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Federal » El Federaense
Fecha: 22/11/2024 13:06
La reciente controversia en el ámbito educativo de Mendoza ha generado un fuerte debate sobre la seguridad y la integridad dentro de las instituciones. Denuncias por abuso sexual contra un docente condenado previamente han llevado a la Dirección General de Escuelas (DGE) a presentar un proyecto de ley que busca instaurar la ficha limpia para los docentes y celadores de la provincia. Un Caso Preocupante El caso del profesor Hugo Efrain Oyola Amaya, de 59 años, es el eje central de esta problemática. A pesar de que en 2017 fue condenado por delitos sexuales y de que las autoridades de su institución estaban al tanto de su pasado, se le permitió tomar un cargo en la escuela Tomás Alva Edison en Guaymallén. Según declaraciones de la jefa de Gabinete, Daniela García, el certificado de antecedentes penales, que mostraba la condena, no especificaba la naturaleza del delito debido a un vacío legal que permitió su reincorporación al sistema. Acciones de la DGE Ante esta alarmante situación, el Ministerio de Educación, liderado por Tadeo García Zalazar, ha comenzado a trabajar en la implementación de la ficha limpia como un mecanismo para asegurar que aquellos individuos que hayan sido condenados por delitos en contra de la integridad sexual no puedan acceder a cargos educativos. El objetivo es proteger a niños y adolescentes dentro de las escuelas. El proyecto fue presentado ante el Poder Ejecutivo y está destinado a modificar varios artículos del Estatuto Docente (Ley N° 4934). Cláusulas del Proyecto de Ley No se permitirá el ingreso de aspirantes al sistema educativo con condenas por delitos relacionados con la integridad sexual. Este proyecto establece que cualquier condena por dichos delitos será motivo de despido e inhabilitación permanente. Se creará el Registro Único de Sumarios, Sanciones e Inhabilitaciones (RUSSI) que registrará las sanciones aplicadas a personal docente y administrativo. La implementación de esta legislación será clave para garantizar un entorno seguro en las instituciones educativas y dar mayor tranquilidad a las familias respecto a la integración de sus hijos en el sistema escolar. Al poner en marcha estos cambios, Mendoza podría servir como un modelo a seguir para otras provincias que también enfrentan desafíos similares en la protección de sus estudiantes.
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