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Chajari » Noticias Chajari
Fecha: 21/11/2024 13:41
La sesión, impulsada por el PRO, la Libertad Avanza y la UCR, estuvo cerca de alcanzar el quórum al conseguir 128 de los 129 necesarios para habilitar el debate. La misma impide a los dirigentes condenados poder ser candidatos a cargos electivos. La sesión había sido impulsada por el PRO, la Libertad Avanza, y la UCR reunió 128 legisladores, con lo cual estuvo a un diputado de alcanzar el piso para poder habilitar el debate. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, levantó la sesión al verificar que no se habían reunido los 129 diputados para habilitar el debate. Ahora, la intención del oficialismo y de los bloques dialoguistas es volver a convocar a la sesión para la próxima semana, según adelantaron los diputados del PRO Silvia Lospennato, y Nicolás Mayoraz. Asistieron a la sesión legisladores de la LLA., del Pro, la UCR, Encuentro Federal, Democracia Siempre y uno de Santa Cruz. De todos modos de estas fuerzas políticas estuvieron ausentes del PRO Aníbal Tortoriello, José Nuñez, y Alejandro Finocchiario; de Alejandro Torres, Florencio Randazzo, y Jorge Avila, Natalia de la Sota y Esteban Paulón-ingresó cuando la sesión ya se había levantado- y Manuel Aguirre de Democracia para Siempre, Marcela Pagano de la Libertad Avanza. En cambio no asistieron los diputados de Unión por la Patria, la izquierda, Innovación Federal, y el bloque Independencia. El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara Baja y 37 en el Senado, y las especulaciones apuntan a que, si hubiera ley, la ex presidenta Cristina Kirchner no podría ser candidata en 2025. Actualmente solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa de ambos bloques, que reúne 17 proyectos, establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
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