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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 27/11/2024 09:40
Sobre $99.568.857.238, el rubro salarial – compuesto por elevadísimas dietas y haberes – implica alrededor de un 86% sobre el total, con 86 mil millones de pesos. El Poder Judicial de Tierra del Fuego omitió aportar el monto concreto en la gacetilla oficial que suministró a los medios, aunque su presidente se esforzó en intentar proyectar un tono de dudosa austeridad, aludiendo a que se concretarán ciertas acciones con “material reciclado” y “mano de obra del propio Poder Judicial”. El juez Sagastume se refirió además al edificio “blanco” de Gobernador Paz y Fadul, con singular falta de claridad. El Poder Judicial de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura su Presupuesto para el ejercicio 2025, cuyo monto exacto es de $99.568.857.238, aunque la cifra no se suministró en la extensa gacetilla de prensa emitida por esa institución. Durante la presentación, a cargo del juez Gonzalo Sagastume, se detallaron algunos de los gastos más relevantes, como los destinados a personal, que totalizan más de 86 mil millones de pesos – un 86 por ciento del total – y a mínimos proyectos de infraestructura, con apenas 3.900 millones asignados a nuevas obras. Sagastume mencionó que parte de las obras proyectadas, como la morgue judicial en Ushuaia y un laboratorio en Río Grande, se realizarán con “material reciclado propio” y “mano de obra del Poder Judicial”. Sin embargo, esta afirmación generó dudas sobre la existencia de recursos internos especializados para llevar a cabo estos trabajos, dado que – hasta donde se sabe – el Poder Judicial no cuenta con cuadrillas de construcción en su planta. Es evidente que, al presentar el Presupuesto de casi 100 mil millones de pesos, el magistrado intentó suavizar el impacto de la cifra, especialmente en un contexto de percepción pública negativa sobre la eficiencia y el histórico uso de los recursos en ese Poder. La mención del uso de «material reciclado» y de «mano de obra del propio Poder Judicial» fueron sin duda un ineficaz gesto de austeridad, sobre todo si se tienen en cuenta los siderales emolumentos que caracterizan a la clase judicial. Sagastume también se refirió en otro tramo de su exposición, reflejado en la mencionada gacetilla de prensa, a la «reformulación de obra» de un edificio que ubicó en la esquina de las calles Gobernador Paz y Fadul, en Ushuaia, al que identificó como «blanco», sin aportar mayores datos al respecto. Sin aclarar a qué inmueble se refería de manera precisa, lo que genera confusión, tampoco se mencionó si acaso existe un registro público claro sobre esa propiedad o si “blanco” es simplemente un término interno de la administración judicial que no se ha explicado. La falta de transparencia sobre este aspecto podría generar dudas acerca de la verdadera naturaleza de los proyectos propuestos y el manejo de los fondos. Sobre otras nuevas obras, el juez mencionó a la morgue judicial en Ushuaia (desde siempre y hasta la actualidad las autopsias y otros estudios forenses se efectúan en la morgue del Hospital Regional capitalino y lo mismo sucede en ese sector del Hospital Regional Río Grande) y a un laboratorio de análisis de muestras histológicas en la ciudad del norte provincial. “Nuestro objetivo es pasar de edificios alquilados a propios” – afirmó Sagastume, sin explicar cómo encaja dicha aspiración con el hecho de que la construcción apenas significa menos de un 4% del Presupuesto proyectado. Si bien se destacó la implementación de un sistema de expedientes digitales y la creación de nuevas salas de oralidad, la gestión de este significativo Presupuesto no ha logrado disipar las preocupaciones sobre cómo se están distribuyendo los fondos del erario público en el terreno judicial y si estos realmente reflejan una mejora sustancial en el servicio de justicia para una ciudadanía que se queja de la lentitud de las tramitaciones. El anuncio del astronómico Presupuesto Judicial en una provincia de apenas unos 300 mil habitantes, significan unos 3 millones de pesos por ciudadano, cuyo grado de satisfacción en todas las áreas, aunque particularmente en la parte penal y de Familia y Minoridad, es muy bajo. Y tampoco es menor el hecho de que dicho anuncio se produce en el marco de una gravisima situación de hacinamiento carcelario, tanto en las unidades de Ushuaia como de Río Grande, situación que para ser resuelta de raíz requiere de la construcción de un penal, para el que – como le gusta decir al presidente Javier Milei a modo de latiguillo popularizado – “no hay plata”. Si bien se trata de otro Poder el responsable de encarar esta acción, es ineludible que el ciudadano se pregunte cómo sí hay recursos para sostener un elefantiásico aparato judicial y no para preservar la seguridad de la ciudadanía. El Estado es uno solo.¿No? De la presentación también participaron el secretario de Superintendencia y Administración, Alejandro Sherriff; el prosecretario de Administración, CP. Guillermo Pedemonte y el administrador CP. Gustavo Zamora.
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