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» El Ciudadano
Fecha: 24/12/2024 20:18
La provincia de Santa Fe le pidió al Banco Central que embargue por 1.500 millones de pesos las cuentas de la firma Ar Zinc por el daño ambiental provocado en la localidad de Fray Luis Beltrán. El pedido llega tras el fracaso de una audiencia de conciliación celebrada en junio de este año en el marco de una causa penal en la que el Estado provincial demanda a la firma por no realizar las tareas necesarias para evitar la contaminación del suelo que rodea a la empresa y linda con el Paraná. La principal diferencia es el tipo de solución propuesta. Mientras Ar Zinc plantea hacer una obra de un millón de dólares, el Estado exige una remodelación integral que implica una inversión 20 veces mayor. Según explicó el periodista Daniel Bilotta, en el programa de Carlos Pagni “Odisea Argentina”, Ar Zinc fue adquirida en 2021 por Integra Capital, el grupo que preside José Luis Manzano y que nuclea a todas las inversiones del grupo Vila-Manzano, que incluye una cartera muy importante en energía: petróleo, gas, uranio, litio y energía eléctrica a través de Edenor. Hasta 2021 la empresa era propiedad de Glencore, un gigante mundial en la extracción de zinc, que concentra casi el 60 por ciento de las operaciones y que decidió abandonar su actividad en Argentina porque se habían agotado sus yacimientos, el que tenía en Catamarca y el de Santa Fe, ya que Ar Zinc había dejado de operar en 2016. La compra de Manzano, además de los activos, incluyó los pasivos de la empresa del que se destacan tres depósitos en forma de barracas, ubicados a 10 metros por encima de la altura del suelo, denominados A, B y C donde se concentra la jarosita acumulada entre 1975 y 2000. Se trata del barro residual que queda tras la extracción del mineral, que también contiene minerales. Se forma por la oxidación de sulfuros de hierro, especialmente de pirita, y se asocia a la presencia de agua con pH ácido. El principal problema se encuentra en el sector B, ubicado al lado del río Paraná. No sólo constituye un peligro de toxicidad para las especies nativas del río, sino para todas las empresas del cordón industrial que usan el agua del Paraná en su producción. En 2020 el gobierno de Omar Perotti denunció penalmente a Ar Zinc por contaminación ambiental, previo a la adquisición de la firma por parte de Vila-Manzano. Pero la causa recién cobró impulso este año. En abril, el diputado provincial de Creo Ariel Bermúdez ingresó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo tome medidas para conocer el estado actual de la planta donde funcionó Ar Zinc. El gobierno de Maximiliano Pullaro denunció en la Justicia penal dos formas de contaminación muy peligrosas: el desmoronamiento de la barranca, que ya ocurrió parcialmente y por lo que se multó a la firma; y el filtrado de los tóxicos por el efecto secundario del agua de lluvia, que cae por el depósito y filtra a la napa subterránea. En junio hubo una audiencia de conciliación entre la firma y el Estado provincial pero no hubo acuerdo. Según explicó Bilotta, Ar Zinc ofrece hacer una obra conocida como capping, una especie de techado de los depósitos para taparlos del agua de lluvia, pero el gobierno de Santa Fe reclama un plan integral de remediación y un seguro de caución como garantía financiera si la obra no se realiza. La intervención exige contratar a una empresa especializada para que retire el barro, lo trate en horno y elimine el tóxico, con un plazo estimado de un año. La principal diferencia entre ambos planes es el costo de inversión que implican. Mientras la propuesta de la firma se estima en un millón de dólares, el plan de remediación implica un monto 20 veces mayor. Según Bilotta, desde la firma aseguran que están en diálogo con el gobierno provincial y que faltan algunos detalles técnicos para llegar a un acuerdo. En tanto, adelantaron que una vez resuelto el tema ambiental, van a montar una empresa de logística que repartirá leche en polvo, a cargo de Depresbiteris, socio de Edenor y dueño de la empresa de recolección de residuos Covelia.
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