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» Sin Mordaza
Fecha: 22/11/2024 07:30
El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, fue imputado este jueves durante una extensa audiencia en los tribunales de boulevard Oroño al 900. La imputación se dio en el marco de una investigación que abarca desde presuntas maniobras dilatorias a favor del narcotraficante Esteban Alvarado hasta irregularidades en el manejo de fondos de una cooperativa portuaria y actuaciones cuestionadas en un caso de lavado y evasión fiscal. Los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari detallaron tres casos que comprometen al magistrado. El primero involucra una supuesta demora deliberada en investigaciones contra Alvarado y su entorno, incluyendo a su ex esposa, Rosa Natalí Capuano. En este caso, el contador personal de Bailaque, Gabriel Mizzau, también era responsable de la contabilidad del narcotraficante. El segundo eje de la acusación gira en torno a una cooperativa de trabajadores portuarios intervenida por orden judicial. Bailaque autorizó la transferencia de fondos a una mutual vinculada a un amigo personal, el financista Fernando Whpei. La medida generó cuestionamientos sobre su imparcialidad, especialmente tras confirmarse la relación personal entre el juez y Whpei, evidenciada incluso en viajes compartidos. El tercer caso se relaciona con una denuncia anónima contra empresarios por lavado y evasión. Según los fiscales, Bailaque actuó con una celeridad inusual en esta causa, ordenando allanamientos sin la intervención del Ministerio Público Fiscal y dictando faltas de mérito poco tiempo después. La investigación apunta a posibles nexos entre el juez y otros funcionarios involucrados en la causa. La jornada también estuvo marcada por estrictas medidas de seguridad, con restricciones a la prensa y un fuerte operativo policial. Los fiscales solicitaron la apertura de dispositivos electrónicos incautados, el levantamiento de secretos fiscal y bancario, y una investigación patrimonial del juez y otros implicados. El juez de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, deberá decidir sobre estos pedidos y también responder a una recusación planteada en su contra por su vínculo con una causa previa relacionada con Alvarado. Este caso representa un hecho inédito en la justicia federal de Rosario, al colocar a un juez bajo investigación por posibles vínculos con redes criminales.
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