo ni alquiler. “No tengo viáticos para alquiler de departamento”, aseveró.
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