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» Elterritorio
Fecha: 22/12/2024 11:23
El incumplimiento de la Ley de Seguridad Acuática incide en menor protección para la ciudadanía y menos oferta laboral para guardavidas formados, aseguró el sindicalista domingo 22 de diciembre de 2024 | 6:05hs. En Posadas funcionan dos escuelas de guardavidas. Foto: Víctor Hugo Paniagua Guardianes en el agua y también en tierra, listos para rescatar y asistir a quienes lo necesiten, los guardavidas son actores fundamentales para pensar en el acondicionamiento de los entornos acuáticos, y así disfrutarlos de manera segura en la temporada de verano. Aunque es sabido de lo indispensable de estos profesionales, actualmente hay resistencias a la Ley de Seguridad Acuática por parte de los municipios. Solamente Posadas, Candelaria y Eldorado están adheridas a la normativa -en Oberá la suspendieron-. Esto, a consideración de Cristian González, delegado provincial del Sindicato Único de Guardavidas de Argentina (Sugara), “deja muchos baches y grises” en cuanto a los requisitos necesarios para habilitar balnearios y campings, pero también para regular la actividad de los guardavidas. A día de hoy, Misiones cuenta con 113 guardavidas habilitados para desempeñarse en espacios acuáticos. A ello se suman los 38 nuevos egresados de las Escuelas que funcionan en la capital. De esta promoción, 25 aprobaron el examen de reválida, una prueba que se realiza una vez al año para determinar que los profesionales están capacitados para trabajar. “A nivel mundial estamos mejor organizados en Argentina que en cualquier otro lado. Y Misiones está en el top 3 de las provincias con mejor formación, tanto física como teórica, tenemos un buen potencial”, resaltó González en comunicación con El Territorio. Pero esta fortaleza, reconoció, choca con la falta de adhesión a la ley y el incremento de actividades irregulares, principalmente en espacios de gestión privada. En ese sentido, reiteró que “todo lugar público o privado con acceso al público exige guardavidas”. Sin embargo, y al ser pocos los municipios que aplican la ley, los propietarios de piletas, campings y otros espacios optan por contratar -más barato- a personal no formado. Y no pueden ser sancionados por ello por la falta de un marco normativo local. A esto se reduce la importancia de trabajar dentro de la ley vigente: garantizar que quienes deben velar por la seguridad de las familias y visitantes en entornos acuáticos estén en condiciones de asistir y rescatar en situaciones de emergencia. Y en esa línea González fue claro al explicar que “el guardavidas que tiene la reválida te asegura que está en condiciones, físicas y teóricas, de salvar a una persona”. Sin embargo, reprocha “seguimos tan atrasados en Misiones que con que alguien tenga formación en guardavidas es suficiente”. También cuestionó que, si bien la normativa vigente reconoce que debe haber dos guardavidas cada 50 personas, esto no aplica para aquellas piletas de tamaño menor a los 25 metros, desconociendo los riesgos que también pueden deslizarse en espacios como estos. A este escenario se suma la competencia desleal, factor que, consideró el delegado de Sugara, “es nuestro principal problema, porque hay muchos profesores de educación física o con otra formación similar que trabajan como guardavidas. Se entiende que es un ingreso extra, pero la formación en rescate y maniobras de RCP son específicas de los guardavidas”, defendió. Fuentes de trabajo Ante el argumento de privados y municipios que alegan que faltan guardavidas, el delegado respondió sin titubear: “Si sos guardavidas y el municipio no está adherido a la ley, sabés que vas a ir a trabajar a ese lugar en desventaja. Alguien que trabajó, entrenó todo el año y aprobó la reválida quiere ir a un lugar en el que esté todo en regla. Guardavidas hay”, sentenció. Otra situación común, describió, ocurre en los municipios que ponen a punto sus playas o balnearios pero sin habilitarlos. “En muchos lugares lo que hacen es poner un cartel que dice ‘Prohibido ingresar’, y con eso creen que alcanza. Pasa incluso en Candelaria, que está adherida a la ley, pero en sus playas no hay guardavidas”, denunció. “Entonces, ¿qué hacen? Prohibir el ingreso, pero claramente la gente va igual. Y si pasa algo, los municipios se excusan diciendo que eran espacios inhabilitados. Es un error que dentro de la reglamentación uno pueda poner un cartel y con eso alcance. Debería haber otras cosas: vallados, personas controlando que no ocurra el ingreso”, argumentó el guardavidas. En esa línea, reconoció que queda un largo trabajo para dialogar con referentes municipales y “buscar que apliquen al menos principios básicos de la ley”. Aunque muchos de los guardavidas trabajan sólo en temporada, es necesario “hacerles entender que cada espacio de agua es una fuente de trabajo”, valoró. Los guardavidas en Misiones cobran cerca de $7.000 por hora, piso mínimo en comparación a la paritaria nacional, que define el pago de $9.000 la hora. Siguiendo esa línea, Gonzalez confesó que muchos guardavidas que actualmente prestan servicio en las playas municipales de Posadas están bajo condiciones laborales informales. El 25% de ellos trabaja “en blanco”. Pero reconoció que “antes había mucha persecución laboral y eso hoy se ordenó. También uno de nuestros objetivos es que estén reconocidos y puedan aportar para jubilarse de guardavidas”, agregó. Respecto a la salida laboral que posibilita esta formación, y en un escenario que describió desleal y desventajoso, muchos guardavidas deciden trabajar en temporada en el exterior, principalmente en las playas brasileñas. Pero, alertó González, en el extranjero las exigencias en capacitación son menores. Espacios de formación Actualmente hay dos escuelas de guardavidas en Posadas -las únicos a nivel provincial-. Algo en lo que desde el sindicato trabajan para extender las redes de formación a otros puntos de Misiones. “Es cierto que no hay muchas escuelas de guardavidas en la provincia”, reconoció González, que a su vez apuntó a la necesidad de que desde el Estado exista un compromiso de facilitar estos espacios. Esto lo relacionó con la situación en Oberá -que decidió prorrogar por segundo año la suspensión de la ley-, y consideró que “antes de prorrogar leyes hay que ver proyectos. La idea sería que si ya se prorrogó el año pasado, pensar ¿por qué no abrir una escuela este año? Hay que buscar eso también. Pero falta ese compromiso”. En esa línea, el delegado anticipó a El Territorio que desde el Sugara trabajan en un proyecto para inaugurar un centro de formación profesional para guardavidas, con sede en la localidad de Apóstoles. “Es lo que queremos, y que el salario de los profesores sea del Ministerio de Educación. Entonces los asistentes lo único que pagarían sería la pileta. La idea es que sea del Sugara”, agregó el delegado, alegando que esto permitiría que el sindicato tenga autonomía para armar equipos de trabajo sin depender de instituciones de gestión privada. González también reconoció que es necesario que los guardavidas se formen en materia de sindicalización y derecho laboral para reconocer no sólo sus obligaciones, sino sus garantías como trabajadores. Compartí esta nota:
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