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» Diario Cordoba
Fecha: 21/12/2024 08:59
El volcado de los dispositivos electrónicos incautados al fiscal general durante el registro realizado el pasado 30 de octubre en su despacho del Palacio de Fontalba no ha arrojado resultados que permitan aclarar si, como trata de conocer la investigación abierta contra él en el tribunal Supremo, se puede imputar a Álvaro García Ortiz un delito de revelación de secretos del que habría sido víctima la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ello ha llevado al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a calificar la causa "cortina de humo que ahora se ve que se está esfumando", y a preguntarse quién va a pedir "disculpas y perdón" a García Ortiz por pedir su dimisión. Sin embargo, una de las conclusiones alcanzadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la constatación de que en su teléfono se encontraron "0 (cero) mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea" durante los días en los que el delito pudo cometerse, puede acelerar la decisión de citarle en calidad de investigado ante el alto tribunal. Así lo consideran algunas de las acusaciones populares personadas en el procedimiento, que no descartan realizar esta petición al magistrado Ángel Hurtado a la vuelta de las fiestas madrileñas, según ha manifestado su representación letrada a este diario. "Tiene que declarar ya", señalan estas fuentes. Desde la propia Fiscalía General se ha reconocido que García Ortiz borró los mensajes contenidos en su teléfono móvil entre el 8 y el 14 de marzo de este 2024, que fue el periodo delimitado por el magistrado para la realización del informe. Según estas explicaciones, no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes concretos relativos a la causa por fraude a Hacienda abierta contra el empresario Alberto González Amador, sino como parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su teléfono móvil. No obstante, esta explicación pública no consta en el procedimiento ni es conocida formalmente por el instructor de la causa, que podría citar ya al fiscal general como imputado --lo que constituiría un hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia-- para que le explique el resultado de la diligencia policial. La realidad es que el informe solo deja constancia de la ausencia de mensajes en las fechas señaladas, pero no da cuenta de las razones, y tampoco permite cotejar si el borrado afecta a todo tipo de mensajes y si también se realizó en días anteriores o posteriores siguiendo el mismo protocolo de seguridad. Por el momento una de las acusaciones populares personadas, la ejercida en nombre del pseudo sindicato Manos Limpias, ya ha solicitado al instructor que requiera información a las plataformas que albergan la nube de las aplicaciones de mensajería para ver si conservan una copia de los mensajes de García Ortiz. Desde el Ministerio Público se alude a una Instrucción del año 2019 que recomienda a los fiscales "limitación del plazo de conservación, lo que supone que, exclusivamente en el marco de las competencias propias del Ministerio Fiscal y en la medida de lo posible, se adopten medidas razonables para que los datos personales sean mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante el tiempo estrictamente necesario para los fines del tratamiento". Sí los conservó la fiscal provincial Esa recomendación no pareció afectar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, cuyos mensajes con el fiscal general la noche en la que se solicitó el correo remitido por la defensa de la pareja de Díaz Ayuso solicitando un pacto a la Fiscalía --para evitar llegar a juicio-- sí pudieron ser analizados tras el volcado de su dispositivo, realizado el mismo día que el de García Ortiz. La Fiscalía alude en todo caso a una "guía básica de actuaciones a desarrollar" por el Ministerio Fiscal en materia de protección de datos, que se difundió entre la carrera fiscal en junio de 2022, y que recoge como medidas de seguridad a observar "no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico" y "eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera". En el caso de ser llamado a declarar, es previsible que el fiscal general aluda a todos estos protocolos para explicar el borrado de sus mensajes. Otras fuentes, sin embargo, consideran que quizá no haya que precipitarse en citar como investigado al fiscal general a la espera de otros testimonios como los que puedan aportar los cuatro cargos de Moncloa señalados en el otro informe de la Guardia Civil relativo al volcado del teléfono del exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato, que ya declaró como testigo tras llevar a un notario su conversación con la que fuera asesora en Moncloa Pilar Sánchez Acera, quien le habría remitido una captura del correo de la defensa de González Amador antes de que el documento fuera publicado de forma íntegra por los medios de comunicación. Además de los dos dispositivos telefónicos del fiscal general, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó el contenido de un ordenador y una tableta. Allí se encontró una copia de los dos correos electrónicos (mismo correo duplicado) recibidos en la cuenta de correo" de gmail del fiscal general procedentes de la cuenta corporativa de la jefatura de la Fiscalía madrileña, fechados el 13 de marzo a las 23.45.50, con el asunto "Denuncia Maxwell Cremona", empresa de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso. A esa hora, la cadena SER había informado ya en antena del intento de pacto. En concreto, lo hizo a las 23.25, aunque no publicó esta noticia en su web hasta las 23.51 horas.
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