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» Comercio y Justicia
Fecha: 21/11/2024 18:30
La Sala I de la Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos de un grupo de dirigentes del Polo Obrero (PO), encabezados por Eduardo Belliboni, y agravó los delitos por los cuales están bajo pesquisa. El tribunal consideró que la investigación debe enfocarse en la presunta comisión de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. También ordenó profundizar en la responsabilidad de los funcionarios públicos. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens entendieron que los líderes de la agrupación política sacaron “provecho de su posición dominante” cuando “exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables”, quedaban afuera de un programa ideado para promover su inclusión social. “No se puede sostener que solo haya existido una víctima de estas exigencias injustas, ni que el aprovechamiento de los recursos humanos para actividades político-partidarias se limitara únicamente a quienes estaban a cargo de los comedores, delegados o referentes. En realidad, este esquema involucraba también a quienes lideraban el movimiento social, quienes fueron los verdaderos beneficiarios de dichas exigencias. Ellos eran los encargados de disponer del dinero recaudado en efectivo, el cual posteriormente se depositaba en las cuentas bancarias de las organizaciones”, indicaron. “Queremos dejar completamente fuera de discusión que ni la pesquisa ni este resolutorio tienen como objeto una criminalización de las organizaciones sociales y las protestas a las que éstos convocan y lideran”, sumaron los magistrados. En ese marco, enfatizaron que en la causa se advirtió que “al amparo del noble sentimiento que puede tener un grupo de ciudadanos de reclamar” a las autoridades “ejerciendo su derecho a la protesta organizada” aparecieron “disimuladas en ellas” personas que “se aprovechan de una situación que el Estado debe atender para tratar de obtener un beneficio propio”. “Estamos hablando de personas que tomando provecho de su posición dominante exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables, que en caso de incumplir ponían en riesgo cobrar el sueldo otorgado por el Estado como parte del programa ideado con la finalidad de promover su inclusión social plena y el mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica”, añadieron los jueces. La causa se originó el 20 de diciembre de 2023, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimas. Hubo reportes de todo el país y una exposición cayó en Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 denuncias que se hicieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Localizó a siete individuos y cinco declararon. Tras concretarse allanamientos, el juez Sebastián Casanello dispuso indagatoria, al entender que personas nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda. habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del programa Potenciar Trabajo. Destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados “al menos a través de las firmas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL’ y ‘Coxtex SA” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Los encausados negaron las acusaciones. En julio, Pollicita pidió ampliar la acusación y reclamó que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y ex responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declarar. Le enrostró haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias. Terminada la feria invernal, Casanello rechazó la ampliación y procesó a Belliboni y a otros por el manejo del dinero del Potenciar Trabajo. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró. La Fiscalía apeló el encuadre y sostuvo que los aprietes y extorsiones debían alcanzar a los líderes de la organización y no solo a algunos dirigentes y la Alzada hizo lugar. “Las comprobadas exigencias de asistir a las movilizaciones se las calificará como amenazas coactivas, mientras que a la obligación de aportar un porcentaje de su sueldo será subsumida bajo la figura de extorsión”, afirmó, y avaló la profundización en la investigación sobre la responsabilidad de funcionarios públicos. “No se puede sostener que solo haya existido una víctima de estas exigencias injustas, ni que el aprovechamiento de los recursos humanos para actividades político-partidarias se limitara únicamente a quienes estaban a cargo de los comedores, delegados o referentes. En realidad, este esquema involucraba también a quienes lideraban el movimiento social, quienes fueron los verdaderos beneficiarios de dichas exigencias. Ellos eran los encargados de disponer del dinero recaudado en efectivo, el cual posteriormente se depositaba en las cuentas bancarias de las organizaciones”, sostuvo. “Aunque no se ha advertido, al menos de momento, que los imputados se hubieran enriquecido ilícitamente desviando fondos en provecho propio o su núcleo familiar, no hay ninguna duda que, disfrazado en un franco discurso que llama a defender intereses colectivos, se esconde la defensa de intereses individuales, cual es financiar su propia actividad política”, valoró.
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