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» Comercio y Justicia
Fecha: 19/11/2024 10:51
El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) presentó dos proyectos de ley sobre alquiler de vientres, que él encuadró en la nomenclatura “gestación solidaria”. Los elaboró junto a la Federación Argentina LGBT+, con el fin de darle un marco legal a la práctica. El legislador –cuya propuesta tiene apoyo de diputados de diferentes bloques- planteo que “la gestación solidaria se viene realizando en nuestro país desde hace varias décadas” y que hay entre 300 y 400 familias que accedieron a lo que definió como un “derecho”, dentro de las cuales se encuentran “personalidades reconocidas de los ámbitos cultural, deportivo y político”. Sostuvo además que sus iniciativas “vienen a dar respuesta” y a “brindar seguridad jurídica” a la subrogación. También planteó que “garantizan los derechos de todas las personas involucradas -gestantes, progenitores, bebés- y las responsabilidades de todos los efectores que intervienen”; es decir, médicos, clínicas, agencias, obras sociales y Estado. Paulon afirmó que los textos toman “los mejores estándares internacionales y la experiencia de más de siete años de inscripciones administrativas incuestionables en la ciudad de Buenos Aires”, que le permitieron a más de 150 personas con dificultades para gestar formar una familia. Una de las iniciativas promueve una reforma del Código Civil para modificar aquellas redacciones que han obstaculizado la gestación solidaria, y a su vez, brinda respuesta a situaciones no resueltas, a saber: inseminaciones sin intervención médica; casos de múltiples filiaciones y a registración estatal del consentimiento informado. La otra establece un régimen para la “gestación solidaria”, para la cual se establece un procedimiento administrativo “simple, objetivo y seguro” y encaminado a “evitar situaciones de trata, abuso y extorsiones”. Por otra parte, establece un régimen transitorio para reparar las violaciones a los derechos humanos de gestantes, niños y sus familias que “por omisión o negligencia de las/os operadores judiciales del Estado” padecieron criminalización, tratos crueles y degradantes privaciones a sus derechos”.
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