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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 22/11/2024 05:13
Solo 10 provincias tienen digitalizada la información nominal –es decir, por individuo– de cada uno de sus alumnos en los tres niveles de educación obligatoria (inicial, primario y secundario). Entre esa decena de provincias está Entre Ríos, que desde el 31 de julio de 2018, y a través de la resolución Nº 2.772 del Consejo General de Educación (CGE) incorporó al Sistema Administrativo de Gestión Educativa (SAGE) el módulo Legajo Único de Alumno, en el que las escuelas cargan datos personales y las trayectorias escolares de los estudiantes. Esa tarea, fijó la norma, “será responsabilidad exclusiva del equipo directivo” de cada escuela. Además de Entre Ríos, el registro de alumnos lo tienen CABA, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Luis y Santa Fe, según un relevamiento realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. Los sistemas de información y gestión educativa, ya consolidados en otros países de la región, son un instrumento clave para contar con datos actualizados del ausentismo y las calificaciones de los estudiantes (entre otros). De esa manera, permiten hacer un seguimiento más preciso de las trayectorias escolares. Al brindar datos actualizados sobre inasistencias y desempeño de cada alumno, estos sistemas permiten por ejemplo desarrollar sistemas de alerta temprana (SAT): herramientas informáticas que, a partir de la información que las escuelas cargan todos los días, pueden predecir qué estudiantes están en riesgo de abandonar sus estudios, y en consecuencia poner en marcha acciones que permitan evitar la deserción Entre Ríos, Mendoza, Corrientes y Córdoba ya cuentan con sus propios sistemas de alerta temprana, según otro relevamiento realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Otras jurisdicciones como Buenos Aires, CABA, La Pampa, Río Negro y Santa Fe están desarrollando estas herramientas. Si bien pasaron 12 años desde la creación del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), su expansión recién cobró fuerza a partir de 2021, tras la pandemia. En paralelo a este sistema nacional, varias provincias desarrollaron herramientas propias, como el sistema GEM en Mendoza. Para poder unificar los datos de todas las jurisdicciones y contar con información comparable, el Ministerio (hoy Secretaría) de Educación creó en 2021 una base de datos nacional (la “Base Nacional Homologada”). Impulsada fuertemente durante la gestión anterior, para 2023 esa base alcanzó una cobertura del 84% de la matrícula de todo el país. “La información recabada por los sistemas de información puede constituir una fotografía dinámica y completa del sistema, abarcando desde el desempeño individual del alumno hasta el funcionamiento del aula. Al analizar estos datos y retroalimentar el sistema, dotamos a docentes y directivos de información relevante para mejorar las estrategias de aprendizaje”, afirmó Flavia Ferrari Inchauspe, autora del informe junto con Leyre Saénz Guillén y Víctor Volman, del Observatorio de Argentinos por la Educación. Desde hace cuatro años la organización viene haciendo un seguimiento de los avances en la implementación de los sistemas de información educativa en el país. “En el mundo y en la región se viene impulsando la nominalización de datos de los estudiantes en los registros de estadística educativa. Este tipo de registro permite identificar la historia y la trayectoria educativa de cada uno y cada una de los estudiantes, lo que incrementa las oportunidades de formular políticas y definir acciones más precisas en los niveles centrales y también en el nivel escolar”, planteó Daniel Pinkasz, investigador de FLACSO y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Los principales desafíos pendientes El documento identifica varios desafíos para la consolidación de un sistema de información educativa nominal a nivel nacional. En primer lugar, las asimetrías en la cobertura: mientras 10 provincias ya tienen “nominalizada” toda su matrícula, hay dos –Misiones y San Juan– que no cuentan con datos de los alumnos de escuelas privadas en sus sistemas. También Chaco registra niveles muy bajos de cobertura (13% en primaria y 17% en secundaria) en el sector de gestión privada. Otro desafío es uso de la información. El estudio muestra que el acceso y la utilización de los datos se concentra en los ministerios y los equipos directivos, pero no llega a los docentes. En ese sentido, los autores citan investigaciones que muestran que, cuando las escuelas y docentes reciben información útil, mejora tanto su compromiso con la carga de datos como el uso efectivo de estos para tomar decisiones pedagógicas. “La evidencia muestra que la retroalimentación efectiva hacia el sistema escolar fortalece los procesos de mejora educativa y favorece el compromiso de los actores con la calidad de la información”, señala el documento. Y subraya la necesidad de “fortalecer las estrategias de devolución y uso de la información en el nivel institucional, garantizando que los datos recolectados no solo sirvan para la gestión administrativa sino que también contribuyan a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Entre las limitaciones para avanzar con la implementación de los sistemas de información y gestión educativa, los autores también mencionan la falta de personal calificado y su alta rotación, los problemas de conectividad y equipamiento en las provincias, y las dificultades para integrar los sistemas provinciales con el sistema nacional (la “interoperabilidad”). El informe de Argentinos por la Educación se basó en un relevamiento online del que participaron 21 de las 24 jurisdicciones: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Las provincias de Formosa, Neuquén y Tierra del Fuego no respondieron la encuesta. Fuente: Infobae
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