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  • Las defensas de tres acusados en la causa Coimas reiteraron pedidos de sobreseimiento

    Parana » APF

    Fecha: 27/11/2024 13:30

    Este miércoles se realizó la audiencia en la que las defensas respondieron las réplicas de Fiscalía en el contexto de la remisión de la causa Cardona Herreros o Coimas o Dádivas, a juicio oral. La investigación comprende al ex gobernador, Sergio Urribarri; al empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros; y a ex funcionarios de las dos gestiones de Urribarri. Hubo fuertes cuestionamientos al relato de los hechos y a la falta de evidencias que imposibilitarían elevar la causa a juicio. miércoles 27 de noviembre de 2024 | 12:56hs. Las defensas de Diego Armando Cardona Herreros, a cargo de Ignacio Díaz; la de Humberto Flores, en manos de Leopoldo Lambruschini; la de Guillermo Smaldone, que se representa a sí mismo; y la de Luis Erbes, que es asistido por Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa, realizaron este miércoles las dúplicas a las réplicas que efectuó Fiscalía a los alegatos de aquellas en el contexto de la remisión de la causa Cardona Herreros o causa Coimas o Dádivas. El jueves lo harás las defensas del ex gobernador, Sergio Urribarri, la de Carlos Marcelo Haidar y la de Miguel Ulrich. La causa investiga el presunto pago de coimas a funcionarios que se desempeñaron durante las dos gestiones del ex gobernador, Sergio Urribarri, y que con sus conductas habrían favorecido a la empresa Relevamientos Catastrales SA, de la que Cardona Herreros era presidente y socio accionista, en el proceso licitatorio, de adjudicación y posteriormente facilitando los trámites burocráticos derivados de haber ganado la licitación para la adquisición por parte de la provincia de un sistema de software para la Administración Pública. Smaldone abrió la audiencia y reiteró los planteos de nulidad de la evidencia que se utiliza en su contra y el pedido de sobreseimiento. El ex ministro de Trabajo sostuvo que Fiscalía le oculta al juez y a él evidencia de descargo que consta en el legajo. Destacó el deber de objetividad que por ley deben observar los fiscales e insistió en que “la prueba está en Fiscalía y (en la réplica) no hay una sola mención a su existencia”. Respecto a un viaje a Sudáfrica al Mundial 2010, respondió que pagó el pasaje con su propio dinero “mucho antes de ser funcionario” y resaltó que en ese momento no era ministro, tal como se le imputó. Cuestionó que hace 10 años está sometido a proceso con una evidencia que entendió es ilegal. En este sentido señaló que Fiscalía fue a buscar evidencia en su contra en otra causa que se sustancia contra Urribarri y Cardona Herreros por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito. Añadió que en la “marea” de información que se obtuvo en los allanamientos por aquella investigación, hay evidencia de descargo que los acusadores no le exhiben ni al juez ni a las defensas. Smaldone le pidió al juez que tome nota, porque Fiscalía no lo hace, de que él renunció al Ministerio “antes de que supuestamente se pagaron los sobornos”. En este sentido, criticó que se le atribuye una calificación legal que no corresponde, impidiéndole saber de qué se tiene que defender. También destacó que no participó de ninguna etapa del proceso de licitación porque no estaba dentro de sus competencias ni la del Miisterio. A su turno, Lambruschini cuestionó que Fiscalía, en la réplica, se excedió en sus facultades y realizó una ampliación de sus argumentos, lo que no estaba habilitado en la etapa. El punto más sólido que desarrolló la defensa de Flores consistió en destacar que del informe pericial contable que realizó una perito de Fiscalía, que versó en determinar quiénes cobraron coimas, entre los siete presuntos coimeros no se menciona a Flores. El defensor también sostuvo que “la prueba que tiene Fiscalía no alcanza a reunir el estándar probatorio” que la etapa requiere para sostener la remisión a juicio. Por su parte, la defensa de Cardona Herreros sostuvo que Fiscalía “acusó y amplió la acusación, lo que es improcedente” y añadió “no quiero dejar pasar como admitidas algunas cuestiones”. Díaz se explayó sobre la prescripción del proceso por caducidad de la garantía del plazo razonable por aplicación del fallo Cozzi, y reiteró el pedido de sobreseimiento. En relación al plazo razonable para mantener viva una investigación, trajo en su apoyo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que concedió el Recurso Extraordinario al ex presidente, Carlos Menem, y dictó el sobreseimiento del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo por prescripción del plazo razonable. Díaz precisó que la remisión que solicitó Fiscalía tiene 564 páginas, de las que especuló con que “el 70 u 80 por ciento es ofrecimiento de prueba impertinente e inútil. Solamente acumularon, no sé con qué propósito, pero vienen haciéndolo en estas causas”. El defensor tuvo un párrafo especial para los organismos de control del Estado, de los que dijo que fueron “vapuleados, defenestrados, rebajados en la importancia de sus pronunciamientos, se los descalificó por su función”. Díaz respondió a las observaciones del fiscal Gonzalo Badano, que la réplica sostuvo que los organismos de contralor que no observaron anomalías en los pliegos licitatorios no tienen facultades investigativas, señalando que “no tienen facultades investigativas pero son serios, tanto que constitucionalmente la Contaduría General de la provincia se rige por la Ley de Contrataciones del Estado. Díaz señaló que la mayoría de los imputados pertenecía al Ministerio de Economía, que al momento de los hechos era responsabilidad de Diego Valiero, quien estuvo mencionado en el primer relato del hecho pero luego fue retirado. Díaz destacó que a pesar de que “el trámite se inició por orden de Valiero”, este no está imputado. Finalmente, Bacigalupo y Azziani, por Erbes, cuestionaron la falta de precisión de la acusación y la falta de coherencia en la selección de las figuras legales a imputar. También señalaron que no es verdad lo que sostuvo Badano respecto a que la defensa estuvo en la audiencia que se realizó ante el juez, Elvio Garzón, interrumpiendo los plazos de prescripción. Se trató de la audiencia que cobró relevancia por el ataque que sufrieron los defensores dentro de la sala de audiencia y luego en la calle, por parte de un grupo de libertarias fanatizadas que se hacían llamar Las Mabeles y estaban en Entre Ríos apoyando a la ex procuradora general adjunta, destituida por mal desempeño de sus funciones, Cecilia Goyeneche. (APFDigital)

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